CANCÚN | Román Martínez
En Quintana Roo hay más de 37,000 niños que trabajan y 25,000 indígenas víctimas de la trata de personas que requieren con urgencia la aplicación efectiva de las leyes que en teoría deben protegerlos, dijo Rogelio Márquez Valdivia, presidente de la asociación civil Volver a Empezar.
“Existe una ley de protección a víctimas de trata de personas que no se ha hecho efectiva. Debemos actuar ya para avanzar en el combate de ese problema”, indicó.
Por su parte, la diputada Susana Hurtado Vallejo, dijo que la trata de personas afecta a más de 60,000 personas en Quintana Roo y que la nueva ley contra la trata de personas establece la obligatoriedad de cada Ayuntamiento de crear comités encargados de combatir ese problema.
Reconoció que la mencionada ley no es perfecta, pues está impugnada en su apartado de las amonestaciones y la persecución del delito, pero en todas sus demás secciones puede aplicarse sin ningún problema.
Márquez Valdivia dijo que se puede hablar de cualquier cifra sobre el tema, pero la realidad es que no se sabe a ciencia cierta cuántas personas son víctimas de trata, pues también se tiene que definir con claridad las acciones que caen dentro de ese delito.
Precisó que sí hay un problema grave de trata de personas en la explotación sexual, laboral y la renta de vientres, que atenta contra la integridad de las personas, pero aclaró que tampoco hay que caer en el juego de que la renta de vientres significa lucrar con la pobreza.
El entrevistado cuestionó que le gustaría ver que una mujer de la clase económicamente alta esté de acuerdo en rentar su vientre, independientemente “es un lucro que no debe de ser”.
Comunicó que el problema estriba con chiapanecos y guatemaltecos que tienen mucha confusión, en el que la autoridad debe de coadyuvar con otros estados, como Chiapas, para formar un frente común no para perseguirlos, sino para darles todo el apoyo a estas personas para rescatar su dignidad y ofrecerles mejor calidad de vida.
“Nosotros en coordinación con Alianza Liberadora está en proceso la Casa del Migrante, que será el albergue de personas muy vulnerables, que es preventivo para que no caigan en la Trata de Personas, porque a Cancún llega gente que quieren mejorar su calidad de vida o están aquí de paso para irse a Estados Unidos”, indicó.
Márquez Valdivia afirmó que no debemos quejarnos del trato que reciben nuestros connacionales en Estados Unidos cuando aquí somos peor con el manejo de todas estas personas.
Asimismo, destacó que ya se hizo una ley que no se aplica, también existe una Comisión que no sirve, por eso la sociedad organizada es la que le da continuidad a lo poco, de manera aislada, cada quien con su experiencias y buenos deseos, pero no hay una autoridad que aglutine a todas las organizaciones civiles que permitan hacer una fortaleza con las autoridades, porque la ley ahí está, pero debemos actuar hoy.
El presidente de Volver a Empezar recalcó que se debe de hacer una agenda con las responsabilidades, las metas y que tenga una forma de medición, para decirle a la sociedad que tanto se avanza; “aunque sea uno, pero que haya avance”, finalizó
A su vez, Susana Hurtado puntualizó que son cuatro municipios quintanarroenses que presenten luces rojas en el caso de trata de personas: Benito Juárez, Solidaridad, Chetumal y Cozumel.
El problema generalizado, explicó, es que no hay una cultura de la denuncia, pues en el caso de Benito Juárez sólo ha habido “una o dos” denuncias penales en lo que va del año.
Insistió que las autoridades y la sociedad deben unirse y precisar el problema que padece Cancún en ese sentido y mencionó zonas el Callejón de los Milagros, en Punta Cancún, y las avenidas principales donde hay infantes vendiendo productos en lugar de estar en la escuela.
Concluyó al señalar que Seguridad Pública está rescatando a esas criaturas que llevan al DIF, son alrededor de 600 menores de edad por abandono o violencia y hay tres o cuatro infantes que sufrieron violencia y están en el DIF.
