Palco Quintanarroense
Incongruencia legal
Julio César Silva Cetina
Aunque a trompicones, sin estar exento de barreras invisibles que les siguen imponiendo, el reconocimiento social a algunos grupos de la población, especialmente al denominado lésbico-gay, avanza a tal grado que rebasa la capacidad de respuesta del Estado mexicano.
En algunos estratos de la política y la burocracia todavía están enraizadas resistencias producto de viejas creencias, tabús que irremediablemente continuarán varios años más. Sólo el tiempo, con el cambio generacional que inserta nuevas ideas, podrá romperlos y no totalmente, como se ve en algunos países de vanguardia.
Sin duda las luchas sociales, las revoluciones llevan años, incluso décadas. El muro de Berlín no se derribó de la noche a la mañana; el reconocimiento de los derechos civiles de los negros en Estados Unidos tampoco se dio en unos cuantos días. La democratización misma de México lleva por lo menos cuatro décadas y parece inacabable.
Y lo mismo ocurrirá con el reconocimiento pleno de los derechos de las parejas del mismo sexo que deciden casarse en las tres entidades de la República donde pueden hacerlo, como en el caso de Quintana Roo.
Pero el permitirles contraer nupcias de manera legal no lo es todo, porque una vez casados enfrentan verdaderos Viacrusis para lograr el reconocimiento legal ante otras instituciones, como las de seguridad social, por ejemplo o, incluso, ante instancias como la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Las autoridades de todos los niveles y las legislaturas bien harían en abonar para hacer concurrir las leyes en un mismo sentido en beneficio de ese sector vulnerable de la población, que ante la indefinición legal queda aún más desprotegida en muchos sentidos.
Por ejemplo, está el caso de las parejas de homosexuales que quieren ser padres, que buscan los mecanismos para lograrlo, pero están a merced de una industria con tintes mafiosas que aprovechan la falta de uniformidad de leyes para situaciones que, incluso, puede prestarse al tráfico de personas.
Hay parejas de extranjeros que vienen a Cancún a casarse y luego buscan tener hijos por medio del arrendamiento de vientre que es legal en Tabasco, pero en ninguna otra parte del país. Y hay empresas que ofrecen ese servicio en Quintana Roo justamente para prestarlos en Villahermosa. Una vez que nace el bebé, éste es registrado en la Ciudad de México pero ante la falta del nombre de una madre en el acta de nacimiento Relaciones Exteriores no otorga el pasaporte mexicano.
Es todo un enredo en el que atraviesan actualmente por lo menos seis parejas de extranjeros que están varados en Cancún y es también toda una maraña legal que tiene que eliminarse para proteger todos los flancos, pero también para regular esas empresas que “venden” vientres maternos y que ya empiezan a traficar con óvulos que compran a jovencitas.
Se trata de un trompo a la uña. ¿Quién se lo hecha? Cierto, es un tema difícil, caliente, pero hay que abordarlo.
Platea
La nueva reforma política que llevaría a reducir a dos años el período de los próximos ayuntamientos y diputados locales –y quizá a cinco el del Gobernador- es otro trompo a la uña, pero ese ya está en la agenda del Congreso.
Habrá mucho fuego de artificio al respecto, pero al final debe privilegiarse el diálogo y los acuerdos. Que no ocurra lo de hace seis años, cuando la reforma se hizo a fuerzas y mal.
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