FGR investiga a Halina Urbina y a ejecutivos de Singapur por fraude y corrupción

La Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado una investigación que apunta directamente a Halina Urbina, Country Manager de CH Offshore Ltd en México, y a varios altos ejecutivos de la empresa pública de Singapur.

La empresa se encuentra bajo sospecha de incurrir en prácticas fraudulentas y corruptas relacionadas con la renta de embarcaciones a empresarios mexicanos, lo que ha generado un fuerte impacto en el sector marítimo del país.

CH Offshore Ltd, con sede en Singapur y dirigida por Benety Chang (CEO), Jeanette Chang (Directora y miembro del Consejo de Administración), y Kenny Lim (Director de CHO Ship Management PTE LTD), enfrenta múltiples denuncias de fraude por entregar embarcaciones en condiciones inadecuadas y con cláusulas contractuales que perjudican a sus clientes.

Estas denuncias han detonado una investigación que también involucra a funcionarios mexicanos, acusados de aceptar sobornos para facilitar las operaciones irregulares de la empresa en puertos del país.

Uno de los puntos centrales de la investigación es la naturaleza abusiva de los contratos que CH Offshore Ltd impone a sus clientes en México.

Los empresarios afectados señalan que, además de recibir embarcaciones en mal estado o sin la documentación necesaria, los contratos incluyen cláusulas que obligan a los clientes a seguir pagando rentas aun cuando las embarcaciones no están en condiciones de operar. Estos términos contractuales, sumamente ventajosos para la empresa, han dejado a varios empresarios mexicanos en situaciones financieras complicadas.

Lo que agrava la situación es que los contratos estipulan que cualquier disputa legal debe resolverse mediante un Tribunal Arbitral en Singapur, lo que deja a los empresarios mexicanos en una clara desventaja, ya que, según los denunciantes, este tribunal favorece sistemáticamente a CH Offshore Ltd.

Urbina.

Las investigaciones de la FGR no solo se enfocan en los abusos contractuales, sino también en presuntos actos de corrupción cometidos en puertos mexicanos.

Halina Urbina, en su calidad de representante de CH Offshore Ltd en México, habría sido una de las principales responsables de gestionar la salida de embarcaciones de los puertos nacionales sin cumplir con los trámites aduaneros requeridos.

Esto habría sido posible gracias a sobornos pagados a funcionarios corruptos, permitiendo a la empresa operar fuera de la ley.

Entre los colaboradores de Urbina que están siendo investigados se encuentran los representantes legales de CH Offshore Ltd en México: Carlos Rafael Murillo Rivas, Roberto Alejandro Martínez Alcántara, Ernesto Romero Elizalde y Ricardo Arredondo Eguren.

Se sospecha que estos apoderados participaron activamente en las maniobras para evadir las normativas mexicanas, beneficiando a CH Offshore Ltd y perjudicando a los empresarios nacionales.

Empresarios mexicanos afectados por las prácticas de CH Offshore Ltd han llevado sus casos ante las autoridades en busca de una solución.

Muchos de ellos aseguran que han perdido grandes sumas de dinero debido a las embarcaciones defectuosas y a las cláusulas contractuales que les impiden defenderse legalmente en México.

Aunque la FGR ha dado pasos importantes al iniciar esta investigación, los empresarios han expresado su preocupación de que las condiciones impuestas por los contratos y la intervención del tribunal en Singapur podrían hacer que el caso se complique aún más.

A pesar de la gravedad de las acusaciones, algunos temen que la empresa continúe operando impunemente en el país, mientras los afectados siguen sin una solución clara.

Este caso ha puesto en evidencia un problema recurrente en las relaciones comerciales entre empresas extranjeras y mexicanas: la desprotección legal que sufren los empresarios locales cuando se enfrentan a contratos con cláusulas que privilegian a las corporaciones internacionales.

La investigación contra Halina Urbina y los altos ejecutivos de CH Offshore Ltd es solo un ejemplo más de cómo el sistema actual favorece a los poderosos, dejando a los empresarios mexicanos luchando por justicia en tribunales lejanos y poco accesibles.

El futuro de esta investigación está por definirse, pero lo que es claro es que tanto Halina Urbina como los ejecutivos de Singapur estarán bajo una intensa escrutinio mientras las autoridades buscan desenmarañar la red de corrupción y fraude que ha afectado a un sector clave de la economía mexicana.

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