CIUDAD DE MÉXICO, 6 de abril.- La compra por parte del Gobierno mexicano de 13 plantas a la energética española Iberdrola ha generado preocupación entre los especialistas consultados por la agencia EFE.
Según los expertos, esta adquisición supone un riesgo de subida de las tarifas eléctricas y no manda señales de certidumbre sobre el sector energético del país.
El acuerdo de venta anunciado por Iberdrola incluye infraestructura en territorio mexicano con un total de 8.534 MW, lo que representa el 20% de la demanda máxima pronosticada por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) de México y el 87% de las operaciones de la compañía en el país.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha calificado la operación como una “nueva nacionalización”, ya que las 12 plantas de ciclo combinado y una eólica de Iberdrola pasarían al “patrimonio público” y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Sin embargo, los especialistas consultados han mostrado su preocupación por esta compra, que está en línea con el objetivo del Gobierno de hacerse del control de los productores independientes de energía (PIE’s).
Además, consideran que la operación y regulación del mercado eléctrico en México se verá afectada al volverse la CFE la empresa mayoritaria del sector.
Otro de los puntos cuestionados por los expertos es si las plantas de generación seguirán funcionando con la misma eficiencia tras el cambio de propiedad, especialmente teniendo en cuenta que las centrales de ciclo combinado más caras del mercado, como las adquiridas por el Gobierno a través del fondo Mexico Infrastructure Partners (MIP), son las operadas por la CFE.
Por último, los especialistas han alertado de que esta adquisición plantea una serie de dudas sobre un sector cuestionado bajo consultas en el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) por la presión del Gobierno de López Obrador a las energéticas privadas, en particular extranjeras.
Gabriella Siller, académica del Tec de Monterrey, considera que los gobiernos no son eficientes en la operación de empresas, lo que aumentaría los costos y la vulnerabilidad de las finanzas públicas. Por su parte, Gonzalo Monroy, director de la consultora energética GMEC, coincide en que los costos podrían elevarse, pero destaca la posibilidad de que el Gobierno mexicano negocie un mejor precio de venta de la energía con el MIP, ya que ahora será el operador de estas 13 plantas.
En cuanto a la salida de Iberdrola de México, María Valencia, presidenta del Comité de Validación de Renewable E Index, destaca que la empresa seguirá operando en el país con cinco centrales de ciclo combinado, seis parques eólicos y tres fotovoltaicos. Según Valencia, Iberdrola solo se deshace de sus activos menos atractivos para invertir en energías renovables, lo que debería estar haciendo el Gobierno.
Aunque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se atribuye la medalla por la adquisición de estos activos, Juan Pardinas, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), aclara que no es del todo correcto, ya que el Estado mexicano no está adquiriendo esos activos directamente, sino a través de un fondo de gestión con recursos públicos y privados.
En cuanto al fondo que se utilizará para la adquisición de estas centrales, Gonzalo Monroy cuestiona la falta de información sobre si el Gobierno será inversionista directo o solo recibirá dividendos por parte del MIP.
La adquisición de estas 13 centrales eléctricas marca un paso importante en el plan del Gobierno mexicano de reforzar la soberanía energética del país.
