Fiscal precisa que hotel que se quemó en Tulum no estaba bajo resguardo

Oscar Montes de Oca, fiscal General del Estado, dijo que se investiga las causas del incendio de nueve palapas de un hotel, ocurrido en la carretera Tulum-Boca Paila, pues no estaba en operación al mantenerse un litigio, y tampoco se encuentra asegurado, pues en su momento se entregó al propietario.

El funcionario señaló que derivado de un conflicto, el hotel Alma está bajo resguardo del propietario, el cual tiene pleno dominio y posesión del predio, y aunque están en espera de que se presente a realizar la manifestación correspondiente, ya iniciaron investigaciones con entrevistas a testigos y van a esperar el dictamen pericial para saber el origen o la causa.

“Reitero no estaba asegurado por la Fiscalía, hubo un conflicto, en noviembre pasado por el cual el hotel quedó bajo resguardo, pero luego se entregó a su legítimo propietario. Cuando hay previos como estos en litigio, pues se presumen muchas cosas, como venganza, autoatentados, o simplemente fue un accidente”, añadió.

Respecto al balance semanal, mencionó que hubo 123 detenidas, de los cuales 32 fueron por delitos contra la salud, cuatro por violencia familiar, siete por robos, dos por homicidio, una por extorsión, y de ellas 19 quedaron vinculadas a proceso, 16 con prisión preventiva.

Hubo tres cateos y obtuvimos dos sentencias, una por homicidio con 32 años de prisión, y la otra por robo con siete años.

Entrevistado por Radio Fórmula, expresó que en el transcurso de la semana pasada fueron presentados dos hombres y una mujer por su probable participación en el delito de feminicidio, cometido en Chetumal, y confío en que serán involucrados a proceso, pues cuentan con sólidas evidencias y pruebas contra esas personas.

En otro asunto, mencionó que la FGE colaboró en la detención en Cancún de una persona, que es buscada por la Fiscalía de Baja California por el delito de pederastia, cometido contra más de una docena de víctimas.

Por último, manifestó que la FGE recuperó más de 81 millones de pesos por concepto de reparación de daño a favor de víctimas a través de la justicia alternativa.

Salir de la versión móvil