La infanta Cristina a su salida del funeral ortodoxo en la Iglesia de San Jerónimo el Real, en Madrid, por Kardam de Bulgaria, el pasado 8 de junio
El próximo 11 de enero la monarquía española vivirá uno más de sus bochornosos capítulos de su historia reciente. Ese día iniciará el juicio del caso Nóos, en el que la protagonista principal será la infanta Cristina de Borbón, acusada por el juez José Castro de supuesta cooperadora en dos delitos fiscales y por lo que el colectivo ultraderechista Manos Limpias solicita ocho años de cárcel para la hermana del Rey Felipe VI.
El otro protagonista que también disputará los focos informativos es el marido de la infanta, Iñaki Urdangarin, para quien la fiscalía pide 19 años de prisión por los presuntos delitos de desvío de fondos públicos, corrupción, fraude y blanqueo de capitales en actividades supuestamente irregulares desplegadas en torno al Instituto Nóos, que se saldaron con un presunto desvío de más de seis millones de euros públicos.
Se sentarán en el banquillo 16 acusados en lo que se prevé como el juicio más esperado de los últimos años en España. El Instituto Nóos fue creado por Urdangarin y su ex socio Diego Torres con la intención inicial de ser una institución sin ánimo de lucro.
Para la celebración del juicio, tras cinco años de investigaciones del juez Castro, la Audiencia Provincial de las Islas Baleares (sur del país) ha habilitado una sala en el Polígono Son Rossinyol de Palma ante el número de partes personadas y de medios de comunicación que prevén dar cobertura al evento que no solamente tendrá pendiente a España sino a varios países.
Además de los propios procesados, serán interpelados centenares de testigos, entre quienes se encuentran el ex vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, el ex presidente del Gobierno de Valencia Francisco Camps, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el vicesecretario de Estudios y Programas del gobernante y conservador Partido Popular (PP), Esteban González Pons, entre otros.
La Audiencia inadmitió “por imperativo legal”, de cara al juicio, la declaración del Rey Felipe VI, que había sido solicitada por Diego Torres. La defensa de éste propuso hasta un total de 696 testigos, entre ellos Felipe, con el objetivo de acreditar cómo la Casa Real estaba al corriente de las actividades desplegadas.
De hecho, en su escrito, el abogado de Torres aseveraba que a través de la entidad en la que Urdangarin y Torres eran socios “jamás se hizo nada sin antes haber informado” al secretario de las infantas, Carlos García-Revenga, “y a la Casa Real que él representaba y que lo autorizaba todo, pues en caso contrario nada se acometía”.
De este modo defendió el letrado que “siempre” se operó “con absoluta transparencia”, e incide en que “es imposible sostener” que, con esas premisas y “con el ejército de asesores” con los que cuenta la Casa Real, “que intervenían de manera activa y determinante”, pudieran Torres y su mujer, Ana María Tejeiro, “tener la más leve sospecha de que algo de anómalo pudiera estar llevándose a cabo”.
De acuerdo a fuentes judiciales, los interrogatorios estarán centrados principalmente en cómo operaban las empresas que conformaban el entramado de desvío de fondos públicos por el que Urdangarin y Torres se habrían apoderado de hasta 6,2 millones de euros de la Comunidad Valenciana, Baleares y Madrid. Respecto a una de esas mercantiles que integraban la trama, Aizoon -de la que son copropietarios la Infanta y Urdangarin-,
El tribunal ahondará en cómo se llevó a cabo la constitución de Aizoon, sociedad apéndice de Nóos, creada por Urdangarin y la infanta, cuál fue el papel que ejerció la infanta Cristina al frente de la empresa, presunta tapadera de la que se sirvió Urdangarin para desviar fondos públicos y defraudar hasta un total de 337.138 euros en las cuotas del IRPF (Impuesto sobre la renta de personas físicas) correspondientes a los años 2007 y 2008.
También serán juzgados, en relación con el papel del propio Instituto Nóos, Diego Torres, su mujer, Ana María Tejeiro, el ex contable Marco Antonio Tejeiro, el ex asesor jurídico Miguel Tejeiro, y el abogado que habría ayudado a urdir una red de evasión fiscal a nivel internacional, entre otros.
Manos Limpias es la única de las acusaciones que solicita, a nivel penal, la condena de la infanta Cristina, al reclamar para ella ocho años de cárcel como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales. El colectivo sostiene que el papel de la hermana del Rey Felipe fue imprescindible para que su marido pudiera defraudar a Hacienda.
Aunque las pesquisas dieron sus primeros pasos a principios de 2010, fue en noviembre de 2011 cuando estallaron definitivamente con el registro del Instituto Nóos y de varias de las sociedades a él vinculadas.
El hecho de que la hermana del Rey Felipe VI figurara como vocal en el Consejo de Administración del Instituto y como socia al 50 por ciento de Aizoon, comenzó a suscitar las sospechas de los investigadores en torno a hasta qué punto era conocedora de las actividades supuestamente irregulares de Urdangarin y Torres.
Despojada por Felipe VI de su título de Duquesa de Palma, Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarin viven un exilio obligado en Suiza. Él no tiene trabajo y ella colabora para una empresa española.
Aunque su nivel de vida no ha descendido, la familia cuenta con más de diez guardaespaldas pagados por el Gobierno y alquilan un departamento en la zona más exclusiva de Ginebra por el que, según la prensa española, paga unos 6 mil euros de renta al mes.
