Ciudad de México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó sanciones para los candidatos a cargos del Poder Judicial que no presenten su Informe Único de Gastos de campaña, aunque sin que esto implique la cancelación de su registro.
Durante la sesión, un grupo de consejeros propuso que la omisión del informe conllevara la pérdida del registro de la candidatura. Sin embargo, tras una discusión, la mayoría respaldó la postura del consejero Martín Faz, quien planteó sanciones económicas y administrativas sin afectar directamente la participación de los aspirantes.
Además de esta medida, se estableció que aquellos candidatos que reciban recursos públicos o privados de manera indebida, o que participen en eventos de partidos políticos, podrán ser sancionados dependiendo de la gravedad de la falta.
Las penalizaciones incluyen amonestaciones públicas y multas que pueden alcanzar los 565 mil 700 pesos para quienes incumplan las normas sobre el origen y destino de los recursos utilizados en campaña.
Restricciones a la promoción de candidatos
El INE también aprobó limitaciones estrictas en la promoción de los aspirantes. No podrán aparecer en espectaculares, bardas o cualquier otro medio en la vía pública. Además, deberán financiar sus gastos de campaña con recursos propios, los cuales solo podrán destinar a traslados, combustible, hospedaje y alimentos.
Si bien pueden invertir en propaganda impresa y en la producción de contenido para redes sociales, no podrán pagar publicidad en medios de comunicación, radio, televisión o plataformas digitales. Cualquier mención en redes deberá ser espontánea y sin inversión económica por parte del candidato o terceros.
Fiscalización rigurosa
El proceso de fiscalización será una tarea compleja para el INE, pues deberá supervisar más de 5 mil 300 candidaturas, incluyendo jueces locales y contendientes por las Alcaldías de Durango y Veracruz.
Para ello, el Instituto podrá solicitar información sobre cuentas y bienes personales de los candidatos, así como de sus cónyuges o dependientes económicos, con el fin de detectar inconsistencias o posibles irregularidades en su patrimonio.
Asimismo, los aspirantes tienen prohibido realizar rifas, sorteos o recibir donaciones para financiar su campaña, y se vigilará cualquier posible desvío de recursos públicos desde gobiernos, congresos o poderes judiciales.
Finalmente, el INE reiteró que los partidos políticos y organizaciones que buscan convertirse en nuevos institutos políticos no podrán influir en la elección ni promocionar a los candidatos del Poder Judicial.
