Las obras de construcción de una gasolinera de la cadena FullGas continúan a pesar de la clausura impuesta por la Dirección de Protección Civil de Puerto Morelos, debido a una serie de irregularidades.
Sin embargo, los directivos de la empresa Servicios Ecológicos Aventura, S.A. de C.V., a la que pertenece la estación de servicio en construcción, ordenaron a la constructora romper los sellos y continuar los trabajos sin cumplir con los requisitos ambientales exigidos por la ley ni con las disposiciones de protección civil.
El caso ha generado fuertes cuestionamientos entre la población portomorelense, ya que, aunque la obra fue suspendida y clausurada por una dependencia municipal, continuó bajo la protección de la Dirección de Ecología, Medio Ambiente y Movilidad Sustentable, a cargo de Aimee Rodríguez Vivas.
Aimee Rodríguez ha sido señalada por facilitar la construcción sin las autorizaciones correspondientes, a pesar de que la fracción III del reglamento interno del Ayuntamiento establece que ejecutar construcciones sin licencia o sin regularización es motivo de penalización, una condición claramente incumplida en este caso.
Esta contradicción entre dos autoridades del mismo gobierno ha puesto a Aimee Rodríguez en el ojo del huracán, pues se le vincula con un esquema de sobornos que ha permitido la construcción de gasolineras sin los permisos adecuados. En el municipio, se ha detectado un crecimiento descontrolado de estaciones de servicio, favoreciendo en particular al grupo gasolinero FullGas, propiedad del empresario Sebastián Figueroa Gasque.
De acuerdo con investigaciones del gobierno federal, FullGas ha expandido su red de estaciones de servicio en México y Centroamérica mediante un modelo de operación que ignora trámites esenciales.
En Puerto Morelos, la empresa ni siquiera ha tramitado el cambio de uso de suelo, un requisito indispensable ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Dichos permisos garantizan el cumplimiento de normativas ambientales y la protección del ecosistema, pero han sido ignorados en beneficio de intereses empresariales y políticos.
La construcción ilegal de esta gasolinera no solo vulnera las regulaciones ambientales y urbanísticas, sino que también representa una grave infracción al Código de Protección Civil del Ayuntamiento. Según los artículos 334 y 336 del reglamento de construcción municipal, estas irregularidades conllevan multas que van del 5 al 10% del valor del inmueble, según el avalúo de un perito registrado ante la Secretaría General de Gobierno del Estado.
A pesar de las órdenes de suspensión, la empresa constructora ha continuado con la obra, lo que implica sanciones adicionales conforme a la fracción II del artículo 334. En caso de reincidencia, el artículo 336 estipula que la multa se duplicará. No obstante, la impunidad con la que ha avanzado este proyecto sugiere una complicidad entre Aimee Rodríguez Vivas y FullGas, permitiendo que la construcción continúe sin consecuencias legales.
A pesar de su nombre, Servicios Ecológicos Aventura ha puesto en duda su compromiso con el respeto al medio ambiente. Tras la clausura, la obra reanudó la instalación de tanques de almacenamiento de combustible sin medidas de mitigación ni supervisión regulatoria. Esta situación representa un riesgo latente para la comunidad y el ecosistema de la región.
La expansión ilegal de estaciones de servicio en Puerto Morelos no es un caso aislado. Un esquema similar se repite en otros municipios con el mismo modus operandi. Bajo la razón social Servicios Ecológicos Chichén Itzá, S.A. de C.V., se ha identificado la construcción de otra gasolinera irregular en la Avenida Chichén Itzá, supermanzana 59, en Cancún.
A pesar de las alertas emitidas por instancias estatales, hasta el momento, la obra sigue en marcha. Sin embargo, fuentes gubernamentales confirman que ambas estaciones están bajo investigación y podrían ser clausuradas en los próximos días. Además, el desempeño de los funcionarios involucrados está siendo evaluado por posibles actos de corrupción y negligencia.
Antecedentes de corrupción
Las acusaciones contra Aimee Regina Rodríguez Vivas no son nuevas. Su carrera política ha estado marcada por el uso discrecional de cargos públicos en beneficio personal. Durante la administración de la exalcaldesa Laura Fernández Piña, Rodríguez Vivas se adjudicó un contrato de renta en condiciones irregulares, incluyendo una cláusula que establecía el pago completo de la renta mensual, sin importar si el inmueble se utilizaba solo por un día.
Dicho contrato representó un gasto de 642,060 pesos en recursos públicos, evidenciando una administración discrecional de fondos. Estas prácticas han sido una constante en su desempeño como funcionaria, colocándola en el centro de un entramado de favores y corrupción que mina la confianza en la administración municipal.
El caso de la gasolinera en Puerto Morelos es solo un reflejo de un problema mayor: la impunidad y corrupción en la construcción de estaciones de servicio sin regulaciones. La complicidad entre empresarios y funcionarios ha permitido que estos proyectos avancen sin el debido cumplimiento de las normas ambientales y urbanísticas.
Las investigaciones en curso determinarán la responsabilidad de los involucrados y, en su caso, la aplicación de sanciones correspondientes. Sin embargo, queda claro que el municipio de Puerto Morelos enfrenta un reto urgente en materia de transparencia y regulación urbana, a fin de garantizar un desarrollo sostenible y apegado a la legalidad.