Ciudad de México, 7 de julio.- La Procuraduría General de la República, PGR, de la administración pasada, -hoy Fiscalía General- y las empresas mexicanas, que despacharon despensas al gobierno venezolano; a través de los empresarios colombianos Álvaro Pulido y Alex Saab, detenido en Cabo Verde y acusado por Estados Unidos de ser testaferro de Nicolás Maduro; firmaron un Acuerdo Reparatorio Ilegal, que se concretó entre el 12 de octubre y 21 de noviembre de 2018, de acuerdo con información de la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF.
El acuerdo consistió en entregar al Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) la cantidad de 3 millones de dólares americanos, a pesar de existir una irregularidad de 156 millones de dólares, los cuales “serían destinados para mantener el mandato de la Acnur en América Latina y el Caribe” y en entregar mil 300 contenedores marítimos, que almacenaban alrededor de 2 millones de despensas.
La UIF, oficina dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, presentó cinco denuncias vinculadas a la red de despensas de Nicolás Maduro, ante la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Función Pública, y una fue precisamente por este acuerdo reparatorio.
La historia de este Acuerdo Reparatorio comenzó en junio de 2018, cuando la UIF denunció, ante la entonces PGR, encabezada por Alberto Elías Beltrán, a 14 empresas y personas físicas involucradas en la red de despensas CLAP, Comités Locales de Abastecimiento y Producción
El 18 de octubre de 2018, la PGR, en boca de Israel Lira, subprocurador especializado en investigación de delincuencia organizada (Seido), denunció que las exportaciones de comida a Venezuela se hacían mediante un “esquema fraudulento”, con “operaciones inusuales” y productos de “baja calidad” con “sobreprecios”.
Se presentó la denuncia con el folio: DEN-UIF-40-2018 y los 14 sujetos señalados fueron: Group Grand Limited, SA de CV, empresa vinculada a Álvaro Pulido y Alex Saab, recién detenido en el archipiélago africano; El Sardinero Es Servicio, SA de CV; Deshidratados Alimenticios e Industriales, SA de CV; Empresas Bonobox, SA de CV; Jaifar Comercial, SA de CV; Grupo Brandon, SA de CV; Rice & Beans Co, SA de CV; Productos Serel, SA de CV; 4 PL Industrial Sociedad por Acciones Simplificada; Asasi Food Free Zone Company; Group Grand Limited, Delmar Logística, SAPI de CV; Jaime García García y Raphael Jihad El Khoury Karam.
Cuatro meses después de esta denuncia interpuesta por la UIF ante la PGR, se llevó a cabo el congelamiento de cuentas relacionadas a estos 14 sujetos denunciados, en el mes de octubre.
Los señalamientos iban contra Group Grand Limited, la fantasmal sociedad registrada en Hong Kong tras la cual se escondían Saab y Pulido, la firma del mismo nombre que abrieron en México, manejada por familiares y operadores del tándem colombiano, así como la red de proveedores a los que compraron los alimentos desde 2016, año en que se oficializó en Venezuela, el programa de los CLAP.
Israel Lira, titular de la Seido, informó que se había acordado celebrar un “acuerdo reparatorio” con los involucrados.
“Los imputados harán entrega al Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) de la cantidad de 3 millones de dólares americanos, esto equivale aproximadamente a 56 millones de pesos”.
Para ese momento Excélsior y Armando.Info ya habían revelado la participación de Saab y Pulido en Group Grand Limited, mientras que la fiscal venezolana en el exilio, Luisa Ortega Díaz, había manifestado que dicha empresa “se presume es del presidente de la República, Nicolás Maduro”.
También se había documentado en un primer reportaje la mala calidad nutricional de los productos mexicanos incluidos en las cajas CLAP, especialmente en el caso de la leche en polvo.
