La seguridad pública en todo el país es un tema que va más allá de contar con un número suficiente de policías bien preparados, certificados y con los exámenes de control y confianza en regla.
Es un problema estructural y, por tanto, tiene y debe someterse a una reingeniería que permita reinventar a las corporaciones policiacas con programas efectivos de prevención, que transparente la actuación de todas, absolutamente todas las policías del país.
Hace unas semanas, ante el arranque de una oleada de ejecuciones, se estableció una mesa de trabajo coordinado por la Marina con el fin de impulsar esquemas que permitan restablecer la tranquilidad especialmente en Cancún.
Se desconocen los resultados obtenidos hasta ahora por ese equipo de trabajo. Sin embargo, el “Time Square” cancunense, Punta Cancún, donde se encuentra la principal zona comercial y de diversión del destino turístico, se cimbró la noche del domingo con la ejecución de dos personas.
No es la primera vez que la zona hotelera es escenario de ajustes de cuentas públicos: en 1993 se registró el primer hecho de ese tipo en Cancún con el asesinato a balazos de Rafael Aguilar Guajardo, el entonces jefe del Cartel de Juárez, cuando salía de un restaurante con su familia.
Meses después fue ejecutado desde un auto en movimiento un ex representante del boxeador Julio César Chávez y así ha habido otros casos en lugares concurridos del que es el principal destino turístico del país y que hoy está incluido en la lista de las 50 ciudades del país que merecen atención prioritaria en materia de seguridad.
Los hechos de ese tipo no deben ser minimizados, como se pretende al considerarlos “casos aislados”. Es cierto que esas acciones van contra personas específicas que se dedican a una actividad delincuencial de gran escala, pero pone en riesgo a la población que se encuentra cerca de donde se dan esos ataques.
Hasta ahora, esos ataques han quedado impunes. Las policías dedicadas a la investigación, todas, se han visto inútiles en esas tareas y es común que en el combate a la delincuencia se den dos pasos al frente y cuatro atrás, lo que acrecienta la impunidad en un rubro muy sensible para la población.
México, según la Organización de las Naciones Unidas, ocupa el segundo lugar mundial en impunidad y de acuerdo con el Índice Global de Impunidad que elaboran diversas instituciones, entre ellas la principal universidad de Puebla, estado “de moda” en tierras caribeñas, Quintana Roo se encuentra en primer lugar entre las entidades de mayor grado de impunidad y cuarto en Corrupción.
Luego entonces la tarea es ardua y aún hay que empezar.
Platea
A la alcaldesa de Cozumel, Perla Tun, le aplicaron la ley del hielo. Por sus actitudes dictatoriales, puestas en marcha por consejo su asesor de cabecera Filiberto Martínez Méndez, se ha distanciado o la han distanciado del gobernador Carlos Joaquín González.
Aunque sea para bien de la isla, Perla Tun no quiere nada del pasado, aunque ella provenga de esos gobiernos priistas que odia con rencor jarocho… o quizá poblano. Resulta que ya no quiere que se organicen los eventos deportivos de talla internacional que ciertas épocas del año reactivan la economía de Cozumel.
El Gobernador prefirió pintar su raya y evita lo más que puede ir a eventos públicos en la isla. Por eso no se le vio el fin de semana pasado en el Iroman.
Luneta
Dicen que en la representación del gobierno del estado en Cancún la titular de esa oficina, Mercedes Hernández Rojas, le hace la vida de cuadritos al personal, especialmente a las mujeres.
Hay quienes aseguran que la funcionaria es de las que van en contra del discurso oficial de desterrar la violencia de género. Al contrario, la promueve. Que alguien le ponga un alto, piden los empleados.
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