MÉXICO, D.F.- Las entidades federativas del país pagarán este año 65 mil 154 millones 383 mil 988.44 pesos sólo por intereses, amortización y gasto de los 509 mil millones de pesos que adeudan a bancos y financieras, de acuerdo con lo que reportaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), según publica Excelsior en extenso reportaje.
El informe que los gobiernos locales entregaron a la dependencia federal, como parte de sus obligaciones en materia de contabilidad gubernamental, destaca que sólo 27 estados y el Distrito Federal pagarán un total de 26 mil 35 millones 350 mil 688.83 pesos por intereses de las deudas que tienen.
En cuanto al concepto de planes de amortización por la deuda, 26 estados y el DF deberán cubrir otros 16 mil 557 millones 204 mil 89.74 pesos.
De acuerdo con los reportes de los estados, Tlaxcala se mantiene como la única entidad que no tiene deuda pública.
El endeudamiento de los estados, también denominado subnacional, en breve estará bajo el control federal por mandato de la Constitución, pues ya 11 estados avalaron la reforma que lo permitirá.
Tan sólo para pagar este año los intereses, amortización y gasto de los 509 mil millones de pesos que adeudan a bancos y financieras, las entidades del país destinarán 65 mil 154 millones 383 mil 988.44 pesos, a fin de superar este endeudamiento subnacional que en breve tendrá control federal por mandato constitucional, pues ya 11 estados avalaron la reforma que lo permitirá.
De acuerdo con la información que las entidades federativas entregaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como parte de sus obligaciones en materia de contabilidad gubernamental, los pagos que se harán este año en materia de deuda pública suman 65 mil 154 millones 383 mil 988.44 pesos, es decir, un equivalente a 12.78% del total de la deuda que tienen.
Se observa que Tlaxcala se mantiene como el único estado que no tiene deuda pública. Así, se observa que 27 estados y el Distrito Federal pagarán un total de 26 mil 35 millones 350 mil 688.83 pesos sólo en intereses de las deudas que tienen, en tanto que 26 estados y el DF, otros 16 mil 557 millones 204 mil 89.74 pesos en los planes de amortización, y que 15 entidades pagarán por gastos de la deuda serán de 513 millones 883 mil 181.28 pesos.
Aunque esta vez la totalidad de las entidades entregaron la información referente a las previsiones que tienen para el pago generado por la deuda, no todos cubrieron todos los rubros, por lo cual la sumatoria de gastos por destino no coincide con el total a pagar. El reporte no es homogéneo debido a que tienen diferentes planes, como son los casos de Chihuahua y el Distrito Federal, que no harán pagos por amortización, o Guerrero, que no informa del total de intereses a pagar, o como ocurre con Colima, Campeche, Chihuahua, Durango, Puebla, Querétaro, Guerrero, Hidalgo, Sinaloa, Jalisco, Sonora, Nayarit, Nuevo León y Yucatán, que no consignan el gasto por deuda.
Según el corte de información más reciente sobre la deuda de estados y municipios que hace público la Secretaría de Hacienda, los 30 estados y el Distrito Federal —Tlaxcala no tiene deudas—, tienen un total de deuda 509 mil 690 millones 300 mil pesos hacia el 31 de diciembre del año pasado.
Pero a pesar de que no es la entidad más endeudada, Quintana Roo es la entidad que más dinero va a pagar este año a la deuda, pues suma 15 mil 850 millones 533 mil 823 pesos, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos aprobado en diciembre pasado, pues es la única entidad cuyos informes de contabilidad gubernamental no pueden consultarse.
En contraste, la entidad más endeudada es el Distrito Federal, que llega a 66 mil 881 millones 500 mil pesos, pero, según su Presupuesto de Egresos, este año tiene planeado pagar un total de cuatro mil 229 millones 292 mil 122 pesos, de los cuales cuatro mil 123 millones 407 mil 12 pesos irá para el pago de intereses y 22 millones 885 mil 110 pesos para gasto de deuda, lo cual indica que el gobierno de la capital del país destinará un equivalente de 6.3% a las obligaciones derivadas de su deuda.
Después de dos años de ir y venir entre las cámaras del Congreso de la Unión, el pasado 17 de febrero el Senado envió a los Congresos estatales la reforma constitucional que podrá control federal al endeudamiento de los estados y municipios y ya suman 11 las entidades que la avalaron para que sea aprobada.
Se trata de los Congresos estatales de Aguascalientes, Coahuila, Durango, Guanajuato, Estado de México, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Quintana Roo y Tamaulipas; sólo faltan seis Congresos más para que el Senado pueda hacer la declaratoria oficial de constitucionalidad y a partir de ese momento comiencen a funcionar tanto la comisión bicamaral que dará seguimiento a los endeudamientos, como la construcción del sistema de alertas para evitar que el aumento de la deuda se convierta en un problema para las finanzas públicas del país.
Aunque esta semana se espera que lleguen más comunicaciones de los Congresos estatales de que ya aprobaron esta reforma, la previsión en el Senado es que será al regreso de la Semana Santa cuando el Congreso de la Unión pueda declarar la constitucionalidad de esta reforma y comience a aplicarse, así como la construcción de la ley general que dará forma a estas nuevas disposiciones.
Algunos recursos federales no son auditables por la ASF, en tanto que otra parte sí. Aquí la diferencia.
Los recursos federales transferidos en 2013 a las entidades federativas, municipios y delegaciones del DF ascendieron a 1.5 billones de pesos, de los cuales 532 mil 455 millones de pesos (36.1%) correspondió a las participaciones federales. Éstas son de libre administración hacendaria y no son fiscalizables por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El restante 63.9% se canalizó mediante el denominado gasto federalizado programable o transferencias condicionadas en su uso y destino, y ascendió a 941 mil 681 millones de pesos; estos recursos pueden ser auditados por la ASF.
El impacto del gasto federalizado programable es significativo; por ejemplo, financia 75% de la nómina magisterial del Sistema de Educación Básica y más de las dos terceras partes de la matrícula nacional pública en dicho nivel, aproximadamente 70% del presupuesto asignado a la educación superior en las entidades federativas, así como 79% de los recursos del Seguro Popular.