CHETUMAL, 26 de octubre.— La composición de la deuda del gobierno de Quintana Roo contratada a laargo plazo “está muy bien en comparación con las demás entidades federativas”, sostuvo el secretario de Finanzas y Planeación Eugenio Segura Vázquez al comparecer ante la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública de la XVII Legislatura.
Sin embargo, dijo que en los últimos cinco años los ingresos totales no aumentaron en términos reales, pues en 2017 éstos eran de 36,584 millones de pesos y para el 2022 está previsto ejercer $36,195 millones, es decir, $389 millones de pesos menos.
En contraste, en los últimos cinco años la inflamación acumulada supera el 33%,, es decir, un promedio de 6.6% anual y ello no se reflejó en un incremento en el presupuesto.
Segura Vázquez dijo que del total de ingresos, solo el 20% corresponden a ingresos propios, a pesar de que en términos reales, es decir, descontando la inflación tuvo un crecimiento anual promedio del 20.7% en los últimos cinco años.
También te puede interesar: “Ganó la mayoría, así es la democracia”, dice Guillermo Brahms, quien votó en contra de despenalizar el aborto
Asimismo, dijo que mientras las participaciones federales se han incrementado durante los últimos cinco años, la evolución en términos reales demuestra que en realidad éstas han disminuido desde 2018.
“Durante el periodo 2017- 2022 el Estado percibió $1,336 millones de pesos menos con respecto a lo aprobado inicialmente por la Federación”, enfatizó.
Indicó que esa falta de crecimiento real en los ingresos totales, más la crisis económica que detonó la pandemia del COVID19, el desplome de la ocupación hotelera al 25%, la caida del Producto Interno Bruto que en 2020 se contrajo $297 mil millones de pesos, los huracanes, tormentas tropicales y la canalización de importantes recursos para reforzar el sistema de salud para atender la crisis sanitaria, provocó complicaciones económicas.
“El hecho de enfrentar la mayor crisis sanitaria de los últimos años, tormentas tropicales y huracanes y que estemos tan ligados al turismo, hizo que el impacto económico fuera mucho mayor que en el resto del país y por ello nuestros ingresos se vieron severamente afectados”, subrayó.
Adicionalmente, los turidetas pasaron de 13 millones en 2013 y este año se estima recibir casi 27 millones de visitantes que generan presiones financieras, pues todas estas personas hacen uso de los bienes públicos y en muchas ocasiones demandan servicios que provee la entidad.
Dijo que la administración de Carlos Joaquín recibió una deuda a largo plazo de poco más de $19,680 millones de pesos y reconoció que la administración anterior realizó un esfuerzo por contenerla y por ello sólo un se incrementó 2%, para llegar a un saldo total de $20,067 millones de pesos actualmente.
Incluso, reconoció que esa deuda se renegoció en dos ocasiones, en 2017 y 2020, en condiciones favorables.
Todo ello, dijo, generó un déficit estructural de $8,815 millones que se cubrieron con algunas participaciones federales extraordinarias, recursos propios y financiamiento de corto plazo que, junto con la deuda a proveedores, asciende a $7,156 millones
“En promedio estamos de hecho muy bien en comparación a las demás entidades federativas”, subrayó.
Dijo que las condiciones productivas, económicas y financieras del estado han ido mejorando y que hoy las espectativas son mejores que antes de la pandemia y que el incremento de la recaudación permitirá ir pagando a los proveedores, especialmente a las pequeñas empresas locales.
Indicó que para enfrentar la situación se establecerán cuatro acciones desde la secretaría de Finanzas:
- Generar un ordenamiento del gasto que incremente el nivel de liquidez, lo cual ayudará a enfrentar los pasivos, pero también a prevenir que estos sigan aumentando en los siguientes años.
- Instrumentar los mecanismos y medidas que permitan el fortalecimiento de los ingresos, que se verá reflejado en el paquete fiscal 2023. Es necesario fortalecer la recaudación propia para generar mayor inversión pública en los siguientes años y responder de forma más eficiente y eficaz a las necesidades de los quintanarroenses.
- Llevar a cabo una estrategia de adelgazamiento institucional y uso eficiente del gasto público.
- Trabajar bajo el cabal cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera y todos los preceptos legales en la materia. Esta será una gestión de observancia al 100% de la legalidad.
“Podemos ser optimistas de que nos irá bien, siempre y cuando el PIB, la recaudación propia y las participaciones federales vayan al alza”, dijo el funcionario.
En cuanto al adelgazamiento institucional, precisó que se harán fusiones en las posiciones y puestos de primer nivel, sin afectar a la clase trabajadora.