Carlos Arturo Álvarez Escalera era insostenible como fiscal general del estado no porque fuese incapaz, sino por la carga política que representa al ser herencia del borgismo.
Su salida de la Fiscalía y la llegada de quien en adelante ocupe la titularidad de esa dependencia no representa más que la partida de alguien incómodo al Gobernador y la asunción de alguien afín a él.
La autonomía de la dependencia pasa a segundo término, pues la Fiscalía no será en adelante más o menos independiente de lo que fue en los últimos meses del anterior gobierno. Seguirá operando exactamente igual, porque a final de cuentas los problemas de lo que fue la Procuraduría es estructural y cultural.
No importa quién esté al frente de la Fiscalía. Esté quien esté seguirá operando con las mismas carencias.
Con el desprestigio que acarrearon funcionarios de primer y segundo nivel de la Procuraduría de Justicia en el gobierno de Mario Villanueva Madrid, al asumir la gubernatura en abril de 1999 Joaquín Hendricks Díaz pretendió reinventar la dependencia, darle una dosis de credibilidad promoviendo un mecanismo para que el Congreso fuera el que eligiera al procurador de una terna propuesta por el Ejecutivo, obviamente con la línea de ungir al favorito.
Carlos Humberto Pereira Vázquez, actual subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno, estaba en la lista de los deseos de Hendricks Díaz y el Congreso se lo cumplió: lo hizo el primer procurador en la historia de Quintana Roo nombrado por el Poder Legislativo.
Pereira Vázquez tenía la línea a su favor. El gobierno de Hendricks Díaz lo “vendió” a la sociedad quintanarroense como un abogado con prestigio, “fresco”, que no había incursionado en el servicio público. Al ser integrante destacado de la sociedad civil, se decía, impondría una nueva mística que recuperaría la credibilidad en la Procuraduría.
No alcanzó a cubrir tres años antes de renunciar agobiado por los señalamientos de corrupción, la proliferación de bandas de robacoches en los que estaban vinculados agentes de la Policía Judicial y las pifias cometidas en la investigación de un crimen perpetrado contra una joven en Cozumel.
Terminó el sexenio de Hendricks Díaz como coordinador de asesores y luego fue premiado con la notaría que actualmente tiene en Playa del Carmen.
Y así, en medio de críticas y cuestionamientos han terminado los procuradores, sin poder reconstruir el andamiaje de la Procuraduría, hoy Fiscalía, donde la falta de equipamiento, capacitación y corrupción es cosa de todos los días, sin importar quién lo encabece.
Procuradores fueron y vinieron. Vendrán y se irán fiscales, pero la impartición de justicia seguirá enfrentándose a la corrupción de los fiscales que continuarán abriendo los oxidados cajones de sus desgastados escritorios para que los denunciantes interesados en que sus casos se agilicen dejen caer algún billete.
La impartición de justicia también seguirá enfrentándose a la falta personal capacitado y a las carencias de elementos básicos, como cámaras fotográficas, incluso los reactivos para realizar diversas pruebas que muchas veces los propios peritos tienen que comprar con su dinero.
Los “cambiófilos” afirman que “el cambio” ya se nota, pero éste tiene que ir más allá del simple maquillaje que significa la sustitución de personas. La sociedad tiene que palpar los beneficios y allí está todavía un gran pendiente.
Platea
La semana pasada la mayoría encabezada por el PAN y PRD en el Congreso sufrió un duro revés que afecta los planes de la administración de Carlos Joaquín González.
El presidente de la Gran Comisión, el panista Eduardo Martínez Arcila, tenía el compromiso de que se aprobara cobrar el impuesto a la nómina a las empresas outsourcing, con lo que el gobierno recaudaría $300 millones adicionales, pero le faltó tacto político y recibió una lección de ello.
Resulta que priistas y verdes estaban dispuestos a votar a favor de esa propuesta, pero con una reducción del mencionado impuesto, que pasaría del 3 al 2%. Era un compromiso con los empresarios.
Sin embargo, creyendo que tenía el control del Congreso, Martínez Arcila ordenó al jurídico del Poder Legislativo considerar solo la inclusión de las empresas de outsourcing en el padrón de contribuyentes y hacer a un lado la propuesta del PRI-Verde.
Creyendo que todo estaba en orden, se fue y colgó la hamaca, como lo hicieron otros legisladores de su bando.
No contaron con la mayor experiencia legislativa de priistas y verdes que decidieron votar contra la inclusión de las outsourcing en el padrón de contribuyentes. Haberlo aprobado, sin considerar la disminución del descuento los habría hecho quedar mal ante los empresarios.
Martínez Arcila no fue estratégico. Pudo ordenar a su jurídico incluir la propuesta del PRI-Verde y congelarla. Así, priistas y verdes cumplían por lo menos con plantear la iniciativa de rebajar el impuesto y aunque no se aprobara no quedaban mal ante los empresarios que reclaman esa medida.
Sin embargo, Martínez Arcila no lo hizo. Quiso verse más papista que el Papa y le quitó a Carlos Joaquín $300 millones de pesos.
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