La creación de entidades alentadas por la ONU para combatir la corrupción avanza en latinoamérica.
Naciones Unidas anunció un programa piloto en este sentido financiado por Estados Unidos en El Salvador.
Esto, meses después de que el Gobierno del izquierdista Salvador Sánchez Cerén rechazó crear un ente investigador como el que tumbó al ex Presidente guatemalteco Otto Pérez Molina en 2015.
El proyecto, con un plazo de tres años por un monto desconocido, apoyará a las autoridades y sociedad civil.
No obstante, no contará con la capacidad investigativa de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), cuyo trabajo mano a mano con la Fiscalía local destapó el mayor escándalo de malversación en la historia del vecino país.
El plan fue consensuado por las autoridades salvadoreñas con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), informó Mónica Mendoza, coordinadora de la iniciativa.
“Esto no es una Cicig”, explicó Mendoza para tomar distancias del ente respaldado por la ONU en Guatemala que, liderado por el ex juez colombiano Iván Velásquez, se ha convertido en un polémico referente en la lucha anticorrupción en Centroamérica.
“Nosotros no vamos a investigar casos, pero vamos a trabajar con los organismos que investigan. Es darle las herramientas técnicas para que conozcan escenarios de corrupción y que ellos hagan su trabajo”, aseguró.
Estados Unidos intentó sin éxito el año pasado convencer a Sánchez Cerén para crear un ente como la Cicig, cuyo trabajo llevó a la dimisión y arresto de Pérez Molina, acusado de liderar una poderosa mafia aduanera junto con otros miembros de su gabinete.
No obstante, el Gobierno salvadoreño aceptó renovar y ampliar un ambicioso plan de transparencia contra la corrupción liderado por la USAID en el empobrecido país por 5 millones de dólares durante cinco años.
En Honduras, el Gobierno de Juan Orlando Hernández aceptó el año pasado una misión anticorrupción creada con la Organización de Estados Americanos (OEA) tras una oleada de protestas por fraudes que llegaron a salpicar al partido del mandatario.
El compromiso en el combate a la corrupción es uno de los requisitos de Washington para respaldar la Alianza para la Prosperidad, un ambicioso plan impulsado por Guatemala, Honduras y El Salvador para revitalizar una de las regiones más pobres y violentas del planeta que decenas de miles abandonan cada año para tratar de entrar ilegalmente a Estados Unidos.
Quiere Fujimori Procuraduría anticorrupción
La lucha contra la corrupción en Perú debe ser enfrentada con la creación de una Procuraduría General de la República, la cual debe contar con plena autonomía, propuso hoy la candidata presidencial Keiko Fujimori.
De acuerdo con Fujimori, la creación de esta entidad debe contemplar la subordinación de todas las procuradurías existentes y que no cuentan con plena autonomía administrativa, lo cual evita un trabajo efectivo.
La aspirante del partido opositor Fuerza Popular (FP) hizo este planteamiento durante el foro “Los candidatos presidenciales ante la corrupción”, el cual se desarrolla en Lima durante dos días para esclarecer los puntos más polémicos y las coincidencias entre todos los políticos sobre este tema, de cara a las próximas elecciones del 10 de abril.
La candidata presidencial, quien lidera las intenciones de voto con cerca del 35 por ciento de apoyo entre los ciudadanos peruanos, sostuvo que las procuradurías dependientes de las instituciones investigadas no contribuyen a la lucha contra la corrupción.
De manera paradójica, la candidata de FP carga sobre sus hombros el pasado historial de su padre el ex presidente Alberto Fujimori, quien cumple una sentencia a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad y actos de corrupción durante su gobierno (1990-2000).
En la campaña electoral, que precede a los comicios del 10 abril próximo, sus rivales y también candidatos a la presidencia de Perú han sacado a relucir que Keiko Fujimori ocupó el cargo de Primera Dama durante el Gobierno de su padre.
La magnitud de los actos de corrupción en este país, según un informe del Poder Judicial, se refleja en la cantidad de sentencias reportadas durante 2015 que llegó a 13 mil 307 funcionarios regionales, distritales, magistrados y diversos empleados públicos de todos los niveles del Estado.
Agencias