Ciudad de México, 31 de octubre de 2024
La Presidencia de México ha designado este jueves al ex Ministro de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, como miembro del Comité de Evaluación encargado de proponer candidatos para jueces, magistrados y ministros en el Poder Judicial de la Federación. Junto a él, cuatro destacados abogados integrarán este comité, el cual operará con autonomía e independencia, según informó la Consejería Jurídica de la Presidencia.
Arturo Zaldívar, actual Coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia, se une al comité tras una extensa carrera en el ámbito judicial. Zaldívar fue Ministro de la Suprema Corte desde 2009 y presidió el máximo tribunal de enero de 2019 a diciembre de 2022.
Los integrantes del Comité
El Comité también incluye al jurista Javier Quijano Baz, quien fuera abogado del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador en el proceso de desafuero de 2005 y galardonado con el Premio Nacional de Jurisprudencia 2022. Junto a él, tal como lo anunció la Presidenta Claudia Sheinbaum, se suman tres abogadas al comité:
1.Mary Cruz Cortés Ornelas: Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Tlaxcala y directora de evaluación del sistema de justicia penal en ese estado.
2.Vanessa Romero Rocha: Abogada con dos maestrías en distintas ramas del derecho, con experiencia en derechos de la niñez, género, y protocolos de inclusión, además de ser columnista en medios nacionales e internacionales.
3.Isabel Inés Romero Cruz: Magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz y jueza de primera instancia desde 1973.
Funciones del Comité de Evaluación
La principal tarea de este comité será emitir la convocatoria para los aspirantes a cargos en el Poder Judicial, quienes deberán cumplir con los requisitos establecidos en la Constitución y la Ley. Asimismo, el Comité contará con autonomía en sus reglas de operación, y se disolverá al finalizar su objetivo de seleccionar candidaturas.
Este anuncio marca un paso importante en el proceso de selección judicial en México, el cual busca garantizar transparencia, independencia y profesionalismo en el nombramiento de jueces y magistrados que serán propuestos al Poder Ejecutivo.