“Sin embargo, sucedió un hecho insólito, los empresarios y personas físicas denunciadas, establecieron un acuerdo reparatorio con la Procuraduría General de la República que es ilegal, porque a pesar de existir una irregularidad de 156 millones de dólares, se les impuso una donación de sólo tres millones de dólares, y en lugar de que este dinero se depositara en una cuenta de la Tesorería de la Federación, TESOFE, como sucede en este tipo de casos, se fue a la ACNUR. Nosotros ya lo denunciamos esto ante la Secretaría de la Función Pública y ante la Fiscalía”, afirmó Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, en entrevista con Excélsior.
De acuerdo con información de la UIF y de empresarios mexicanos sancionados en octubre de 2018, fueron cuatro acuerdos reparatorios, en total, los que se establecieron.
LOS CUATRO ACUERDOS REPARATORIOS
El primer acuerdo reparatorio ocurrió el 12 de octubre de 2018. Los representantes de El Sardinero, Delmar Logística, Almacenes Vaca y Rice & Beans cancelaron cada uno 750 mil dólares para sumar los 3 millones de dólares que irían a la Acnur, anunciados por la Procuraduría General de México pocos días después. Además, se comprometieron a entregar a las autoridades 1.300 contenedores con alrededor de 2 millones de despensas CLAP.
Empresarios de El Sardinero entrevistados por Excélsior, aseguraron que ellos cumplieron con este acuerdo reparatorio, que pagaron su parte de la donación, que detuvieron su negocio con Venezuela y que le entregaron las despensas a las autoridades de la Cancillería mexicana de la administración pasada.
Personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores llegó directamente a decomisar los contenedores marítimos y no la PGR, dependencia con la que se firmó este acuerdo, lo cual a los empresarios sí les pareció extraño, pero no lo cuestionaron.
Santiago Nieto, el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera mexicana, destaca varios vicios en el acuerdo. “Primero, no se debió haber depositado a la Acnur estos tres millones de dólares, como sanción, sino a la Tesofe, como lo establece el Código de Procedimientos Penales, cuando existe un acuerdo reparatorio. Está por ley que debe de ser así. También es ilegal, que se haya acordado el decomiso de mil 300 contenedores, que después fueron enviados a Venezuela, cuando precisamente, una de las irregularidades había sido la adquisición de estos alimentos de baja calidad calórica”.
El 16 de octubre de 2018 la Procuraduría General de México acordó con representantes del grupo Kosmos, cuyos Productos Serel y La Cosmopolitana también se incluyeron en los CLAP, una multa de sólo 120 mil dólares que también debió abonarse a la Acnur.
Un tercer “acuerdo reparatorio” se selló el 26 de octubre de 2018. Fue con la empresa Almacenes Vaca, a la que le impusieron una multa de poco más de 14 millones de pesos, también destinados a la Acnur.
Un cuarto “acuerdo reparatorio” se firmó el 21 de noviembre de 2018. En este caso las autoridades pactaron con el representante de las compañías Jaifar Comercial, Delmar Logística y Empresas Bonobox, que en algún momento participaron en la logística desde México para los CLAP, una multa de 110 mil dólares.
En abril de 2018, apenas días antes de la celebración de la cuestionada elección presidencial de mayo, en la que Nicolás Maduro se aseguró la reelección, proveedores mexicanos se reunieron con el propio Álvaro Pulido en el lujoso Hotel Villa Magna de Madrid para apurar el negocio. Las sospechas contra Group Grand Limited obligaron a los empresarios colombianos a sustituir esa firma por Asasi Food FZC, la registrada en Emiratos Árabes Unidos y con la que obtuvieron en ese 2018 un contrato por 345 millones de euros, y Mulberry Proje Yatirim, una sociedad turca.
De abril de 2018 es también una carta en la que Group Grand Limited plantea a Corpovex, la estatal que firmó los contratos con los intermediarios de los CLAP, la “cesión de los derechos financieros correspondientes al contrato CPVX-CJ-CONT-0086-2017” en favor de la turca Mulberry Proje Yatirim. Dicho convenio ascendía a casi 426 millones de dólares y fue el segundo que obtuvo Group Grand Limited para los CLAP, tras uno inicial suscrito a finales de 2016 por 340 millones de dólares a través de la Gobernación del Táchira, cuando estaba encabezada por José Vielma Mora. (Fuente: Excélsior)