Buenos Aires | Germán de los Santos | La Nación
El certificado de depósito para inversión (Cedin), que el gobierno de Argentina prorrogó por novena vez y puso en marcha en 2013, no fue un éxito en materia económica, pero le sirvió mucho en nuestro país, y mucho, al ex alcalde de Cancún Gregorio Sánchez Martínez, quien estuvo preso en México hasta 2011 por operaciones de narcotráfico y lavado de dinero.
De acuerdo con una publicación de La Nación, uno de los principales periódicos de Argentina, a Sánchez Martínez ahora lo investigan porque con los denominados “cedines” en 2014 realizó cuatro operaciones: compró tres camionetas y un cuatriciclo. Además, con dos millones de dólares que nunca declaró, adquirió un campo de 900 hectáreas en una zona privilegiada de Entre Ríos, Argentina,luego transferido a una empresa fantasma que también sería de él.
Las operaciones que hizo Gregorio Sánchez Martínez y su mujer, nacida en Cuba, Niurka Saliva Benítez, durante los dos años que estuvieron en la Argentina (vivieron en las provincias de Mendoza, Misiones y Entre Ríos) están en la actualidad bajo la lupa de la justicia, luego de que la Unidad de Información Financiera presentara cuatro reportes de operaciones sospechosas (ROS) sobre el ex intendente de Benito Juárez, donde está Cancún.
Sánchez Martínez se radicó con su familia en la Argentina en octubre de 2013, dos años después de salir de la cárcel. Este político mexicano fue intendente del municipio de Benito Juárez entre 2008 y 2010. En mayo de 2010 fue detenido por narcotráfico y lavado de activos en México, por sus vinculaciones con peligrosos carteles del narcotráfico como el de Los Zetas, Sinaloa y Beltrán Leiva, según la Procuraduría General de la República (PGR). Luego el ex alcalde fue liberado por la justicia mexicana.
Tras llegar a la Argentina, donde no declaró ninguna actividad económica ni tampoco el ingreso de dinero, comenzó a hacer varios negocios. Y ahí empezaron a activarse las alertas financieras.
Sánchez Martínez hizo cuatro operaciones, en 2014, de compra de vehículos. Adquirió el 14 de marzo de ese año un cuatriciclo marca Polaris por un valor de 11,880 dólares y una camioneta marca Toyota por 30,072 dólares.
El pago de los vehículos lo hizo con cedines, “sin que se presentara la documentación contable que avalara la operación del dinero”, según informó la Unidad de Información Financiera (UIF). El 30 de octubre sumó a su flota personal una camioneta Chevrolet Tracker por 14,517 dólares y el 28 de enero de ese año su esposa compró otra camioneta, esta vez una Chevrolet Captiva por 29,035 dólares.
Se sumó otro informe sospechoso al expediente 274/15, luego de que la empresa La Segunda Coop. Ltda de Seguros Generales reportara que Saliva Benítez había contratado seguros para el campo y los vehículos “sin capacidad económica suficiente para adquirirlos”.
A causa de estos nuevos reportes sospechosos la UIF y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) pidieron a la fiscalía de Posadas, a cargo de Jorge Campitelli, que reabra una causa que rápidamente cerró el 15 de marzo la jueza federal Verónica Sakanata. Inclusive, el propio Sánchez Martínez, a través de un comunicado que difundió desde México, llenó de elogios la decisión de la magistrada argentina.
Es investigado y se fue a México
En mayo de 2014 Sánchez Martínez, quien se volvió a México con su familia luego de que empezaran a investigarlo en la Argentina, compró el rancho San Silvestre, cerca de La Paz. Este campo ocupa más de 900 hectáreas en una privilegiada zona de islas, que es un punto estratégico en el transporte fluvial por la hidrovía.
Se supo que este predio lo adquirió el 13 de abril de 2014 a 2.000.000 de dólares a la empresa El Raigón, propiedad de dos inversores estadounidenses. Lo pagó con un cheque del banco JP Morgan. El campo fue puesto a nombre de Neftalí Gregorio Sánchez Saliva, el hijo de dos años del ex alcalde de Cancún.
Lo que llamó la atención a los investigadores es que el 13 de enero de 2014 Niurka Alba Saliva Benítez donó a su pequeño hijo dos millones de dólares en concepto de anticipo de herencia anticipada, que provenían de la empresa GNA Dolphin LLC, con sede en Miami.
Pero lo que aparece como una inconsistencia para la UIF y sospechas para la Procelac es que dos años antes de que se realizara la compra del campo esa firma en Miami había vendido el edificio donde supuestamente funcionaba a 3,1 millones de dólares, que era el único capital.
Ese campo situado cerca de la localidad entrerriana de La Paz fue allanado por la AFIP y la Gendarmería el 13 de marzo de 2014 por supuesto lavado de dinero. En esa estancia se encontró “gran cantidad de dinero” y en la ribera del río Paraná estaba amarrada una embarcación de nombre Niurkys, que sería del político mexicano. También se incautó documentación sobre propiedades en Paraguay, que ahora están siendo investigadas.
Antes de partir a México, Sánchez Martínez arrendó esa estancia a la firma Jeantes SA. Según las fuentes consultadas, los socios de esta firma han conformado gran cantidad de empresas radicadas en el mismo domicilio: Lascano 3928, de la ciudad de Buenos Aires. De acuerdo con la investigación, los dos titulares de esta firma, una mujer y un hombre de apellido Berdichevsky, serían testaferros de Sánchez Martínez. Dos vehículos de Jeantes SA poseen cédulas de autorización para conducir a nombre de Sánchez Martínez.
Dos fiscales de la Procuraduría General de México estuvieron en Buenos Aires para interiorizarse sobre la causa, y aportar información sobre Sánchez Martínez, que -de acuerdo con la investigación que se lleva adelante en Misiones está vinculado al francés Thierry André Polus, quien está detenido desde 2013 en la cárcel de Resistencia, y ahora está a punto de ir a juicio por una causa por contrabando de marihuana a Chile. Según los investigadores, Polus usaba dinero de Sánchez Martínez para comprar grandes cargamentos de droga en Paraguay.
Un hombre muy fotogénico
Entre el 22 y el 23 de febrero de 2010, jefes de Estado y de gobierno de países de América latina y el Caribe estuvieron en Playa del Carmen, en México, en una reunión de consulta y concertación política que se denominó Grupo de Río. También participaron distintos políticos y funcionarios mexicanos, entre ellos el por entonces exitoso empresario y alcalde de Cancún, Gregorio Sánchez Martínez -dos meses después sería detenido por la justicia mexicana-, quien no perdió ocasión de sacarse fotografías junto a mandatarios como Hugo Chávez, de Venezuela; Raúl Castro, de Cuba, y Cristina Fernández de Kirchner.
