La defensa de los 16 ejidatarios de Holbox detenidos en una operación conjunta de la Procuraduría de Protección al Ambiente (Profepa) y la Marina, que propició quejas por abuso de autoridad y ostentación de fuerza, solicitó una ampliación del término constitucional para que el juez séptimo de Distrito determine el auto de formal prisión o de libertad a los isleños.
El Juez debía dar a conocer su resolución antes del mediodía de este martes, pero debido a que la declaración preparatoria de los detenidos se prolongó todo el fin de semana, la defensa decidió hacer la petición para evitar complicaciones y el juzgador tuviera más tiempo para valorar el expediente.
Con la solicitud de la defensa, ahora el juez tendrá hasta el viernes próximo para definir la situación legal de los detenidos, que por lo pronto están recluidos en la cárcel de Cancún.
Durante gran parte de la mañana de este martes la delegada de la Profepa, Ludivina Menchaca Arias, estuvo en las instalaciones del juzgado de Distrito. No faltó quien comentara que seguramente hizo acto de presencia para presionar “de lejitos” al juez.
Por lo pronto, el expediente que consignó la PGR al juzgado de Distrito contiene elementos que desmienten las aseveraciones de la Profepa en el sentido de que los detenidos cometieron un daño mayor contra vegetación de mangle y palma chit.
De acuerdo con El Universal, un biólogo, una perito en criminalística, ambos de la PGR, y un agente del Ministerio Público Federal realizaron un peritaje en el lugar de los hechos el 25 pasado y determinaron que el daño es a 573 metros cuadrados de palma chit, con escasas unidades de manglar.
La cifra, señala la información del diario capitalino, contrasta con los 7,770 metros cuadrados de manglar y palma chit que reportaron los inspectores de la Profepa en su acta de inspección.
Los detenidos son 13 jornaleros y tres topógrafos contratados por un vecino de la isla, Benigno Correa.
Según trascendió los detenidos rechazaron en su declaración ministerial las acusaciones de la Profepa y denunciaron que se montó un falso operativo para imputarlos.
Dijeron que la superficie que motivó la intervención de la dependencia ya estaba desmontada, por lo que el día de los hechos sólo se disponían a verificar mediciones y limpiar brechas.
“Fue una trampa para que tengan a quien culpar de las cosas que supuestamente están hechas”, dijo uno de los afectados.
Insistieron en que la vegetación dañada tendría entre una semana, 15 días o un mes de cortada.
Señalaron que el personal de la Profepa, como de la Marina y la Procuraduría General de la República han actuado de manera ilegal y que nunca exhibieron orden de revisión o de cateo, ni identificaciones.
“Están mal informados los que están diciendo que era nuestras casas”, precisaron.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo, Harley Sosa Guillén, dijo que ese organismo iniciara una investigación por el operativo de la Profepa y Marina.
Dijo que se buscará confirmar si se violentaron los derechos humanos de los detenidos.
Agregó que el organismo a su cargo intervendrá luego de que recibió reportes de la detención de las 16 personas. De hecho, dijo que ya se entrevistó con los familiares de los detenidos, quienes afirmaron que éstos que no cometieron delito alguno, además de que no hubo flagrancia de nada, ni mucho menos había orden de aprehensión.