CIUDAD DE MÉXICO, 21 de febrero.– Los gobiernos estatales de Guanajuato, Quintana Roo, Guerrero, Michoacán y Jalisco dedican menos del 10% de su presupuesto a equipar y fortalecer sus cuerpos de vigilancia y de procuración de justicia, a pesar de que la seguridad pública es el principal problema para la mayoría de la población.
Según una investigación de Milenio, estas entidades federativas incluso presentan reducciones en el porcentaje destinado a temas de seguridad pública para 2023, lo que deja una gran parte del trabajo al despliegue de fuerzas armadas y de la Guardia Nacional.
El especialista en tareas de seguridad David Saucedo indica que los estados que adolecen de problemas de violencia deberían destinar al menos el 10% de sus ingresos para hacer frente a los retos que representa enfrentar a grupos delictivos fuertemente armados.
“Son pocos los gobiernos estatales que tienen incrementos en sus partidas presupuestales para combatir la inseguridad o para la procuración de justicia, tendrían que estar cuando menos a 10 por ciento de su ingreso en estados que son azotados por la violencia y los más violentos no tienen este porcentaje de inversión en materia de justicia y seguridad pública”, señaló.
La única entidad federativa que destinará un amplio porcentaje de su presupuesto durante 2023 es la Ciudad de México, donde de cada 100 pesos disponibles en el presupuesto, 13.28 pesos serán dedicados para mejorar la seguridad pública y el desempeño de la Fiscalía estatal.
Además, en Michoacán, Jalisco y Guanajuato, los porcentajes han visto una reducción en los últimos tres años, a pesar de la alta presencia e influencia de grupos delictivos en esas zonas.
Asimismo, otros estados como Sinaloa, Veracruz, Coahuila, Colima y Nayarit también destacan por tener una baja inversión en seguridad pública.
La revisión hecha por MILENIO refleja que en 2021 Guanajuato, por ejemplo, destinó casi el 11 por ciento de sus recursos para hacer frente a los grupos del narcotráfico y huachicol; sin embargo, para 2022 la cifra se redujo hasta el 9.7 por ciento y para 2023 se prevé que se destinen el 9.33 por ciento de los ingresos estatales.
Otra entidad que ha visto una reducción de su gasto en seguridad con respecto a sus ingresos es Quintana Roo, donde los grupos delincuenciales tienen una lucha permanente por el control de las zonas turísticas de Cancún, Tulum y Playa del Carmen, donde los asesinatos se han incrementado casi en 41 por ciento en los últimos cuatro años.
David Saucedo señala que el hecho de que los gobiernos estatales destinen menos recursos a cuestiones de seguridad corresponde principalmente a que los gobernadores están más interesados en cumplir promesas de obra pública y que le dejan la tarea de la seguridad pública a los cuerpos militares y de la Guardia Nacional.