El lodo ha cubierto el proceso electoral quintanarroense.
La denostación, la infamia, el embuste barato enterró una tímida campaña de propuestas y la convirtieron en un “talk show” de ínfima calidad que sólo terminará por decepcionar aún más a la sociedad e inhibir la participación ciudadana.
Quizá sea ese el objetivo, ¿pero de quién o quiénes?
En los últimos días un polémico personaje polarizó la campaña política. Jamil Hindi, empresario, ex presidente de la Asociación de Pequeños Hoteles de la Riviera Maya, ex esposo de la actriz Betty Monroe, con quien tuvo prolífica vida social en Quintana Roo, es la fuente de las acusaciones de nexos con el narcotráfico que se hacen uno y otros.
Jamil Hindi y su ex esposa se tomaron fotos con la farándula política quintanarroense e, incluso, con el presidente Enrique Peña Nieto. La pareja era muy activa socialmente, hasta que al empresario lo vincularon con la mafia italiana que opera en la Riviera Maya y le congelaron sus cuentas bancarias en 2013, pero siguió en libertad, como hasta ahora.
Uno y otro bando ha usó esas fotos para denostar al adversario. Quien tomó la iniciativa primaria seguramente no alcanzó a ver el contexto y terminó embarrando a todos con una loca idea por la que seguramente no cobró poco.
La vinculación, con o sin razón, de Hindi con los políticos quintanarroenses pone de nuevo, por cuarta vez consecutiva, al narco en el centro de una elección en Quintana Roo y tira por la borda los esfuerzos realizados en los últimos años por limpiar a la entidad de una actividad que durante mucho tiempo ocasionó tal inseguridad que de Estados Unidos había recomendaciones continuas para no viajar a esta región de México.
El proceso electoral de 1999, en el que resultó electo Joaquín Hendricks Díaz, lo marcó por el narcotráfico. En pleno proceso sucesorio priista, el gobernador en funciones, Mario Villanueva Madrid, convertido hoy en factor electoral desde su reclusión en una cárcel de Estados Unidos, tuvo que rendir declaración ministerial adentro del Palacio de Gobierno tomado por militares.
En 2005, cuando fue electo Félix González Canto, también hubo un proceso electoral “judicializado” con acusaciones de todo tipo. A la postre, Juan Ignacio García Zalvidea, estuvo un tiempo en la cárcel por irregularidades en su gestión como presidente municipal de Benito Juárez.
En 2010, cuando Roberto Borge fue electo, Gregorio Sánchez Martínez, el candidato a gobernador del PRD y otros partidos políticos menores, fue detenido y procesado por diversos delitos relacionados con el narcotráfico y después de salir libre recurrentemente fue acusado por lo menos de “lavado” de dinero incluso en el extranjero.
Ahora todos se acusan de narcos y todos lo niegan, pero la duda está sembrada y deberá ser responsabilidad de la PGR, que recibió la denuncia de unos y otros, investigar y proceder en caso de que alguno de los señalados tenga, como se dice, vínculos efectivos con Hindi.
La sociedad no es tonta, conoce a unos y a otros. Hay que dejarla decidir por sí misma. La historia dice que cuando se le trata de manipular termina por rebelarse y una decisión tomada en la rebeldía no necesariamente es la mejor.
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