Por Jorge Manríquez Centeno
El “abaratamiento de las elecciones”, significaría un ahorro de casi 50 mil millones de pesos.¹ Esta cifra viene siendo un presupuesto similar a lo que reciben anualmente la UNAM o los gobiernos de los Estados de Querétaro o San Luis Potosí. A continuación, se desglosa por rubro, y se precisan sus implicaciones.
Eliminación del financiamiento ordinario de los partidos políticos
La propuesta de reducir el financiamiento ordinario de los partidos políticos, que conllevaría un ahorro de alrededor de 11 mil millones de pesos a nivel federal y de las entidades federativas, implica el riesgo de que dichos institutos políticos puedan recurrir al “financiamiento paralelo”, es decir, apoyos en dinero en efectivo o en especie, vía poderes fácticos, inclusive del narcotráfico.
El financiamiento alterno, al que podrían recurrir los partidos políticos (de reformarse la ley como lo plantea AMLO), no pasarían por el control del sistema financiero, en tanto se abrirían las puertas al dinero de dudosa procedencia.
Al respecto, la Exposición de Motivos de la Iniciativa menciona que
“Uno de los temas que suscita mayor indignación en la opinión pública es la millonaria cantidad de recursos del erario que año con son entregados a los partidos políticos y locales… Sin embargo, el sostenimiento de su estructura burocrática durante tiempos no electorales nunca ha terminado de justificarse socialmente, dada la proliferación de élites partidistas ajenas al interés público y representatividad ciudadana. De acuerda con la Encuesta Cívica realizada cada cuatro años por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2020 los partidos políticos fueron la institución pública más desacreditada, entre otras razones por el costo económico que significan para la sociedad mexicana… Por esta razón, la presente iniciativa propone eliminar el financiamiento público respecto de sus actividades ordinarias y plantea que cubran dichos gastos mediante el financiamiento de sus simpatizantes y militantes. El objetivo es reducir el alto costo que los partidos políticos representan al erario y obligarlos a convertirse en instituciones autosostenibles mediante esas aportaciones, legalmente vigiladas”.
Lo anterior, tiene una dosis de veracidad y otra falaz. En cuanto a la primera, a nadie escapa el hecho de que las mediciones de Latinobarómetro colocan a los partidos como las instituciones que generan mayor desconfianza ciudadana.
Por otro lado, los partidos operan permanentemente, es decir son maquinarias electorales que requieren de recursos para sufragar la operación de sus oficinas, afrontar los gastos de los procesos internos, arrendamientos, pago de nóminas para su estructura operativa, etc. En términos de nuestra democracia procedimental, no pueden operar sólo en periodo de campaña. Además, pretender que cubran sus requerimientos ordinarios vía aportaciones de la militancia y simpatizantes, es impensable en el corto y mediano plazos.
El dinero en la política tiene múltiples facetas. Hablar de una de ellas, como lo son los recursos públicos ordinarios que reciben los partidos políticos, es abordar un solo tópico.
Ahora bien, dado que existe rechazo generalizado hacia los montos que reciben de financiamiento público ordinario, propongo readecuar la fórmula establecida en cuanto a reducir la variable de la UMA del 65%, al 35% o a un porcentaje menor de la formula nacional para la asignación del financiamiento público ordinario; o en su defecto: 2). Ministrar únicamente el financiamiento federal, conformando una bolsa de financiamiento nacional, eliminando los financiamientos que corresponden a las entidades federativas.
Paralelamente, deben fortalecerse las labores de fiscalización del INE. Con el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera y la creación de un área de inteligencia cibernética, se pudieran rastrear los recursos que evaden los radares de la fiscalización y que, no sólo financian campañas, sino se destinan a diversos gastos “ordinarios” de los partidos. Asimismo, se reitera la propuesta de que la Unidad de Fiscalización se convierta en una instancia autónoma.
“Ahorros” por la eliminación de las OPLES y tribunales locales
Otro tema central en la reforma es la desaparición de los OPLES que significarían, de acuerdo a la propuesta, un ahorro de 13 mil 261 millones 913 pesos, si se considera el presupuesto de 2021, siendo que la extinción de los tribunales locales implicaría no erogar por ese concepto 4 mil millones de pesos.
