Los escándalos en las Fuerza Armadas han sido una constante en la historia de Colombia. Pero ahora se están destapando más.
Espionaje ilegal, corrupción y abusos de derechos humanos: los escándalos en el ejército de Colombia no han hecho sino acumularse durante el último año.
Y en la última semana han incluido un nuevo delito: abusos sexuales a menores de edad.
El caso de la violación de una niña de la comunidad indígena Embera por siete soldados que se declararon culpables parece haber abierto una caja de pandora.
Desde que se dio a conocer, los medios de comunicación destaparon acusaciones de violaciones de militares a niñas en otras dos comunidades indígenas.
El miércoles, el comandante del ejército, Eduardo Zapateiro, informó que se investigan 118 casos de presunto abuso sexual en los últimos cuatro años por parte de integrantes de las Fuerzas Armadas.
Pero, en una nueva alusión a la teoría oficial de que los oficiales delincuentes son “manzanas podridas“, Zapateiro negó la “sistematicidad” de violaciones a menores en el ejército.
“Una conducta individual no puede estigmatizar al resto de los soldados que prestan su servicio militar obligatorio de la mejor forma”, dijo Zapateiro, luego de anunciar medidas de prevención y capacitación para evitar estos delitos, cuya investigación, reiteró, está en manos de los entes de control estatal.
Los abusos sexuales se suman a otros escándalos que sacuden a una de las Fuerzas Armadas más grandes de América Latina.
A comienzos de este año, la revista Semana denunció una red de venta de armas del ejército a diversos grupos armados ilegales y reveló que la unidad de inteligencia hizo seguimiento y perfilamiento ilegal de periodistas, opositores y magistrados.
En noviembre, además, la fuerte represión de la policía a las protestas cuestionó la legitimidad de las Fuerzas Armadas y un bombardeo a un campamento de guerrilleros dejó al menos siete niños muertos y al entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, sin cargo.
Duque, cuyo partido de derecha tiene fuerte influencia sobre los militares, relevó en diciembre a su primer jefe del ejército en medio de polémica.
Cada caso tiene sus particularidades y es difícil meterlos en la misma bolsa, coincidieron expertos consultados por BBC Mundo. Pero revelan una crisis en unas Fuerzas Armadas que ya en el pasado incurrieron en masacres, corrupción y complicidad con narcos y paramilitares, pero que intentan, hace al menos 15 años, adaptarse a los estándares internacionales de respeto a los derechos humanos.
Un intento que, hasta ahora, ha sido fallido.
1. El proceso de paz con las FARC
La firma del acuerdo de paz y la desmovilización de las Fuerzas Armada Revolucionarias de Colombia (FARC), la guerrilla más grande del país, marcó un antes y un después para el ejército.
“Eso rompió a las Fuerzas Militares”, dijo un experto y exfuncionario que pidió anonimato por sus funciones de asesoría militar. “No solo porque dividió a comandantes entre los pro-acuerdo y los anti-acuerdo, sino porque les quitó el objetivo común de luchar contra las FARC“.
Una parte de la cúpula militar, en especial aquella que accedió al mando con el gobierno actual de Iván Duque, mostró escepticismo al acuerdo por diversas razones: porque no confiaban en las FARC, porque exigían su judicialización como delincuentes o porque temían que la justicia transicional juzgara a los militares al mismo nivel que a los guerrilleros.
“Si en todos los ejércitos del mundo se crean clubes militares, grupos de complicidad entre ellos, imagínese cuando esto está también mediado por diferencias ideológicas sobre algo tan profundo como la paz con la guerrilla”, dice el experto, que atribuye a estas divisiones el aumento de filtraciones de delitos a los medios.
Una de las deudas del proceso de paz de Santos, coinciden analistas, es la ausencia de una reforma a las Fuerzas Armadas. El exmandatario dice que hizo “la única paz posible”.
