La FGR detalló que los delitos imputados por esta compra realizada en 2014, en el sexenio de Peña, son peculado, fraude equiparado, uso indebido de atribuciones y facultades, y asociación delictuosa; entre los acusados está Tomás Zerón, hoy prófugo en Israel por el Caso Ayotzinapa.
Ciudad de México, 15 de mayo (SinEmbargo).– La Fiscalía General de la República (FGR) informó este lunes que investiga a cuatro exfuncionarios del sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto por la contra contratación del software espía conocido como “Pegasus“, y al mismo tiempo descartó que la actual administración “no lo tiene”.
“La Fiscalía Especializada de Asuntos Internos (FEAI), de la FGR ha integrado una carpeta de investigación por la contratación y adquisición del sistema Pegasus, para la entonces Procuraduría General de la República, todo ello en el año de 2014”, indicó en un comunicado la dependencia.
La contratación, de acuerdo con la institución dirigida por Alejandro Gertz Manero, fue hecha por Tomás Zerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal; Judith Aracely “G”, exoficial mayor; Vidal “D”, extitular de la Policía Federal Ministerial; y Rigoberto “G”, exdirector de Información sobre Actividades Delictivas, del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia.
Zerón se encuentra prófugo en Israel, a donde huyó luego de ser acusado de construir a base de mentiras y tortura la llamada “Verdad Histórica” en el Caso Ayotzinapa.
“Los delitos imputados son peculado, fraude equiparado, uso indebido de atribuciones y facultades, y asociación delictuosa”, indicó la FGR sobre la compra de Pegasus.
De acuerdo con la Fiscalía, el monto de la operación fue de 460 millones de pesos “por un sistema que no lo tiene esta nueva administración”. Además, aclara que “nunca lo ha usado la Fiscalía General de la República y que fue adquirido ilícitamente”.
La FEAI ha solicitado en tres ocasiones la celebración de la audiencia inicial ante el Centro de Justicia Penal Federal de la Ciudad de México, y se está en espera de su respuesta, indicó la FGR, que por último aclaró que esta investigación “es independiente de la ya judicializada por la FGR, en razón de diversas intervenciones ilegales que Pegasus realizó en la administración pasada y de las que se cuenta con vinculaciones a proceso, de lo cual se ha informado oportunamente”.
En octubre pasado, la FGR había dado a conocer que ya había dos carpetas de investigación relacionadas con al sistema conocido como Pegasus, por la compra de dicho software computacional así como por realizar espionaje contra periodistas y defensores de derechos humanos con el mismo.
Por medio de un comunicado de prensa, la dependencia informó que hasta este momento las dos carpetas de investigación abiertas son por la adquisición del equipo de inteligencia por parte de la entonces PGR durante el sexenio de Peña Nieto. La segunda indagatoria es por un procedimiento por el delito de intervención ilegal de comunicaciones privadas en perjuicio de diversos periodistas y defensores de derechos humanos.
En el primer caso, la Fiscalía detalló que la anterior administración adquirió Pegasus por la cantidad de 456 millones 843 mil 149.00 pesos, “sin que existiera justificación para su celebración y evadiendo los procedimientos de licitación pública, así como el uso irregular de la partida de Gastos de Seguridad Pública y Nacional”.
La FGR agregó que el otro es un procedimiento por el delito de intervención ilegal de comunicaciones privadas en perjuicio de diversos periodistas y defensores de derechos humanos, aunque no precisó mayor información sobre esto.
Asimismo detalló que por este hecho, el pasado el 26 de agosto de 2021 se ejerció acción penal a través de la obtención de una orden de aprehensión en contra de Juan Carlos “N”, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de intervención ilegal de comunicaciones; “todo ello como coautor material de dicho hecho delictivo. En este caso se solicitó aplicación de la agravante prevista en Artículo 51 del Código Penal Federal, que establece que la pena se incrementará cuando el delito se comete en contra de la libertad de expresión”.