La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitió los nuevos lineamientos de austeridad republicana en la Administración Pública Federal (APF) que deberán ser de observancia obligatoria en más de 300 instituciones y secretarías de Estado del gobierno federal.
A diferencia de los anteriores, se integra el teletrabajo para aquellos casos en los que las condiciones lo permitan y no generen costos adicionales para desempeñar labores fuera de la oficina.
Se ordena a las unidades administrativas de los entes públicos implementar esquemas de trabajo a distancia para las personas servidoras públicas. Para ello, deberán contar con el visto bueno de la Oficialía Mayor de la Unidad de Administración y Finanzas, o los equivalentes que correspondan.
Los nuevos lineamientos están ligados al Plan Nacional de Desarrollo y al Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024.
Ello con el fin de asegurar que nadie podrá beneficiarse de su puesto o encargo público, con lo cual se podrá terminar con la asignación abusiva de oficinas, vehículos, mobiliario, equipos de comunicación y viáticos, entre otras medidas.
Lo anterior tiene como propósito reorientar los presupuestos dispersos a los programas significativos y de alto impacto social y económico, así como erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad.
Se establece que ningún servidor público podrá contratar seguro de vida ni de gastos médicos mayores privados, o de separación individualizada de forma colectiva. Al personal que ponga en riesgo su seguridad o salud, se le podrá otorgar la potenciación de seguro de vida institucional, y un pago de hasta 30% sobre la percepción ordinaria mensual.
No se permite la remodelación de oficinas ni constituir o crear fideicomisos o mandatos en materias de salud, educación, procuración de justicia, seguridad social y seguridad pública, salvo que estén previstos en ley o tratado internacional.
No se podrán crear plazas ni duplicidad de funciones, ni contratar asesores para grupos jerárquicos de menor rango de subsecretario.
Los servicios por honorarios deberán atender a una necesidad fundada y motivada por parte de los entes públicos, para lo que se deberá emitir una constancia.