Un juez federal determinó la inconstitucionalidad de la Ley de Austeridad Republicana y el candado de 10 años para que los altos mandos del gobierno no puedan trabajar en empresas privadas a las que regularon.
Abel Méndez, juez Segundo del Centro Auxiliar de la Primera Región, determinó que la austeridad republicana es una política de Estado que debe estar prevista en la Constitución y, a través de ella, habilitar al Congreso para legislar al respecto.
“El decreto reclamado no se encuentra debidamente fundado y motivado, habida cuenta que el Congreso de la Unión no cuenta con facultades expresas ni implícitas para legislar en materia de austeridad republicana”, dijo el juez.
Sobre el plazo de 10 años, previsto en el artículo 24 de la ley, dijo que era excesivo “porque las y los servidores públicos que ocupan cargos de mando superior difícilmente podrán emplearse fuera del sector público en una actividad distinta a la que usualmente desempeñan”.
Se prevé que el gobierno federal impugne la decisión para que sea la Suprema Corte quien decida en definitiva sobre la constitucionalidad de la norma, sobre la cual también hay una acción de inconstitucionalidad.
“La disposición reclamada es violatoria de los derechos a la libertad de trabajo, a un salario digno y a un plan de vida, habida cuenta que, de entre un conjunto de opciones viables, la legislatura optó por la medida más deletérea en perjuicio de los derechos de la parte quejosa”, dijo el juez.
“El concepto de violación es fundado y suficiente para conceder el amparo y protección de la justicia federal”, agregó al resolver el amparo 467/2021 promovido por un exalto funcionario del sector financiero al que le negaron un empleo.