Por Martín G. Iglesias
A veces el ciudadano no comprende a ciencia cierta lo que ocurre en ese mundo llamado “política”; porque aquí en Quintana Roo aun no digerimos cómo es que al exgobernador Carlos Manuel Joaquín González, el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, le haya ofrecido ser Embajador de nuestro país en Canadá.
O que la exsecretaria de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Yohanet Torres Muñoz se convierta en juez y parte al ser diputada local por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la XVII Legislatura; y que José Alberto Alonso Ovando sea sostenido en la Agencia de Proyectos Estratégicos, que sirvió al gobierno de Carlos Joaquín para que los hermanos Jasso saquearan el presupuesto de Quintana Roo con el pago de “estudios” de proyectos que nunca prosperaron.
Un año después de estar en el poder, por varias vías advertí que el gobierno de Carlos Joaquín llegaba para saquear lo poco que le quedaba al Estado, además de negociar con los ‘delincuentes’ borgistas el estatus político, o sea, simulación de hacer justicia, pero a cambio de la mitad de los bienes en cuestión.
Hoy, el gobierno de Mara Lezama Espinosa ha dado a conocer que la deuda a proveedores supera los 6 mil 500 millones de pesos; además de la deuda al Servicio de Administración Tributaria (SAT) del impuesto sobre nómina, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), entre otras más, que llegan a sumar los 8 mil millones de pesos, que si lo sumamos a los 19 mil millones de pesos de deuda pública, realmente la administración de Carlos Joaquín le dejó a este nuevo gobierno un boquete de 27 mil millones de pesos.
Pero no solo nos engañó con el manejo de la deuda, sino que Carlos Joaquín González dejó una herencia de violencia criminal, abandono de la zona maya, empobrecimiento y corrupción en los seis años que estuvo como Gobernador. La extorsión fue una de las características implantadas por el recomendado de su amigo Graco Ramírez, el non grato para Quintana Roo, Jesús Alberto Capella Ibarra.
Indiscutiblemente, esta XVII Legislatura deberá de investigar a fondo a funcionarios de la pasada administración, empezando por su compañera Yohanet Torres Muñoz, artífice de “cuadrar” las finanzas para que aguantaran la entrega. También deben de llamar a Édgar Sánchez Piña, quien desempeñó el cargo de Director General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo (SSPQRoo), donde facturó millones de pesos por servicios y productos que nunca llegaron a la dependencia; así como obligar a policías comisionados para que firmaran viáticos que no les daban y sumaron 50 millones de pesos.
Un dato más, por si no lo saben nuestros legisladores, ¿dónde quedaron los 820 millones de pesos que adquirió el gobierno joaquinista etiquetado para obra pública? Sería saludable moralmente para ellos que nos expliquen detalladamente en dónde invirtió el gobierno pasado ese dinero.
La legitimización social del gobierno de Mara Lezama Espinosa necesita que se haga justicia ante el saqueo del que fuimos víctima las y los quintanarroenses, debe haber un “sacrificio” como ofrenda al pueblo de que esta nueva administración viene a trabajar a favor de todos; quién mejor que quienes manejaron las finanzas, pero también de quien ostentó el poder por los seis años anteriores. Ahí se las dejo…
SASCAB
Bien por el diputado Hugo Alday Nieto que esta vez sí pensó en el bien general de las y los quintanarroenses, al proponer una iniciativa que exhorta a la Secretaría de Turismo y al Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo para que recuperen las marcas ‘Cancún’ y ‘Caribe Mexicano’, que la administración de Carlos Joaquín dejó perder en México, Estados Unidos, Canadá y Unión Europea.
El exhorto fue avalado por obvia y urgente resolución, ante el estado de vulnerabilidad que se encuentra Quintana Roo en tanto no renueve estas marcas, por el riesgo de que le sean arrebatadas. Al tiempo…