El secretario general del Sindicato de Volqueteros de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) en Benito Juárez, Máximo Antonio Calderón Paredes, denunció hoy a las autoridades federales por permitir que organizaciones foráneas participen en la obra del Proyecto Tren Maya, en vez de contratar a concesionarios locales.
“Somos un buen número de concesionarios, suficientes para atender los trabajos que se requieran. Tenemos una flotilla de cerca de 2 mil 500 camiones dispuestos a participar en el desarrollo del Tren Maya”, explicó.
No es posible que otras centrales obreras, que no tienen concesión estatal para prestar servicio público en el estado vengan a quitarles a los socios concesionarios de Quintana Roo el poco trabajo que hay, dijo Calderón Paredes.
Asimismo, señaló a los sindicatos “Libertad” y CATEM (Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México), como los “beneficiados” por las autoridades federales, “a pesar de que no tienen ningún contrato con la obra”.
En medio de una manifestación en la que participaron diversos sindicatos de volqueteros del estado, el dirigente sindical reveló que la organización “Libertad” pretende “atraer a los socios o concesionarios locales, pidiéndoles que se afilien a ese sindicato y que renuncien a los de aquí”, y sugirió “que se vayan, porque los legítimos concesionarios para prestar el servicio en territorio de Quintana Roo somos nosotros, los que vivimos aquí”.
Apuntó que su petición a las autoridades se hace de manera pacífica y detalló el trayecto del contingente, cuyo destino es Playa del Carmen, donde los esperan los sindicatos del sur del estado para hacer una sola columna y, “sin lesionar el tránsito, daremos una rueda de prensa en el palacio municipal con unas 500 unidades, en representación de las 2 mil que hay en el estado”.
Más adelante, habló sobre la crisis que se vive en el gremio transportista porque muchos concesionarios no tienen trabajo y calculó que la situación afecta a más de 20 mil personas, contando a familias enteras que dependen económicamente del sector.
Además, pidió mayor atención del Instituto de Movilidad al problema del “pirataje” en las unidades de transporte, ya que “hay muchos transportistas piratas trabajando en todo el estado y aquí, en Benito Juárez, estamos pidiendo que hagan su trabajo, porque si no vamos a tener que actuar en defensa de nuestros derechos y concesiones”.
Finalmente, Calderón Paredes denunció a las autoridades del municipio de Isla Mujeres por pretender cobrar un derecho por trabajar ahí: “A mí me quieren cobrar para que yo le cobre al usuario; que no nos ‘agarren’ a nosotros para paliar su crisis porque no tenemos ni para comer”.