Tres trabajadoras que fueron víctimas de acoso sexual en el servicio médico de la Cámara de Diputados llevaron sus acusaciones administrativas al ámbito penal, pues presentaron formal denuncia en contra del doctor identificado con las siglas RJRP, ahora extrabajador de San Lázaro.
Ayer, la Cámara de Diputados informó que brindó acompañamiento jurídico a las tres víctimas de “abuso sexual”, de modo que quedó integrada ante la Fiscalía Central de Investigación de Delitos Sexuales la carpeta de investigación CI-FDS/FDS-6/UI-FDS-06-02/00334/03-2020.
La semana pasada la Cámara rescindió el contrato del médico que durante más de un año prestó sus servicios en San Lázaro y ahora enfrentará las denuncias penales por su presunta conducta.
La secretaria General de la Cámara, Graciela Báez Ricárdez, aseguró en entrevista que a raíz de que la semana pasada se destaparon los primeros casos; hay “otras compañeras que quieren denunciar.
“Muchas veces cuando empieza alguien a denunciar salen muchas otras. Entonces, todas esas acusaciones aquí las estamos recibiendo; además, estamos haciendo un acompañamiento jurídico según los lineamientos”, dijo.
Insistió en que el médico fue destituido “porque tuvimos pruebas contundentes de lo que lamentablemente habían sufrido algunas compañeras, por eso fue que lo retiramos de su cargo en cuanto tuvimos el expediente completo”.
Además, la Cámara informó que la Dirección General de Asuntos Jurídicos y la Unidad para la Igualdad de Género fueron instruidas a trabajar de manera coordinada y aplicar los protocolos para prevenir y atender los actos de violencia.
El pasado 12 de febrero se aprobaron en la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos los Lineamientos del Comité para la Institucionalización de la Política de Igualdad y no Discriminación y del Procedimiento para Prevenir y Atender Actos de Violencia, Acoso y Hostigamiento Sexual y Laboral, mismos que se han seguido, al menos, en el caso del médico.
En lo administrativo, hay tres quejas ante la Contraloría Interna, misma que inició el procedimiento administrativo con número de expediente DGQDI/1.3/217/2020.
En lo laboral se rescindió el contrato por honorarios “del doctor RJRP, para respetar la garantía de presunción de inocencia y el sigilo de la investigación penal”, de forma unilateral.
En lo penal se brindó acompañamiento jurídico “a tres de las víctimas de abuso sexual” que el pasado 6 de marzo presentaron su denuncia ante la fiscalía.