Ciudad de México, 24 de abril de 2025 — El Instituto Nacional Electoral (INE) no tiene competencia para investigar presuntos vínculos de candidatos al Poder Judicial con el crimen organizado, aclaró este jueves el consejero electoral Martín Faz, en respuesta a declaraciones del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien exigió una depuración inmediata de aspirantes con “reputaciones manchadas”.
Faz precisó que el acuerdo que actualmente discute el INE está enfocado exclusivamente en revisar si los candidatos tienen órdenes de aprehensión vigentes, sentencias firmes por delitos como violencia familiar, violencia de género, delitos sexuales o si son deudores alimentarios, en apego al artículo 38 de la Constitución.
“El acuerdo del INE va en otro sentido distinto, no es en el sentido que señala el Presidente del Senado, porque ahí se está hablando de presuntos nexos con el crimen organizado”, enfatizó el consejero.
Fernández Noroña había adelantado que el Senado impugnará a cerca de 20 aspirantes a juzgadores que, asegura, están relacionados con actividades criminales o han sido defensores de narcotraficantes. También solicitó al INE actuar de forma inmediata, sin esperar al cierre del proceso electoral.
Ante ello, Faz fue contundente al señalar que si el Senado desea proceder legalmente contra algún perfil, deberá presentar pruebas concretas por su cuenta, ya que el INE no investiga vínculos delictivos sin resoluciones judiciales firmes. “Solo con señalamientos genéricos, difícilmente alguna autoridad responsable puede proceder”, subrayó.
El INE prevé entregar sus resultados sobre candidatos con impedimentos legales hasta el 30 de mayo, apenas un día antes de la jornada electoral. Según Faz, aún no está claro si los informes sobre ineligibilidad serán enviados al Senado o directamente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que tendría la última palabra para anular candidaturas o triunfos electorales.
El consejero también señaló que, debido a la falta de recursos, el INE solo investigará los casos que sean formalmente denunciados por ciudadanos u organizaciones civiles, y no realizará una revisión exhaustiva de todos los perfiles de manera proactiva.
Finalmente, Faz recordó que la evaluación de la idoneidad de los aspirantes al Poder Judicial debía haber sido realizada en su momento por los comités de evaluación designados, responsabilidad que —afirmó— no se cumplió de manera efectiva.
El debate en torno a la elegibilidad de los aspirantes al Poder Judicial se enmarca en un proceso inédito en México, en el que por primera vez los ciudadanos votarán directamente por jueces, magistrados y otros operadores del sistema judicial federal.