Nueve miembros del Cártel de Los Zetas han estado “cooperando con todo” con el gobierno de Estados Unidos en la última década, sin embargo, a diferencia de otros cárteles, no lo han hecho con carretadas de dinero, sino con información que ha revelado las operaciones y los nombres de los miembros que integran la organización delictiva y sus escisiones.
Se encontró que varios narcotraficantes y sicarios han aceptado acuerdos totales de cooperación con el Departamento de Justicia para evitar sentencias de por vida o de hasta 40 años, como ha pasado con otros integrantes del cártel. Han estado dispuestos a declararse culpables, ser testigos colaboradores y a ponerse a disposición en futuras acusaciones cuando el gobierno de ese país lo pida.
Debido a esta cooperación, los integrantes de Los Zetas han logrado sentencias de entre tres y 15 años, salvo un par de capos que obtuvieron disminuciones importantes pero aún así fueron condenados a 20 y 25 años de prisión.
El intercambio de información ha permitido que Estados Unidos continúe fincando cargos contra Los Zetas y sus escisiones, tal es el reciente caso de Juan Gerardo Treviño Chávez, El Huevo, líder de una de las células criminales del Cártel del Noroeste y quien fuera extraditado por México el pasado 14 de marzo.
La clave de estos nueve narcotraficantes para evadir la prisiones de por vida ha radicado en una figura llamada “fully cooperate” o acuerdo de cooperación total. Según los documentos revisados en tres circuitos federales de Estados Unidos, esto incluye no negarse a entregar los activos adquiridos derivados del tráfico de drogas sino también cooperación plena para proveer información para futuros juicios.
“Esto incluye información relacionada con cualquier actividad criminal que conozca el defendido incluido y no limitado con tráfico de drogas, crímenes violentos y lavado de dinero”, dice uno de los acuerdos a los que este diario tuvo acceso.
“El defendido acepta testificar con la verdad ante un gran jurado en otros procesos judiciales o administrativos cuando sea llamado por Estados Unidos. El defendido acepta voluntariamente entrevistas con el gobierno”, agrega.
Además, los acuerdos que han firmado Los Zetas incluyen entre sus cláusulas que, de presentarse ante cualquier autoridad del gobierno norteamericano con mentiras, derivará en un proceso en su contra por falsedad en declaraciones.
Otro punto en común entre estos nueve integrantes de Los Zetas, hoy testigos colaboradores del gobierno de Estados Unidos, es que llegaron ante una Corte Federal con problemas psiquiátricos, psicológicos y adicciones al alcohol y a las drogas, por lo que dentro de este acuerdo también han aceptado tratamientos de rehabilitación al interior de las prisiones donde han sido encarcelados.
Roberto Camacho y Andrés Alfredo Hernández, quienes enfrentaban una sentencia de 20 años cada uno, lograron acuerdos para pasar solo tres años de cárcel. Arturo Palencia pudo reducir su condena de 40 a 10 años, mientras que Wenceslao Tovar Jr. pasó de cadena perpetua a 20 años. La prisión de por vida que enfrentaría Raúl Castillo se transformó en 15 años de prisión.
Tras sendos acuerdos de total culpabilidad, Jorge Rodríguez logró una sentencia de 8 años, al tiempo que René García fue condenado a 12 años, luego de incumplir su libertad condicional. Richard Guerrero logró ser liberado y recibió trato de “testigo material”.
Cárdenas Guillén: el precursor
En Estados Unidos, hay al menos mil 300 documentos en las cortes de Texas en contra de Los Zetas. Es ahí donde se pueden leer los testimonios de víctimas, rivales e integrantes de la organización delictiva que primero fuera una escisión del Cártel del Golfo que lideraba Osciel Cárdenas Guillén, uno de los narcotraficantes más sanguinarios de todos los tiempos; de hecho es a él, a quien se le atribuye el nacimiento de este cártel.
Y fue precisamente Cárdenas Guillén quien comenzó la tradición de Los Zetas de convertirse en testigos colaboradores a cambio de reducir sus sentencias. Y es que según los biógrafos de la organización criminal, en su mayoría la integran jóvenes sin trabajo o recursos, por lo que llegaron a las cortes sin un respaldo económico, caso diferente al del cártel de Sinaloa y el de los Arellano Félix que han entregado fortunas de millones de dólares cambio de libertad.
Cárdenas Guillen llegó a un acuerdo de culpabilidad en la Fiscalía Sur de Texas en el año 2010, que incluyó la entrega de información sobre la estructura criminal de los cárteles que él fundó, pero también de otras bandas rivales. Finalmente en 2015 logró una sentencia de apenas 25 años y que el sistema de prisiones mantuviera en secreto su ubicación hasta el día de su liberación.
En la misma corte, la del Distrito Sur de Texas, otros narcotraficantes de Los Zetas le han seguido los pasos a pesar de estar involucrados en actos que incluyen ritos satánicos, decapitaciones, secuestros, casas de seguridad, tráfico de drogas y lavado de dinero.
Uno de los que llegaron a acuerdos de cooperación fue Wenseslao Jr. Tovar, quien según el gobierno norteamericano trabajó directamente para Miguel Ángel Treviño, Z40, líder fundador de Los Zetas. La acusación en su contra revela que el hombre de 26 años, en ese entonces, participó en el secuestro de otro Zeta que habría estado filtrando información a una organización rival del cártel.
