Por Óscar González / Los juicios en materia familiar que de manera por demás penosa y difícil para los involucrados –que muchas veces incluyen a menores de edad– se llevaban a veces más de un año en concluirse, en Quintana Roo ahora pueden ser resueltos en tres meses gracias a la reforma al Código de Procedimientos Civiles de 2011, que instauró el modelo de la oralidad.
En el Distrito de Chetumal –ampliado a Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos– y desde hace unas semanas en Cozumel ya funcionan los juzgados familiares orales, que adicionalmente han logrado un elevado índice de soluciones conciliatorias evitando no sólo que las partes lleguen a juicio, sino también la enorme carga de asuntos para los jueces.
El lunes se llevó a cabo la primera audiencia oral en materia familiar en el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado presidida por los magistrados de número Fidel Villanueva Rivero, Norma Loría Marín, José Manuel Ávila Fernández, Mario Alberto Aguilar Laguardia, Juan García Escamilla, Gustavo Adolfo del Rosal Ricalde, y los supernumerarios Sandra Luz Morales Gutiérrez y Miguel Mario Angulo Flota, con la asistencia del secretario general de Acuerdos William Freddy de los Santos Canul.
Huelga decir que para el complejo proceso de instauración del nuevo sistema judicial penal –caracterizado igualmente por juicios orales– que la reforma constitucional judicial de 2008 indica que debe estar plenamente instaurado en todo el país en el año 2016 esta exitosa experiencia en materia familiar, que implicó un gran esfuerzo en términos de legislación, infraestructura y capacitación, es indicativa de que en Quintana Roo la transformación de la impartición de justicia se está llevando a cabo a fondo y va por muy buen camino, más allá de los indicadores técnicos del órgano implementador a nivel federal.
Basta con darse una vuelta por el que ya podría llamarse el distrito judicial de Chetumal –al norte de la ciudad, en la colonia arboledas– para darse cuenta del enorme esfuerzo que han hecho el gobierno de Roberto Borge Angulo, el congreso del estado y el Poder Judicial local: un moderno complejo de edificios alberga el Centro de Convivencia Asistida, los Juzgados Orales Familiares y la Escuela Judicial. Unas pocas calles más allá la impresionante obra de lo que serán los Juzgados Orales Penales de Chetumal se encuentra muy avanzada, por lo que se puede apreciar ya en etapa de acabados.
Además de los Juzgados Orales Familiares se cuenta con las Salas, que funcionan de forma unitaria, que conocen de los recursos derivados de los asuntos de su conocimiento. Así fue que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, en el espíritu de oralidad que estableció la reforma, conoció de un asunto de su competencia que provino de un asunto familiar oral.
Del comunicado del TSJE citamos al magistrado presidente Fidel Villanueva Rivero: “Entre las innovaciones que incluye este nuevo sistema de oralidad se encuentra el modelo de administración judicial, siempre guiado en el ánimo de dar mayor celeridad al conocimiento de los asuntos por parte de los juzgadores, de modo que la parte administrativa de los juzgados recaiga en la Administración Judicial, facilitando que los juzgadores se centren exclusivamente en la labor jurisdiccional”, puntualizó el Magistrado presidente del Poder Judicial, Fidel Villanueva Rivero.
Se está tomando, insistimos, muy en serio: más que como una obligación constitucional, como una oportunidad dorada para lograr que la administración de justicia pronta y expedita sea una realidad de la que gocen todos los quintanarroenses y en general las personas que aquí tengan que tratar asuntos judiciales.
LA DICHA INICUA…
Y precisamente en lo tocante al tema de la igualdad en el acceso a la justicia en nuestro estado el lunes surgió otra muy buena noticia.
Los integrantes de la Comisión de Justicia de la XIV Legislatura aprobaron el dictamen de la iniciativa de Ley de la Defensoría Pública de Quintana Roo, que consolidará la independencia del respectivo instituto y protegerá el principio del debido proceso y el derecho humano de acceso a la justicia, especialmente de los sectores sociales más vulnerables.
La diputada Berenice Polanco Córdova –glosamos el comunicado del Congreso– destacó que la iniciativa es innovadora, pues se ajusta a la reforma constitucional por la que se transforma el sistema penal, para preservar los derechos de toda persona imputada, quien en todo momento tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, el cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención.
El Instituto de Defensoría Pública del Estado contaría, según el dictamen, con independencia técnica, de gestión y operativa en el ejercicio de sus funciones, pero dependiente del Poder Judicial Estatal.
Se trata de que el Instituto cuente con los recursos humanos adecuados, así como con de una instancia propia de investigación y servicios periciales autónomos, como una planilla de Peritos, Plantilla de Investigadores, Personal de Apoyo Técnico y de Gestión y Trabajadores Sociales para asistirlos y colaboraren conjuntamente.
Resaltó además una nueva facultad conferida al Instituto de Defensoría Pública del Estado de Quintana Roo, que es la de brindar asesoría de carácter técnico-legal a los servidores públicos policiales, sujetos a procedimientos de responsabilidad administrativa ante los órganos disciplinarios de las instituciones de seguridad pública del estado.
Otra fortaleza de nuestro sistema de justicia que se da en el marco de la reforma judicial.
