Una juez federal admitió a trámite la demanda de amparo de Javier Duarte, con la cual busca continuar enfrentando su proceso en libertad o en prisión domiciliaria.
El ex gobernador de Veracruz impugnó la resolución del juez de control Juan Carlos Ramírez Benítez, del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Preventivo Norte, quien rechazó modificar la medida cautelar de prisión preventiva ante la posibilidad de que vuelva a evadir la acción de la justicia.
La demanda de garantías fue admitida a trámite por la juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal, Sandra Leticia Robledo Magaña, quien deberá resolver si Javier Duarte debe continuar interno en el reclusorio Norte.
El 5 de enero, tras una audiencia de más de seis horas, el juez Ramírez Benítez negó la posibilidad al ex mandatario estatal de enfrentar su proceso en libertad o de permanecer en prisión domiciliaria.
En la audiencia, sus abogados dijeron que Javier Duarte había conseguido la ayuda de amigos y familiares para pagar un departamento con una renta mensual de 25 mil pesos.
Sin embargo, el juez indicó que esto sólo demostraba que Javier Duarte contaba con apoyos económicos que podrían facilitarle su fuga.
En los últimos días, el ex gobernador ha iniciado una serie de acciones legales con el propósito de recuperar su libertad lo más pronto posible.
Ayer, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal fue notificado por la magistrada Isabel Porras Odriozola, titular del Tercer Tribunal Unitario Penal en la Ciudad de México, que admitió a trámite la apelación de Javier Duarte, quien busca se cancele o reduzca su sentencia de nueve años de cárcel.
En septiembre de 2018, Javier Duarte fue sentenciado a nueve años de prisión tras declararse culpable de los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
También se decretó el decomiso de 40 propiedades, 20 de las cuales corresponden a parcelas en Campeche y 20 a inmuebles, entre departamentos de lujo en la Ciudad de México, tres de los cuales se encuentran en la zona exclusiva de Santa Fe y que tienen un valor cada uno de 45 millones de pesos, y hasta con seis cajones de estacionamiento cada uno.
Sin embargo, se concedió una suspensión que impide la incautación de los inmuebles.