El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) dio a conocer inconsistencias en los presuntos mensajes entre integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos que revelaban nueva información acerca de la desaparición y destino de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Los mensajes analizados forman parte del informe presentado por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj) que encabeza el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas.
Al revelar los resultados de los peritajes a esos mensajes ante padres de los 43, los especialistas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos revelaron que no es posible garantizar su autenticidad, por lo que no existe confiabilidad en esas imágenes y no pueden considerarse prueba para judicializar en un caso.
En conferencia, los integrantes del GIEI dejaron claro que ni una de las supuestas pruebas recabadas por la Covaj fue utilizada por la Fiscalía General de la República (FGR) para solicitar 83 órdenes de aprehensión.
En primer término, Francisco Cox dijo que cuando ocurrió el ataque a los normalistas en la ciudad de Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014, en la versión original de WhatsApp no se utilizaba el ícono de videollamada como sí se observa en las capturas de pantalla de los supuestos mensajes entre sicarios.
La segunda inconsistencia detectada a estos mensajes incorporados en el informe de la Covaj corresponde a diferencias en la forma de escritura; “algo inusual en la aplicación”, enfatizó.
La tercera corresponde a la paloma en color azul, “doble check”, que permite en dicha aplicación saber si los mensajes fueron recibidos y leídos. Cox subrayó que esto no es “coherente”, pues la función fue incorporada en WhatsApp en noviembre de 2014, dos meses después de que ocurrió la desaparición.
La cuarta demuestra que “varios” mensajes fueron enviados en fechas posteriores a la generación de la captura de pantalla.
“La fecha de generación de la imagen es anterior a las de creación y envío de los mensajes; por ejemplo, se puede evidenciar que algunos mensajes fueron emitidos el 8 de enero de 2015 y la metadata muestra fecha de creación el 1 de octubre de 2014.
“Por lo tanto, no existe confiabilidad de la imagen, ya que no es posible tener una captura de pantalla de un mensaje que aún no ha sido generado y enviado. En total se logran determinar 181 imágenes tipo screenshot que presentan esta situación”, subrayó.
El peritaje realizado por los expertos también reveló que no es posible verificar la fecha de creación original de los mensajes mediante la herramienta Exiftool, ni tampoco se puede identificar el tipo de celular en el que se encuentra configurada la cuenta de WhatsApp desde la cual se realizó la copia tipo captura de pantalla, objeto del análisis forense solicitado.
A pesar de las inconsistencias, Francisco Cox dijo que esta situación no representa una nueva “verdad histórica”.
Sin embargo, sí es una “torpeza” y una “precipitación” la información dada a conocer por la Comisión de la Verdad.
“No son confiables las capturas de pantalla y los chats, ya se dijo, hay problemas con metadatos, hay problemas con consistencia de fechas… Si son creados o no son creados, no lo sabemos porque no tenemos la fuente original de eso”, respondió tras preguntársele si estos mensajes fueron inventados.
Al respecto, Ángela Buitrago mencionó que “lo que sí hay que investigar es quién los entregó y cómo los obtuvo”.
El GIEI también hizo un llamado a la FGR para que cese con las “simulaciones” e “investigaciones falsas”, como sucede en el caso contra el personal de la Unidad Especializada en Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa que dirigía el fiscal Omar Gómez Trejo.
Ángela Buitrago indicó que esta situación la han denunciado públicamente, ya que la Visitaduría General de la FGR fue la que se desistió de la solicitud de 21 órdenes de aprehensión cuando dicha área ni siquiera conoce la investigación. “Es inconcebible que, estando la Visitaduría en donde no conoció la investigación, se dé el fundamento para retirar esas 21 órdenes de captura que tenían elementos probatorios”.
Van por Aguirre
El abogado del colectivo Nos Faltan 43, Vidulfo Rosales, sostuvo que la detención del ex titular de Seguridad Pública Leonardo Octavio Vázquez por supuestos vínculos con la delincuencia organizada abre la posibilidad de que las investigaciones del caso se dirijan hacia el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero.
Rosales sostuvo que, contrario a lo que señala públicamente, sí hay una investigación que se despliega contra el ex mandatario.
Destacó el hecho de que Aguirre haya anunciado que el ex fiscal Iñaki Blanco Cabrera vaya a ser su abogado en la presentación de una denuncia por daño moral, pues es un abogado “que enfrenta procedimientos penales”.
Dijo que durante la última reunión que los padres y madres de los 43 sostuvieron con el presidente López Obrador se habló de la orden de aprehensión que no se ejecutó contra Blanco Cabrera. “Se va a estudiar la posibilidad de reabrir, eso ya lo hemos platicado con el Presidente”.
Indicó que él no tiene diferencias personales con Aguirre, pues sus comentarios son sobre su responsabilidad como gobernador. “No soy yo, los padres de familia tienen un dolor”.
