Durante el actual proceso electoral, en el que se elegirán a 12 gobernadores, incluyendo el de Quintana Roo, los partidos políticos, todos, incurrieron en la misma práctica que se volvió común especialmente en las últimas elecciones: imponer como candidatos a cónyuges, hijos, sobrinos, hermanos de quienes controlan esos institutos políticos o forman parte de la estructura que tiene controla el poder en las diversas regiones del país.
No importan las críticas o, incluso, la inconformidad de quienes son afectados con esas decisiones. Se aplica la ley de hierro de la oligarquía, los partidos políticos se han reducido a organismos que legitiman caprichos de quienes deciden de acuerdo con sus intereses. Esos institutos han dejado de representar a seguidores, a la población a través de mecanismos democráticos.
Y ocurre en todo el país. Sucedió en las elecciones que hubo el año pasado en el país, sucede ahora y seguirá ocurriendo mientras la inconformidad que ello causa al interior de los partidos políticos se manifiesta en una ingobernabilidad.
A través de los partidos políticos se impulsa una especie de monarquía “tropicalizada”, pues ya no importa la trayectoria, el trabajo de quienes decidieron incursionar en la política con la idea de ir escalando posiciones de acuerdo con sus capacidades y sus resultados.
Si la escalera social se rompió desde hace varios años, obstaculizando el ascenso de quienes con preparación económica buscan con esfuerzo el progreso económico y facilita el enriquecimiento fácil, la política está bloqueada por una cuasi realeza que privilegia con las posiciones a un reducido grupo que se va traspasando el poder entre sí atendiendo a criterios que tienen que ver con los apellidos y no con las capacidades… aunque, como en todo, hay algunas cuentas excepciones.
Ello ocurre en todos los partidos políticos. Allí está el caso, por ejemplo, de Alicia Ricalde Magaña, candidata del PAN-PRD a la presidencia municipal de Isla Mujeres, que impuso a su hija Atenea como su suplente.
Pero en el PRI, el partido que ha gobernado México durante más tiempo, en el viejo presidencialismo el jefe del Ejecutivo aprobaba nominaciones en función de representación política; hoy no, hoy los priistas se han confiado en su aparato electoral para seguir promoviendo candidatos ajenos a la sociedad.
La mayoría de las candidaturas en todos los partidos políticos se decidieron en función de intereses oligárquicos y no de demandas sociales. Por eso en Oaxaca, por ejemplo, el candidato del PRI en su propaganda quitó su apellido Murat por los negativos que convoca, pero al final gobernaría, de ganar, para los intereses del clan Murat.
En Tamaulipas, donde en el actual proceso electoral se registra en mayor medida la imposición de candidatos por su apellido y no trayectoria, ocurre lo mismo, pero Quintana Roo no se queda atrás.
A la pretendida “reelección conyugal” que se pretende en Cozumel, del que hablamos anteriormente, se suma la postulación de candidatos que forman parte de clanes que orbitan alrededor del poder político en los últimos años.
La reforma educativa canceló a los profesores la posibilidad de heredar su plaza a sus hijos, con el fin de que esos lugares sean para los mejores, según el discurso oficial.
La reforma política no canceló la herencia del poder, al contrario, se acentuó.
Allí están los casos del candidato a diputado por el Distrito XV, Luis Alamilla Villanueva, sobrino del ex gobernador Mario Villanueva; de Leslie Hendricks Rubio, hija del ex gobernador Joaquín Hendricks Díaz, que va por el VII o de Candelaria Ayuso Achach, hija de la ex alcaldesa Magali Achach Solís, en el II.
O casos extraños como los del ex senador priista Jorge Polanco Zapata, quien apoya a Carlos Joaquín González, candidato a gobernador por el PAN-PRD, pero su hija Berenice, diputada con licencia, forma parte de la planilla para el ayuntamiento de Benito Juárez, que encabeza Remberto Estrada Barba.
Allí está también gran parte de la planilla del Partido Encuentro Social para Benito Juárez que encabeza el ex alcalde Gregorio Sánchez Martínez, integrada por varios familiares y la de su esposa Niurka Sáliva Benítez, quien es candidata a diputada por ese mismo partido que preside a nivel estatal Carlos Mario Villanueva Tenorio, hijo de Villanueva Madrid.
Afirma el periodista Carlos Marín que las estructuras políticas estatales y municipales forman parte del sistema óseo de la república y son determinantes para una estrategia integral de seguridad interior como parte de la seguridad nacional. Al perderse esas correas de transmisión del poder, el país entrará en una desintegración política de la estructura presidencial y la balcanización volverá a mostrarse como el efecto inmediato de la desarticulación republicana.
Veremos hasta donde da la actual forma de administrar el poder, hasta dónde perviven las familias del poder.
Platea
José de la Peña, ex secretario del Ayuntamiento Benito Juárez y actual candidato de la alianza “Somos Quintana Roo” a diputado en el Distrito VIII, es uno de esos políticos que confirman la regla. Es un político que brilla con luz propia, que se abrió camino con base en su capacidad y que, como muy pocos, cuenta con una plataforma electoral bien estructurada, en la que la familia es uno de los ejes fundamentales. Si no la única, sin duda es una de las mejores cartas de las que echaron mano el PRI y partido Verde.
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