La súbita extradición de Joaquín “El Chapo” Guzmán para que sea juzgado en Estados Unidos marca el final de una era en la que fue el capo del narcotráfico más conocido de México y, para algunos, un personaje de leyenda.
Pero muchos en México la ven también como una maniobra cuidadosamente calculada para limitar los costos políticos en que podía incurrir el presidente Enrique Peña Nieto, ya muy impopular debido en parte a la impresión de que no respondió adecuadamente a los duros comentarios de Donald Trump sobre México.
En una conferencia el jueves pasado se preguntó al subprocurador general Alberto Elías Beltrán sobre la extradición, un día antes de la asunción de la presidencia de Estados Unidos por parte de Donald Trump. El fiscal respondió que el Gobierno federal no puede interferir en las decisiones judiciales.
“Hoy fue resuelto y nosotros en términos del tratado internacional teníamos que hacer la entrega inmediata”, afirmó.
Sin embargo, los expertos seguían considerando que el momento del traslado se planificó con cuidado.
“Podría ser una coincidencia, pero creo que eso es improbable”, dijo el analista mexicano de seguridad Alejandro Hope, señalando que la extradición se produjo el último día completo de la presidencia de Barack Obama y horas antes de la investidura de Trump.
“No podían enviarlo después de que Trump asumiera el cargo porque se habría interpretado como un tributo”, dijo Hope. “Pero quizá querían hacerlo lo bastante cerca como para que ambos gobiernos, el saliente y el que llega, pudieran sacar algo de provecho político de esto”.
Otros lo vieron como una recompensa para Obama y un golpe soterrado para Trump, que ha descrito a los inmigrantes que llegan de México a Estados Unidos de forma irregular como delincuentes y “violadores”, además de prometer que construirá un muro a lo largo de toda la frontera y hará que México lo pague.
“El Gobierno mexicano decidió adelantar el plazo porque no quería que Trump estuviera en la presidencia cuando lo enviaran”, dijo Michael Vigil, exdirector de operaciones internacionales para la agencia antidroga de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés). “Querían que Obama se llevara el mérito. Querían enviar un mensaje a Trump de que no se dejarán intimidar”.
Guzmán salió del país el mismo día en que las autoridades mexicanas anunciaron conversaciones de alto nivel en Washington el 25 y 26 de enero. En las negociaciones participarán el nuevo canciller mexicano Luis Videgaray y miembros del Gobierno de Trump como el secretario de la Casa Blanca Reince Priebus y dos de los principales asesores de Trump, su yerno Jared Kushner y Stephen Bannon.
El momento elegido también transmite el mensaje de que México se toma en serio la cooperación en la lucha contra las drogas independientemente de quién ocupe la Casa Blanca, dijo Hope.
El senador Miguel Barbosa, del opositor Partido Revolución Democrática (PRD), afirmó que el traslado parecía ser la única opción luego de las dos bochornosas fugas de Guzmán de penales de máxima seguridad.