Cancún, Q. Roo, 18 de enero de 2025.— Empresarios agrupados en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) del Caribe sostuvieron el jueves una reunión con la secretaria de Gobierno de Quintana Roo, Cristina Torres Gómez, para expresar su preocupación sobre los términos de la nueva Ley de Expropiación, Ocupación Temporal y Limitación de Dominio, la cual consideran riesgosa en algunos de sus apartados.
Uno de los puntos que más inquietud genera en el sector empresarial es el artículo 11 de la ley, que establece las causas de utilidad pública para que el Estado decrete una expropiación. En particular, les preocupan dos fracciones:
•Fracción XXIV, que podría permitir la expropiación en circunstancias ambiguas.
•Fracción XXV, que establece que proyectos de inversión pública o privada que “incidan de manera directa en el bienestar de los intereses colectivos y la prosperidad compartida” podrían justificar una expropiación.
Los empresarios advirtieron que esta redacción abre la puerta a interpretaciones que podrían afectar la seguridad jurídica de la inversión en el estado.
En el encuentro, encabezado por el presidente del CCE del Caribe, Javier Carlos Olvera Silveira, participaron también la Mtra. Elsa Miriam Cortés Franco, la Lic. Margarita Martínez Martínez, el Lic. David Ortiz Mena (presidente del Consejo Hotelero del Caribe Mexicano), la Lic. Lorena Fregoso Padilla, el Lic. Eduardo Martínez González, el Lic. Roberto Aparicio y el Lic. Eduardo Galaviz Ibarra.
Acuerdo para trabajar en la reglamentación
Como resultado del diálogo, se acordó que el sector empresarial participará en la elaboración de una propuesta de modificación a la ley y en la construcción de un reglamento que garantice un equilibrio entre los intereses públicos y privados.
“Reconocemos el compromiso del gobierno estatal de escuchar las inquietudes del sector empresarial y de trabajar conjuntamente para fortalecer el marco legal de Quintana Roo. Esta colaboración es fundamental para garantizar un entorno que fomente la inversión y el bienestar de la comunidad en el corto, mediano y largo plazo, brindando certidumbre a las inversiones futuras”, señalaron los representantes empresariales al concluir la reunión.
En los próximos días, se establecerá un calendario de trabajo conjunto para avanzar en una reglamentación que refleje los principios de transparencia, equidad y responsabilidad social, asegurando que la nueva ley no afecte la confianza de los inversionistas y promueva un desarrollo sostenible en Quintana Roo.