• Las remesas no deberían ser razón de orgullo, por el contrario, reflejan lo mal que se encuentra el país en materia económica: Dip. Laura Fernández
• “Paquete Contra la Inflación y la Carestía”, acuerdo con empresarios para que vendan barato, aunque sea leche contaminada, maíz para uso veterinario, y no cumplan estándares mínimos de inocuidad y contenido nutrimental: Dip: Miguel Torres
México, 6 de octubre 2022.- El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD), emplazó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a implementar, en lo que queda de su gobierno, una auténtica estrategia económica que genere riqueza, empleos, y frene el retroceso, no a apostar por que las remesas le resuelvan la crisis, ni invitar al empresariado a mantener bajos precios en productos básicos, a costa de la salud de la población.
A través de los diputados Miguel Ángel Torres Rosales y Laura Fernández Piña, el GPPRD acusó que, contrario al crecimiento del 6 por ciento ofrecido por López Obrador desde su campaña; las y los mexicanos seguimos siendo testigos de un retroceso de dos sexenios que genera más pobreza; desempleo, violencia e inestabilidad, pese a las diversas maniobras anunciadas como “la mejor solución económica” –incluso- desde antes de la pandemia del Covid-19.
En el marco del análisis del cuarto informe de gobierno los perredistas evidenciaron que la política económica en el país es inexistente y lo único que se ha visto son “ocurrencias espontáneas y decisiones no articuladas”.
“Hoy, el semáforo de los puestos de trabajo está en rojo, dijo en su oportunidad ente el Pleno, Miguel Ángel Torres Rosales. Recordó que el presidente y sus diversos secretarios de Hacienda, han implementado ya diversas estrategias sin resultados; la más reciente: el “Paquete Contra la Inflación y la Carestía”, que plantea como pilar, el logro de acuerdos con empresarios para que –ante la pérdida del poder adquisitivo que están cobrando los ingresos de la gente- no aumenten los precios y continuar con los subsidios de gasolinas.
Acusó sin embargo que, a cambio de que no suban los precios, se ofrece a los empresarios que incumplan con disposiciones regulatorias para la importación de alimentos y materias primas, poniendo en riesgo ahora la salud de las y los mexicanos.
“Vendan barato, por favor, aunque sea leche contaminada, aunque sea maíz para uso veterinario, aunque no cumplan con los estándares mínimos de inocuidad y contenido nutrimental, solo vendan barato, aunque los productos sean de baja calidad y contenido alimenticio”, recriminó.
Es necesario –dijo Torres Rosales- que el Gobierno plantee una estrategia diferente: “Debemos frenar esta caída; generar programas que permitan la construcción de capacidades productivas, no que subsidien el consumo; cambiar el modelo de perpetuación de pobreza, por uno de generación de oportunidades”.
“Primero los pobres”, no debe significar hacer más pobres a los ricos, sino hacer más ricos a los pobres, y que poco más de 60 millones de connacionales puedan ensanchar la clase media a través de políticas progresivas que planteen la verdadera distribución de la riqueza, resaltó.
Los perredistas coincidieron en señalar que durante la pandemia, por COVID19, se evidenció con más crudeza la nula planeación en este rubro, ya que no hubo una estrategia; en la reactivación económica.
Al respecto, la Diputada Laura Fernández Piña acusó que “la pandemia fue mal abordada, y los resultados hablan por sí mismos: La falta de planeación nos llevó a no prepararnos para hacerle frente. La suspensión de actividades tardía no detuvo a tiempo los contagios; la falta de estímulos económicos a las micro, pequeñas y medianas empresas sumada a una campaña de vacunación lenta y con falta de planeación, propició el cierre de negocios y con ello, la pérdida de miles de empleos y una mayor contracción de la que aún no podemos recuperarnos”, citó.
“Vendrán a decir que el salario mínimo ha incrementado más del 60 por ciento; pero se les olvida que esto solo aplica al 30 de cada cien trabajadores formales. Solo hay que recordar, agregó el diputado Torres Rosales, que vivimos en un país donde la informalidad está por encima del 50 por ciento”.
En este tenor, la diputada Fernández Piña abonó sobre el tema de las remesas históricas que han llegado al país y que son factor sobre el cual el gobierno de López Obrador se ha escudado para afirmar que “vamos bien”; aclaró sin embargo que no debería ser razón de orgullo, ya que éstas reflejan lo mal que se encuentra nuestro país en materia económica.
“Las remesas (5 mil 122 millones de dólares en agosto de 2022, 7.9% más respecto al año pasado, de acuerdo con Banxico), dan constancia de la precarización del mercado interno, al grado de que hemos sido -durante cuatro años- impulsores del flujo de connacionales a Estados Unidos, porque no hemos generado los trabajos necesarios para estas personas, ni mantener los niveles de empleo que se tenían hasta antes de inicio de esta administración”, aclaró.
Además, agregó la legisladora por Quintana Roo, representan el esfuerzo individual de las y los mexicanos por proveer de lo mínimo necesario a sus familias, teniendo que cruzar la frontera y alejarse de los suyos porque aquí, el Gobierno no genera fuentes de trabajo.
Laura Fernández recordó que, en cuatro años de gobierno de López Obrador, la economía de México ha perdido hasta las valoraciones internacionales que había venido ganando: De tener una calificación crediticia positiva a neutral, lo que ha resultado en la pérdida del 10 por ciento de inversión extranjera, y volvemos a lo mismo, no hay empleos ni riqueza para la gente.
Urgió a plantear una política económica –hoy inexistente- “estamos a tiempo de establecer mecanismos que permitan detener el retroceso económico que estamos teniendo”, acotó.
“Se deben reorientar los recursos y no malgastar, porque ahí tenemos a la refinería de Dos Bocas, proyectaron gastar ocho mil millones y van 20 mil millones; la cancelación del NAIM nos costó 200 mil millones; más los errores de BIRMEX y los desfalcos de SEGALMEX, entre otros. Debemos detenernos y hacer una correcta evaluación del costo–beneficio de esos proyectos del gobierno”, remató Laura Fernández.
