La Comisión Nacional de Derechos Humanos se encuentra a la espera de que las autoridades federales involucradas en la detención de 16 personas en Holbox por presunto delito ambiental respondan la solicitud de información girada por la CNDH en relación con los hechos ocurridos el mes pasado.
El 24 de julio pasado, en una acción en la que se ha denunciado uso excesivo de fuerza pública, elementos de la Marina detuvieron a 16 personas en una operación organizada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), supuestamente en respuesta a una denuncia ciudadana que alertó sobre la destrucción de mangle.
La Marina utilizó helicópteros, lanchas rápidas y vehículos terrestres en la operación. Los detenidos fueron puestos a disposición de la PGR y luego un juez les decretó el auto de formal prisión.
Los detenidos y sus vecinos denunciaron que su aprehensión es una acción irregular, que responde a los intereses que hay sobre la isla, pues algunas de las personas encarceladas sólo limpiaban los terrenos en los que viven desde hace 20 años y otros sólo tuvieron la mala suerte de pasar por la zona cuando se llevaba a cabo la operación.
Vecinos de Holbox pidieron la intervención de la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo. Su presidente, Harley Sosa Guillén, estuvo este miércoles en la ciudad de México, donde se reunió con el director general adjunto de la Sexta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Gerardo Monfort Ramírez, y con la directora de Medio Ambiente de dicha área, Mariana Tejada Gallegos.
En este encuentro, el ombudsman del estado dijo que a pesar de no ser un asunto de la competencia de la institución que preside, ha estado al tanto de la situación y la idea es revisar el caso de estos 16 ejidatarios detenidos en Holbox por presuntamente destruir especies protegidas.
Prometió darle seguimiento al caso y puso a disposición de la CNDH al personal de la segunda visitaduría general y la adjunta del municipio de Lázaro Cárdenas, para realizar las diligencias que consideren necesarias.
“Por ley la competencia para la investigación y resolución del caso surte a favor de la CNDH, por involucrar a servidores públicos del ámbito federal, por lo que la Comisión local no puede intervenir de manera directa en las investigaciones, sin embargo, mantenemos comunicación constante con la Sexta Visitaduría para conocer el avance de las investigaciones en torno al caso”, explicó.
Agregó que la queja se encuentra en la etapa de espera, como lo marca la ley, para que las autoridades federales señaladas respondan la solicitud de informe girado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos respecto de los hechos suscitados, por lo que la investigación se sigue integrando.