Uno de los puntos torales de la reforma es la pretensión de refundar al Instituto Nacional Electoral para crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (cuyo Consejo General ahora se conformaría con siete consejeras y consejeros electorales, en lugar de los 11 que actualmente lo integran), desapareciendo los OPLES o institutos electorales estatales y la eliminación de los tribunales electorales locales para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), sea órgano único en materia electoral.
En la iniciativa se menciona que las propuestas de consejeros provendrían de los poderes públicos (20 del Ejecutivo, 20 de las dos cámaras y 20 del Poder Judicial de la Federación, respetando la paridad de género), lo que implica, en los hechos, regresar a la “partidización” de los consejeros electorales, cuya autonomía, ha estado en el centro del debate y logros de la transición a la democracia. En este mismo sentido, se propone que el TEPJF sea autoridad jurisdiccional única en la materia, desapareciendo los tribunales electorales locales. Para su selección se plantea que cada uno de los tres poderes postule diez personas de manera paritaria.
Este cambio profundo se enrarece más con el planteamiento de que las personas propuestas a consejeros y magistrados se someterían al escrutinio popular, dado que serían elegidos por la voluntad popular en una jornada comicial a celebrarse el primer domingo de agosto del año que corresponda.²
Es decir, las y los consejeros y magistrados propuestos por los poderes de la unión, serían candidatos, con derecho a obtener tiempos en radio y televisión en los tiempos oficiales “asignados a los partidos políticos nacionales”, ello para reforzar sus actividades de presentación de sus “propuestas” y programa de trabajo a lo largo y ancho del país, para posteriormente ser elegidos por el voto popular. La iniciativa define que dichos espacios serán igualitarios y que podrán participar en “foros de debate” organizados por el INEC “dentro de los tiempos oficiales o en aquellos brindados gratuitamente por algún medio de comunicación bajo el principio de equidad”. Todo ello dentro de la etapa de campaña dado que la iniciativa prevé que “en ningún caso habrá etapa de precampaña”.
Aquí cabe preguntarse inicialmente cómo van a financiar sus campañas y en qué consistirían las promesas de campaña de quienes aspiren convertirse tanto en consejeras y consejeros del INEC como magistradas y magistrados del TEPJF.
Asimismo, deben presupuestarse erogaciones para la logística del proceso comicial de consejeros y magistrados, que tendría un costo superior a 8 mil millones de pesos que supondrían una carga adicional para el sistema electoral mexicano, tal y como lo señala un estudio del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República; asimismo, dicho estudio advierte sobre el riesgo de la “partidización” que presupone dicho procedimiento.³
Acorde con lo anterior, se propone una “legislación única en materia de partidos políticos, organismos electorales, procesos electorales, medios de impugnación electoral y delitos electorales…”, así como “la legislación única sobre iniciativa ciudadana y consultas populares”.
Cierto, deben revisarse aspectos de la organización y de la logística de las elecciones, y preverse acciones para optimizar los gastos de todos los capítulos del gasto que integran el presupuesto del INE, pero con base en un estudio meticuloso.
Abaratamiento de las elecciones por el cambio de modelo de elección y consecuente eliminación de 200 diputados; así como otras figuras
La reforma alude a un ahorro de 3 mil millones de pesos por la desaparición de los 200 diputados;⁴ en la misma lógica habría ahorros por 2 mil millones de pesos por la eliminación de 32 senadores, dado que dicha cámara se conformaría por 96 senadurías (tres por Estado), en lugar de 128. Otro ahorro, según la iniciativa llegaría por los 6 mil millones de pesos por reducción de regidores y 5 mil millones de pesos en lo que hace a la disminución de diputados locales.
La propuesta de reforma presidencial pretende readecuar el sistema electoral para que se transforme, en su totalidad, a un “sistema de representación pura” o, más bien, en un sistema de elección por listas estatales, lo que implica la eliminación del sistema de mayoría o uninominal, convirtiéndose a un sistema completamente diferente.
Es decir, los 300 diputados uninominales pasarían a ser de representación proporcional o plurinominales, con una fórmula de asignación aún por definir. Así, “La Cámara de Diputados se compondrá de diputadas y diputados elegidos mediante el sistema de listas votadas en cada una de las entidades federativas”. La misma lógica aplica para el Senado en cuanto al sistema de listas, que serán “cerradas”, pudiendo ser confeccionadas por las dirigencias partidistas, es decir, se fortalecería la partidocracia, que tanto ha afectado a nuestra democracia.