Wenseslao Jr. Tovar lo habría asesinado de un disparo cuando el hombre se negó a aceptar su secuestro. Según documentos judiciales de Estados Unidos, la Fiscalía pedía una sentencia de por vida, sin embargo, su defensa logró que a través de un acuerdo de cooperación el gobierno norteamericano lo sentenciara a pasar 20 años de prisión.
Y es que según un examen médico radicado en su expediente, el hombre había sufrido un accidente en una carretera de Tamaulipas y había quedado inmovilizado de la cintura para abajo, condición que ayudó a reducir su sentencia en 2012.
En el documento puede leerse que la defensa argumentó que los terribles dolores, las llagas en el cuerpo que le causa estar postrado a una cama o una silla de ruedas, harán que tenga una expectativa de vida corta. Además se ordenó que el hombre tenga todas las facilidades que la prisión pueda otorgarle, medidas de protección así como que reciba tratamiento de rehabilitación psiquiátrica.
Otro que gracias a un acuerdo de culpabilidad total solo está pasando una condena en prisión de 12 años es René García, La Rana, quien según el Departamento de Justicia viajó hasta el Río Bravo para conocer al Z40.
En este primer encuentro, el Z40 les entregaría una lista de objetivos y cinco mil dólares: miembros rivales que había que asesinar del Cártel de Sinaloa, que en ese entonces lideraba Joaquín El Chapo Guzmán. Con él estaba otro hombre llamado Andrés Alfredo Hernández.
Ambos acordaron entregar información, convertirse en testigos, testificar en cualquier proceso judicial que involucre a un integrante de Los Zetas. Andrés Alfredo llegó a un acuerdo aún más ventajoso: el solo se enfrentó a tres años en prisión y obtuvo su libertad cuando la Fiscalía había revelado que podía pedir hasta 20 años en su contra.
René García La Rana logró en 2008 que las autoridades le otorgarán el beneficio de libertad condicional. Sin embargo, según el sistema de cortes de Estados Unidos, violó las condiciones y fue detenido en una carretera de este país en marzo de este año, en Charlotte.
En ese entonces, la Fiscalía dijo que entre las armas que utilizaron para asesinar se encontraban una Smith and Wesson 9 mm, un AR-15 y una Glock .40 mm.
El acuerdo entre las autoridades e integrantes de Los Zetas también logró que un hombre llamado Roberto Camacho, quien trabajaba al mando de Gabriel Cardona Ramírez, jefe de sicarios zeta quien fraguó el secuestro de dos jóvenes norteamericanos: Jorge Alfonso Avilés, de 19 años, e Inez Villarreal, de 14, en un club nocturno de Nuevo Laredo el 30 de marzo de 2006.
Roberto Camacho trabajaba para Los Zetas traficando cocaína desde Tamaulipas hasta Nuevo Laredo. Otra de las labores de Camacho fue buscar casas de seguridad para asesinar a un hombre. Además que cruzó la frontera con más de 800 mil dólares. Fue sentenciado en el año 2009.
Según los documentos del caso, la Fiscalía advirtió que podía pedir hasta 20 años en contra de Camacho, sin embargo, luego de un acuerdo de culpabilidad total, el zeta llegó a un acuerdo que le permitió obtener su libertad en solo tres años. También aceptó rehabilitación de alcohol y drogas en prisión.
Entre los acuerdos incluso hay casos que incluyeron exculparlo del cargo de secuestro. Tal es el caso de un hombre llamado Richard Guerrero, quien según su acusación en Estados Unidos habría trabajado planeando un secuestro para Miguel Ángel Treviño Morales, el Z40.
Se hizo pasar por policía utilizando luces de patrulla, con esto logró interceptar a su víctima, quien creyó que lo estaba deteniendo una autoridad.
Guerrero logró que lo exculparan del cargo en 2008 y a cambio se convirtió en “testigo material” que acordó su liberación con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Otros que hicieron pactos con el gobierno fue el narcotraficante Arturo Palencia, quien traficó mariguana y armas con fines criminales para los zetas. De 40 años que la Fiscalía dijo podía pedir solo obtuvo 10 años. En su caso además del acuerdo total también se pidió su rehabilitación a las drogas y el alcohol en prisión. El acuerdo se alcanzó en 2008.
Lo mismo un zeta llamado Raúl Castillo, quien traficó cocaína y lavó dinero para el cártel. A través de un acuerdo en 2012, acordó una sentencia de 15 años en prisión, a pesar de que el día que firmó el acuerdo la Fiscalía advirtió que la pena podría alcanzar toda la vida en prisión y una multa de 4 millones de dólares.
Este escenario de acuerdos totales y reducciones de sentencias es al que se enfrenta el último zeta extraditado a Estados Unidos, Juan Gerardo Treviño Chávez, El Huevo, líder de una de las células criminales del Cártel del Noroeste y pariente de Miguel Ángel Treviño, el Z40, quien aún se encuentra en una prisión en México.
El Huevo enfrentará 11 cargos en su contra, entre los que se encuentran tráfico de drogas y lavado de dinero. Lo hará también en la Fiscalía del Distrito Oeste de Texas.
