La aparición de 11 cuerpos en un municipio turístico de Veracruz, en una aparente respuesta del narcotráfico al anuncio del envío de agentes federales a ese estado del oriente de México, puso hoy de manifiesto el repunte de la violencia en esa región, sumida en una grave crisis institucional.
Al filo de la medianoche del martes, los cuerpos de nueve hombres y dos mujeres fueron hallados dentro de un vehículo en el municipio de Boca del Río, con evidentes huellas de tortura.
En un mensaje supuestamente dejado por el crimen organizado al lado de los cuerpos, se leía: “Desde este momento comienza la guerra. Guerra quieren, guerra tendrán”.
La misiva se atribuyó a una posible advertencia al Gobierno tras el anuncio de enviar agentes de la Gendarmería -cuerpo de elite policial- y del Ejército para apaciguar la violencia en el centro de Veracruz, donde se registra el 50 % de los asesinatos del estado.
Boca del Río, pegado a la importante ciudad y puerto de Veracruz, es considerado bastión del gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, y la localidad es gobernada por su hijo, Miguel Ángel Yunes Márquez.
“Tenemos claros los objetivos, quiénes son ellos e iremos por ellos, por todo lo que representan con sus integrantes”, aseguró el secretario de Gobernación (Interior) del país, Miguel Ángel Osorio.
En el inicio del Operativo Conjunto de Seguridad Pública, Yunes remarcó este miércoles que estas muertes no forman parte “de una guerra al Gobierno del estado, sino un enfrentamiento entre cárteles del crimen organizado”.
El gobernador recordó a su homólogo del turístico estado de Quintana Roo (Caribe), Carlos Joaquín González, que en enero pasado vio cómo en su entidad se registraban en poco tiempo nueve muertes violentas por disparos -cuatro en Cancún y cinco en una discoteca de Playa del Carmen- que relacionó con choques entre bandas.
Cientos de agentes de la Policía Federal llegaron a ese destino turístico, en apoyo a la política de seguridad de González.
Yunes lamentó hoy el macabro suceso en Veracruz, que calificó de “acto de barbarie”, pero afirmó que la pugna entre cárteles es una realidad en 25 de las 32 entidades federativas del país.
No obstante, reconoció un repunte de la violencia en su estado: “Desde el inicio del año se han recrudecido estos acontecimientos (violentos) y hemos tenido un número muy importante de homicidios vinculados” al crimen organizado.
Yunes, del conservador Partido Acción Nacional (PAN), asumió el poder en diciembre pasado y en el primer mes de la nueva Administración se contabilizaron 100 asesinatos en Veracruz.
En enero se sumaron otros 102 homicidios, según los informes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Según el mandatario estatal, un 70 % de los crímenes estaría relacionado con grupos criminales.
A inicios de febrero fueron hallados los cuerpos de ocho personas en una camioneta junto a una escuela de primaria en Nogales, en la zona montañosa central de Veracruz.
Días más tarde, en el municipio veracruzano de Santiago Tuxtla se encontraron seis bolsas con cuerpos de personas en un restaurante abandonado en la carretera federal 180, que une Matamoros (Tamaulipas, frontera con EE.UU.) con Puerto Juárez (Quintana Roo).
En el 2011, el cartel de las drogas de Los Zetas mantenía el control absoluto en las siete regiones más importantes de Veracruz, según documentos de seguridad.
Pero a partir de 2012 se adentró en ese territorio el Cártel Jalisco Nueva Generación con el propósito de quitar el poder a Los Zetas, que actualmente mantiene una lucha interna en al menos una de las regiones.
Además de la pugna entre cárteles, hubo fallecidos en cruentos enfrentamientos armados con fuerzas federales, navales y castrenses.
El repunte de la violencia coincide con la llegada al poder de Yunes, aunque la crisis de seguridad en la región ya se había acentuado y en cierta medida cronificado durante la Administración de Javier Duarte (2010-2016) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), del presidente Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con cifras oficiales, los homicidios en Veracruz llegaron a un nivel histórico en julio del año pasado, con 132 casos, la cifra mensual más alta en este estado desde que en 1997 comenzó el registro oficial.
Durante el mandato de Duarte, Veracruz se convirtió también en uno de los estados más peligrosos para el ejercicio del periodismo, sumando 17 periodistas muertos.
Hoy prófugo de la Justicia, Duarte es acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero y dejó el estado con una deuda pública de 50.000 millones de pesos (2.638 millones de dólares).