PUERTO MORELOS, 27 de mayo. -Fue presentada una queja ante el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) contra funcionarios de la alcaldesa de Puerto Morelos, Blanca Merari Tziu Muñoz, por realizar actos proselitistas durante el horario laboral y con recursos del erario municipal en favor de una aspirante a diputada.
La denuncia interpuesta por la representación del PRD ante el Instituto, da evidencia de que empleadas del Ayuntamiento de Puerto Morelos identificadas como Sandra Margarita Domínguez Flores, Edith Loría Jiménez, María Guadalupe Hoy Chan y Luiza Esperanza Díaz Can, así como el director municipal de Recurso Humanos, Santos Julián Medina Cab, se han presentado a mítines de proselitismo político en favor de candidaturas a diputaciones de la coalición “Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo” en horario de oficina, dejando a un lado sus funciones administrativas.
Esta situación contraviene el artículo 166 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo que establece que “los servidores públicos del Estado y los Municipios, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos”.
Además de los artículos 293 y 400 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Quintana Roo, que obliga a los empleados de gobierno de abstenerse de utilizar nombre, imágenes, voces o símbolos que impliquen una promoción personalizada de servidores públicos.
Ante lo expuesto, se ha solicitado al Ieqroo inicie el Procedimiento Especial Sancionador (PES) contra estos servidores, que encabezados por Santos Julián Medina Cab y pese a recibir una percepción salarial por funciones en el gobierno municipal de Blanca Merari Tziu Muñoz, están dedicando tiempo completo a fomentar y promover la imagen de la candidata a diputada del Distrito 4, Cristina Alcérreca Manzanero.
Por lo que el representante del PRD solicitó que se investigue y aplique las responsabilidades administrativas o las denuncias ante el agente del Ministerio Público que deba conocer de estos actos, a fin de que se proceda en los términos de las leyes aplicables.