María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz y experta en seguridad, lo ve parcialmente diferente: “Más que las divisiones internas, que las hubo, yo creo que el manejo del sector seguridad durante el proceso, y la necesidad de no generar una mayor ruptura allí dentro sino de tener a los militares a bordo del acuerdo, fue una decisión política (de Juan Manuel Santos) de no mirar qué está pasando ahí y que relajó los mecanismos de control y revisiones dentro de la institución”.
Todos los expertos consultados coinciden en que ninguno de los recientes escándalos es inédito. De hecho, abusos sexuales en el marco del conflicto armado hubo no solo de soldados, sino de guerrillas y paramilitares.
“La diferencia ahora es que el ejército no tiene un discurso, y eso se ha traducido en una falta de liderazgo que ha desmoralizado a sus integrantes y desinstitucionalizado a la organización“, dice una exfuncionaria y asesora en Defensa que pidió anonimato “porque tengo que protegerme; es parte de lo que está pasando”.
Una nueva sensibilidad social
Antes del proceso de paz, que terminó con 60 años de guerra entre el Estado y las FARC, cuestionar a las fuerzas militares en Colombia era considerado un atentado al establecimiento, a la democracia.
“Estos delitos pasaban antes, pero ahora son visibles”, dice Ariel Ávila, investigador que ha denunciado algunos de los casos de abuso sexual. “Porque los colombianos les perdimos el miedo a las Fuerzas Militares“.
Esta semana se produjeron protestas de indígenas por los casos de abuso sexual.
Ávila añade que parte de la razón por la que soldados deciden violar a una niña indígena es que “sienten que tienen impunidad, de que nadie los va a castigar porque el ejército es intocable”.
Eso, al parecer, ya no es así.
El llamado Paro Nacional del año pasado, una ola de protestas con demandas culturales, políticas y económicas, mostró una sociedad civil activa que antes o no existía o no se pronunciaba.
“Estoy seguro que este tipo de prácticas han ocurrido en el pasado, pero la sensibilidad pública era menor; estamos en la época del #metoo, de las redes sociales; la voluntad de denunciar es mayor; los patrones culturales están cambiando”, dice uno de los expertos militares, que además es sociólogo.
La ausencia de una reforma de fondo de las FFAA (y la paz frustrada)
A diferencia de la mayoría de Fuerzas Armadas, las colombianas están militar y doctrinariamente estructuradas para luchar contra un enemigo interno en lugar de prepararse para una amenaza externa.
Y una de las deudas del acuerdo de paz, coinciden los cuatro expertos consultados, es una reforma de fondo que además de darle línea a las Fuerzas Armadas, establezca mecanismos judiciales y pedagógicos para evitar delitos como los que ahora hacen escándalo.
“Es urgente una reforma en cuatro aspectos”, asegura Ávila. “Modificar la doctrina que se basa en la idea de un enemigo interno, cambiar el proceso de reclutamiento, crear un currículo con pilares y no solo cursos en materia de género y derechos humanos y fortalecer los sistemas de control interno“.
El comandante Zapateiro dijo en su rueda de prensa que la reforma tiene que pasar por la llamada Doctrina de Damasco, una guía de principios militares recomendada por la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTÁN) que Colombia acogió en 2016 pero cuya implementación sigue incipiente.
“Eso, si se aplica, es una revolución para las Fuerzas Armadas, porque implica pasar de ser un ejército de contrainsurgencia hacia un ejército post-acuerdo y tiene repercusiones en cuestión de armamento, entrenamiento y doctrina”, dice el asesor militar.
“El problema es que la paz no se logró”, añade, en referencia al surgimiento de las disidencias de las FARC, el fortalecimiento del Ejército de Liberación Nacional y la emergencia de otros grupos armados.
“El ejército, quiera o no quiera, ha tenido que mantenerse inmerso en un conflicto que no terminó“, añade.
Y así es difícil que los escándalos dejen de acumularse.