Ciudad de México, 5 de agosto 2022.- La agrupación internacional Greenpeace México dio a conocer que este jueves un Juez admitió la ampliación de demanda de Amparo de Greenpeace México para el tramo 5 del Tren Maya y busca que se cumpla con el Acuerdo de Escazú, que entró en vigor en México en 2021 y que obliga a México a cumplir con el derecho a la información, a la participación y al acceso a la justicia en asuntos medioambientales en América Latina y el Caribe.
En un comunicado, Greenpeace México dio a conocer la admisión de la ampliación de la demanda que se dio el pasado viernes 29 de julio con el número de expediente 1216/2022, que de manera general, sostiene que la autorización en materia de impacto ambiental recaída a la manifestación de impacto ambiental modalidad regional (MIA-R) del proyecto Tren Maya tramo 5 sur resulta inconstitucional al menoscabar los derechos a la información y participación pública en asuntos ambientales, reconocidos en los artículos 6 y 7 del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (el Acuerdo de Escazú), a partir de los cuales se deben interpretar los Artículos cuarto, sexto y 35 de nuestra Constitución General.
Asimismo, precisa que la ampliación solicita al Juez que, al menos, se dicten una serie de medidas de reparación para salvaguardar los derechos humanos a través de diferentes puntos.
En ese sentido, el documento establece que se declare la inconstitucionalidad de las disposiciones normativas reclamadas: la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y su reglamento;
También pide que se ordene al Congreso de la Unión que adopte las medidas legislativas necesarias para adecuar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental (REIA) a los estándares establecidos en los artículos 6 y 7 del Acuerdo de Escazú, con respecto a los mecanismos de participación informada que se requieren dentro del procedimiento de evaluación de impacto ambiental;
De igual manera, establece que el presidente de la República ajuste el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental (REIA) a los estándares establecidos en los artículos 6 y 7 del Acuerdo de Escazú, con respecto a los mecanismos de participación informada que se requieren dentro del procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
Otra de las resoluciones tiene que ver con que se ordenen medidas de restauración o remediación de los ecosistemas comprometidos por la autorización en materia de impacto ambiental recaída a la manifestación de impacto ambiental modalidad regional del proyecto Tren Maya tramo 5.
“Es importante destacar que nuestro interés es proteger el medio ambiente y la salud de las personas. Desde Greenpeace México tenemos casi 30 años luchando por la salvaguarda del medio ambiente y de la biodiversidad, por lo que nuestra demanda de amparo busca que las leyes en la materia avancen de manera progresiva. El Acuerdo de Escazú fue un enorme avance para los países firmantes tras la lucha medioambiental de décadas. Y debe implementarse correctamente” declaró Viridiana Lázaro, campañista de Greenpeace.
“Este amparo, además de declarar la inconstitucionalidad de las obras del Tramo 5 del Tren Maya, busca que se reformen leyes y que se sienten precedentes para los proyectos del futuro. Las personas tenemos derecho a obtener información y a participar de ellas si éstas tienen impacto en nuestras vidas. Puede pensarse que el Tren Maya impactará sólo a la gente que vive en la Península de Yucatán, pero no es así: se impacta a toda una región. La crisis climática no conoce de fronteras” concluyó Luis Miguel Cano, asesor legal de Greenpeace México.
Sostuvo que esta ampliación de demanda, además, busca que el Acuerdo de Escazú se implemente correctamente en el país.
“Estamos ante la oportunidad de que, a un año de su entrada en vigor, podamos cambiar el marco legal y que ello se vea reflejado en una ampliación de derechos para las personas”, concluye el comunicado. (Infoqroo)