Por ello, lo que está en el centro de la discusión realmente es modificar sustancialmente nuestro sistema electoral, que pasaría a ser por entero de representación proporcional y/o un sistema de elección por listas estatales.
Cabe destacar que la desaparición de los 300 distritos del sistema uninominal, tiene implicaciones en la estructura del INE, sobre todo porque en la iniciativa se menciona que se conformarán órganos temporales y auxiliares, que desarrollarán sus actividades en procesos electorales. Al respecto, se menciona que el INE territorialmente cuenta con 300 juntas distritales, encargadas de la organización de los procesos electorales para diputados federales. Además, dichas juntas son la base de las actividades que realiza el Registro Nacional de Electores.
Asimismo, eliminar 200 diputados federales de mayoría, 32 senadores, así como otro tanto de diputados locales y miembros de los ayuntamientos, tiene un impacto directo en la sobrerrepresentación y subrepresentación.
Indudablemente es un tema que merece un estudio a fondo.
Abaratamiento de las elecciones vía introducción del voto electrónico
La iniciativa aborda el interesante tema del aprovechamiento de las “tecnologías de la información y comunicación para facilitar la participación ciudadana en las elecciones y las consultas populares”.
En el discurso pareciera ser que dicha implementación representaría grandes ahorros, pero la utilización de las urnas electrónicas (y no el voto electrónico vía remoto en dispositivos electrónicos como los celulares o computadoras, que representa otros desafíos por la brecha digital y la desconfianza ciudadana), implica la compra o renta de tales bienes; capacitación de personal operativo; contratación de expertos en blindaje, acciones de mantenimiento, secrecía y auditabilidad, debiéndose especial énfasis en la seguridad para impedir posibles “hackeos”.
Además, debe señalarse que las urnas electrónicas son una herramienta que, como tales, no solucionan problemáticas que van más allá de la organización de las elecciones, como la compra y coacción del voto.
“Propuesta” de un nuevo modelo de comunicación política
En la Exposición de motivos de la iniciativa se menciona que se propone un nuevo modelo de comunicación política, sin embargo, sólo se centra en la reducción de los tiempos asignados.
Cabe destacar que los espacios que se cedieron a los partidos políticos, establecidos constitucionalmente, contribuyeron al surgimiento de un nuevo fenómeno como la “spotización” de mensajes de partidos, que inundaron el espectro radiofónico y televisivo con la repetición de mensajes y ataques velados de unos contra otros, evitando caer en la calumnia (imputación de delitos y hechos falsos).
Asimismo, debe subrayarse que ese modelo de comunicación política, instaurado a partir de la reforma electoral del 2007, atendía una realidad que se ha venido transformando incesantemente a partir del surgimiento y consolidación de las redes sociales y, sobre todo las plataformas digitales como el Facebook, YouTube, Tik Tok, Twitter, Instagram, entre otras, las cuales adquieren otra dimensión en campañas, posibilitando la difusión masiva de publicaciones, mensajes y videos, cuyos administradores pueden ser cualquier persona o un seudónimo, siendo que se les pueden “inyectar” recursos y segmentar publicidad, para potencializar al máximo su difusión. Y ahí está el problema. Grave problema.
Por tanto, debe modificarse a fondo el actual modelo de comunicación politica, considerando las redes sociales, en donde se privilegien los debates y encuentros de las y los candidatos en foros de participación ciudadana. Igualmente debe ponerse especial atención a estas cuestiones:
¿Cómo transparentar las erogaciones que se destinan directa e indirectamente en redes sociales y portales digitales para promocionar aspirantes o denostar adversarios políticos? ¿Cómo detectar recursos ilícitos destinados a campañas veladas y, peor aún a “campañas negras”? ¿cómo sancionar a los que están detrás de esos esquemas fraudulentos, que benefician a determinados aspirantes o candidatos? Todos estos temas tienen un impacto en las condiciones de la contienda. Además, tenemos el problema de la falta de oportunidad de los procedimientos especiales sancionadores. En este noviembre, las autoridades jurisdiccionales están resolviendo asuntos de las elecciones locales, cuya jornada fue el 5 de junio de 2022, y que fueron una pasarela de proselitismo de las “corcholatas presidenciales”. En otro texto abordamos este asunto.
