La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó retirar el comunicado firmado por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México y 17 gobernadores más en el que expresaron su respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador ante las campañas en su contra.
La Comisión argumentó que el comunicado de los gobernadores “se trata de una acción concertada y consentida por personas servidoras públicas para difundir, de forma expresa y preponderante, logros y acciones del gobierno federal y de quien lo encabeza, considerada como propaganda gubernamental prohibida en el marco del proceso de Revocación de Mandato en curso”.
Ante ello, acordó ordenar a las personas titulares del Poder Ejecutivo Local de la Ciudad de México, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, que, de inmediato y en un plazo que no podrá exceder de tres horas, realicen las acciones, trámites y gestiones necesarias para eliminar la publicación denunciada de sus redes sociales, así como de cualquier otra plataforma electrónica o impresa bajo su dominio, control o administración.
La Comisión sesionó de manera virtual para conocer el escrito de queja del Partido Acción Nacional (PAN) en contra de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y los 17 gobernadores, el cual solicitó medidas cautelares por la difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido, derivado de la emisión y publicación en redes sociales, desde el día 13 de febrero, del comunicado titulado GOBERNADORES Y GOBERNADORAS DE LA 4TA TRANSFORMACIÓN, en apoyo al Presidente en el contexto del actual proceso de Revocación de Mandato.
También el PAN solicitó se dictara tutela preventiva para que las personas servidoras públicas denunciadas se abstuvieran de realizar conductas similares en el futuro, la cual fue declarada improcedente.
Por otra parte, la Comisión de Quejas y Denuncias emitió un pronunciamiento dirigido a las personas servidoras públicas de todos los ámbitos y niveles de gobierno, “para que en todo tiempo, ajusten sus actos y conductas a los límites y parámetros constitucionales; por una parte, para respetar la prohibición de utilizar o aprovechar los canales o vías oficiales de comunicación para difundir propaganda gubernamental, debido a que ello escapa de los temas y aspectos que, por mandato constitucional, se permiten incluir en comunicaciones o mensajes oficiales durante el desarrollo del proceso de Revocación de Mandato y, por otra parte, la obligación a su cargo de conducirse con imparcialidad y neutralidad a fin de no influir en la opinión ciudadana”.
Para tal efecto, advirtió que estará en condiciones de dictar las medidas preventivas que correspondan, incluso oficiosamente, a fin de garantizar la vigencia de los principios constitucionales sobre los que se desarrolla el proceso de Revocación de Mandato, de manera particular, de vigilar a las personas servidoras públicas “quienes deben tener un especial deber de cuidado respecto de las expresiones que emiten, de manera individual o conjunta, que puedan derivar en una afectación a los principios de imparcialidad, neutralidad o disposiciones vinculadas con dicho proceso”.
El proyecto fue aprobado por unanimidad de votos de la Consejera Claudia Zavala y del Consejero Ciro Murayama, así como de la Consejera Adriana Favela, presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias.