Con el llamado cambio, es decir, la instauración de un gobierno proveniente de una alianza de partidos opositores al PRI, muchos políticos que se subieron a la cresta de la ola levantada por el hoy gobernador Carlos Joaquín González y aprovecharon ese envión para ganar diputaciones que por sí solos jamás habrían ganado, han pretendido hacerse y vender una imagen que no corresponde con su historial.
Asumen que al formar parte “del cambio”, por obra y gracia divina se purificaron y hoy pretenden presumir una autoridad moral, un liderazgo social que nunca han tenido. Realmente solo buscan lo de siempre: lucrar con la política, sacar provecho personal con la falsa idea de que defienden los intereses ciudadanos.
Las hermanas Beristaín –la senadora Luz María y la diputada local Laura, al igual que su hermano Juan Carlos, síndico en Solidaridad-, integrantes de una de las familias que han acaparado las candidaturas perredistas en los últimos años son justamente de ese grupo de políticos que se creen tocados por la santidad del cambio.
Y con esa bandera pretenden poner contra la pared a dos administraciones municipales –las de Puerto Morelos y Solidaridad-, donde creen, sobre todo en el primero, pueden obtener los beneficios a los que están acostumbrados.
De la senadora Luz María se conocen sus ligas y financiamiento que recibió desde los gobiernos de Félix González Canto y Roberto Borge y la agresión que cometió contra la empleada de una aerolínea y de Laura Esther fue pública su entreguismo a la administración de Mauricio Góngora Escalante, en Solidaridad, donde fue regidora y aprobó todo, hasta el endeudamiento que hoy critica.
Desde su posición como diputada, Laura Esther pretende un golpeteo contra el Ayuntamiento de Puerto Morelos, que busca mejorar su recaudación con la actualización de las tablas catastrales de las zonas de alta plusvalía, que están muy por debajo de las de Solidaridad y Benito Juárez.
Laura Esther no solo le ha declarado, injustificadamente, la guerra a ese trabajo con el falso argumento de defender los intereses de la clase popular, que no será afectada con la mencionada actualización, sino que ha echado mano de recursos públicos, los del Congreso del Estado, para financiar un plan de desestabilización contra la administración de Laura Fernández Piña, falseando información, manipulando a gente incauta para propósitos muy personales.
Por su parte, su hermano Juan Carlos, desde la posición de síndico, tiene virtualmente secuestrada a la alcaldesa de Solidaridad, Cristina Torres, a quien le bloquea proyectos en una actitud claramente chantajista.
Las Beristain son del tipo de políticos, independientemente de su color, que deben ser desterrados de nuestro sistema democrático y sólo habrá un verdadero cambio, cuando ese tipo de personajes desaparezca del ámbito público.
Platea
El Congreso del estado, que sesionará a partir de las 11 horas de este jueves, aprobará el refinanciamiento de la deuda pública estatal por un monto superior a los $19,141 millones de pesos y también dará su aval para solicitar un crédito adicional por $478.54 millones para el pago de comisiones y otros conceptos que se derivan de la reestructura.
¿Será suficiente ello para poner orden en la casa y parar el constante endeudamiento? Ya lo veremos.
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