Como se comentó, es fundamental que la Unidad de Fiscalización del INE sea una instancia autónoma, y que cuente con especialistas en diversas materias, a efecto de establecer acciones para transparentar los recursos que se inyectan a plataformas digitales, en un trabajo que debe de ir a la par con empresas como Google, Youtube, etc., que todavía no establecen mecanismos de rendición de cuentas como la “Biblioteca de anuncios” del Facebook, entre otras acciones.
Propuesta de ampliación a las excepciones constitucionales para difundir propaganda gubernamental
La iniciativa presidencial aduce la necesidad de ampliar las excepciones para difundir propaganda gubernamental en las consultas populares, al mencionar que “Durante el tiempo que comprende el proceso de consulta popular, desde la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada, deberá suspenderse la difusión de los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno, salvo aquéllas que tengan como fin difundir campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a los servicios públicos, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia;”, (el énfasis es propio); eliminando de la actual redacción las campañas relativas “a los servicios educativos y de salud”, e introduciendo a propósito un concepto genérico como lo es “servicios públicos”, que en los hechos puede generar mayor presencia de funcionarios públicos para promocionar indebidamente su imagen.
Lo anterior, debe concatenarse con temas torales como el uso de recursos públicos y la promoción personalizada con fines de proselitismo político.
Al respecto, se reitera: es urgente procesar la ley reglamentaria del artículo 134 de la constitución federal y procedimientos que se deriven.
En términos generales, estos son los temas torales de la iniciativa, la cual no considera algunos graves problemas.
Coincidimos con AMLO sobre la prevalencia del fraude electoral. El lo padeció en las elecciones en que participó, tal y como se mencionó en la primera entrega de este trabajo. Pero los fraudes electorales tienen otros ropajes y máscaras: ya no tienen el rostro del burdo robo de paquetes electorales, de hacer que los “difuntos” voten o de la “caída” del sistema. El fraude electoral tiene ahora otras caras como la inyección de recursos de origen y montos desconocidos en las redes sociales para la promoción anticipada de aspirantes a cargos de representación popular; el apoyo velado de influencers; listas de “promocionados”, a los cuales se les dan “dadivas” y todo tipo de utilitarios y apoyos en especie, para que formen parte del “activismo” del “aspirante” y/o candidato durante todas las etapas del proceso electoral, incluido el día de la jornada; la aparición de “casas amigas” donde durante la jornada se entregan apoyos en efectivo a personas que votaron por un candidato, y tienen prueba de ello, como la foto de su sufragio (lo denomino foto-voto, que se analiza en otro texto), etc. Este es un inmenso caudal de recursos que escapan a los actuales radares de la fiscalización.
Hay que reiterar que la pobreza en que viven gran parte de mexicanos, es caldo de cultivo para la compra y coacción del voto, fenómeno que va más allá de la organización de las elecciones. La violencia generalizada en muchas regiones del país por la presencia del narcotráfico predetermina candidatos y elecciones. La promoción personalizada y uso de recursos públicos en favor de funcionarios públicos, debe atenderse urgentemente. La utilización masiva de redes sociales, a las cuales se les inyectan recursos, para posicionar aspirantes a cargos de representación popular, o para demeritarlos hasta el cansancio (“campañas negras”), es un tema que amerita un estudio profundo.
Esos son algunos de los aspectos y rubros que debe considerar la agenda de la reforma electoral.
En este contexto, debemos exigir que la JUCOPO y las Comisiones Unidas de Reforma Político-Electoral; Puntos Constitucionales; y Gobernación, reconsideren el camino trazado, y que opten por conformar, vía el consenso, un comité técnico multidisciplinario, responsable de la elaboración de la agenda de trabajo.
Igualmente reiteramos: si el presidente quiere pasar a la historia como propulsor de la transformación de nuestro país, desde el poder, y como un acto de congruencia, tiene el compromiso histórico de impulsar una reforma del estado, y, en particular, en el ámbito electoral, pero con apego a una agenda ciudadana.
Mientras, el tiempo pasa volando.
*Jorge Manriquez Centeno es especialista en materia político-electoral, derechos humanos y derecho parlamentario. Egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, abogado, con estudios de posgrado en políticas públicas, derechos humanos por la FLACSO y doctorado en Derecho Parlamentario por la Universidad Autónoma del Estado de México. Exconsejero presidente del Instituto Electoral de Quintana Roo (2009 a 2015) y ex director de Partidos Políticos del mismo Instituto (2003 a abril de 2009).
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