Dice un refrán mexicano que cuando el perro es bravo, hasta a los de casa muerde.
Eso ocurrió la noche del martes en la Cámara de Senadores, donde la mayoría de la 4T no solo pasó por encima de la cada vez más menguada oposición, sino también de algunos de sus propios legisladores, quienes intentaron que se reconsiderara el cobro de $860 pesos por cada turista de crucero que toque tierras mexicanas.
Con Cozumel y Mahahual como líderes mundiales en el segmento de turismo de cruceros, Quintana Roo capta casi el 60% de los turistas que llegan a México por esa vía. Cabo San Lucas, en Baja California Sur, recibe alrededor del 6%, mientras que otros puertos del Pacífico comparten porcentajes similares.
Durante la sesión del martes, cuando el Senado aprobó la nueva Ley Federal de Derechos, que establece este cobro, los senadores morenistas por Quintana Roo Anahí González Hernández y Eugenio Segura Vázquez propusieron “suavizar” el impacto de la medida y que parte de los recursos recaudados se destinen a la inversión en infraestructura de los puertos que reciben cruceros, en lugar de enviarlos completamente a las arcas federales.
El también senador morenista por Baja California Sur, Homero Davis Castro, planteó igualmente que se reconsiderara la aplicación del Derecho de No Residente (DNR). Sin embargo, ninguno de los tres tuvo éxito. Fueron rechazados por su propia bancada, dándoles una probadita de su propio chocolate.
Incluso, la senadora panista por Quintana Roo, Mayuli Martínez Simón, expresó en tribuna estar de acuerdo con que los cruceristas paguen un derecho al ingresar al país, pero insistió en que debe ser proporcional a su estancia. Señaló que no debería ser el mismo cobro de $860 pesos que se aplica a los turistas que llegan por vía aérea y permanecen varios días, considerando que el turismo de cruceros solo permanece unas pocas horas en los puertos.
Ninguno de los argumentos, respaldados con números y proyecciones, fue tomado en cuenta.
Ante este panorama, el senador yucateco del Partido Verde, Jorge Carlos Ramírez Marín, quien había anticipado un posicionamiento en defensa de los intereses de Progreso, otro puerto que recibe cruceros, optó por esfumarse. No acudió a la tribuna cuando fue llamado por Gerardo Fernández Noroña.
A partir de febrero, cuando entre en vigor la medida, el primer impacto será para las navieras, que tendrán que absorber este nuevo impuesto en el primer semestre de 2024, ya que los paquetes turísticos ya fueron vendidos.
En el segundo semestre, el golpe podría trasladarse a los prestadores de servicios locales si las navieras deciden reducir sus llegadas a México debido a que los puertos nacionales serán más caros que otros en el Caribe.
Incluso si las llegadas de cruceros no disminuyen, los turistas probablemente reducirán su gasto promedio. Los $860 pesos (equivalentes a 42 dólares) representan la mitad del gasto promedio que realizan actualmente en Cozumel. Con menos ingresos, los negocios locales podrían reducir personal y, como resultado, disminuir sus aportaciones por impuestos federales, afectando también la recaudación de los ayuntamientos y el gobierno estatal.
El desenlace de esta medida es claro: México está jugando con fuego en uno de sus pilares turísticos más importantes. Gravar a los turistas sin medir las consecuencias puede convertir a sus puertos turísticos en comunidades debilitadas económicamente, dejando no solo menos ingresos, sino también una lección de cómo un mal cálculo puede dinamitar años de liderazgo y confianza internacional.
Al final, al gobierno federal podría salirle más caro el caldo que las albóndigas.— 4 de diciembre de 2024.
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