Rodrigo Navarro
En Contexto
Las redes sociales, ¿contraloría social?
En 1932 en el pináculo de su fama fue secuestrado el bebé del piloto Charles Lindebergh el héroe nacional norteamericano que había cruzado en avión por primera vez el océano Atlántico. El asunto tuvo en vilo a la opinión pública durante dos meses, la sociedad estadounidense no habló de otra cosa hasta que el cadáver del bebé apareció.
Cuando aún no había dejado de ser tema recurrente en las pláticas cotidianas, el pintor y escultor Salvador Dalí inauguró su exposición en Nueva York con mucho éxito y fue invitado a una fiesta de disfraces con la alta sociedad en Manhattan. Dalí y Gala su esposa para escándalo de los invitados acudieron disfrazados del bebé Lindebergh y su secuestrador. En la biografía del genio catalán el incidente pasa como una broma de mal gusto, un incidente menor.
En noviembre de 2013 una exitosa ejecutiva de una firma de publicidad norteamericana Alicia Ann Lynch con 22 años de edad publicó en Twitter una fotografía suya en traje de jogging con pintura roja embadurnada en la cara y escurriéndole por las piernas con el título Víctima del Maratón de Boston.
Se refería al incidente donde dos adolescentes pusieron en la meta del famoso maratón una bomba y causaron tres muertos y 282 heridos. La reacción de las redes sociales fue inmediata. Una de las víctimas le escribió en su cuenta: “Deberías tener vergüenza, mi madre perdió las dos piernas y a mí casi me cuesta la vida”. Su jefe le comentó que fue tal la presión pública que se vio forzado a despedirla.
Ese mismo año en viaje rumbo a Sudáfrica otra ejecutiva de ventas de una firma internacional que tenía tan solo 170 seguidores en Twitter, Justine Sacco tuiteó desde el aeropuerto: “Voy a África, espero no coger SIDA. Es broma. Soy Blanca”. Durmió casi todo el vuelo y al aterrizar en Ciudad del Cabo una enardecida multitud le esperaba en el aeropuerto. Se hizo el hashtag #yaaterrizójustine? para convocar la reunión y fue recibida con abucheos e insultos.
Revisó su teléfono y encontró que su desafortunado comentario se había convertido en trending topic mundial en la red social. Tenía un diluvio de mensajes e insultos en su cuenta de Twitter, recibió la llamada de su jefe despidiéndola. En ese momento una persona le fotografió con cara atónita mirando su teléfono celular con unos lentes oscuros y pegó: ya aterrizó Justin y se disfraza con unas gafas oscuras. Su vida quedó hecha trizas y gracias a esa fotografía por mucho tiempo no podía salir ni a la calle. Un comentario racista e idiota le castigó en exceso.
Las redes sociales amplifican el poder devastador de la vergüenza y el escarnio público. Un desliz cualquiera en las redes sociales puede arruinar su vida querido lector. Si Dalí hubiera vivido en esta época hubiera que tenido que maniobrar ampliamente para evitar que su carrera se hundiera en el fango. Todo el tiempo los internautas castigan a los políticos y a las figuras públicas, ¿pero es correcto hacerlo con personas en su vida privada? ¿Se han vuelto las redes sociales una auditoría pública, una espada de Damocles?
También ha sucedido en materia ambiental. Gracias a reacciones en las redes sociales se ha podido detener proyectos depredadores en Cabo Pulmo, BCS y Dragón Mart en Q. Roo. Gracias a la difusión en redes sociales y medios impresos electrónicos de cartas de Jean Michel Cousteau y Rubén Arvizu de Ocean Futures Society, Presidente y Director para América Latina respectivamente, dirigidas respetuosamente al gobierno mexicano y al apoyo del Centro mexicano de Derecho Ambiental, CEMDA se ha puesto al escrutinio público, gestionado y detenido estos proyectos que afectarían al acuario del mundo en BCS y a la selva y al Sistema Arrecifal Mesoamericano en Quintana Roo. Son tan solo dos ejemplos pero hay muchos, Holbox por ejemplo.
En 2002 los politólogos argentinos Enrique Peruzzotti y Catalina Smulovitz acuñaron el término social accountability o contraloría social. Son las acciones pacíficas que llevan a cabo grupos de la sociedad civil para exponer, cuestionar y criticar abusos del poder, corrupción y violaciones a los derechos humanos por parte de los gobernantes y exigir rendición de cuentas y castigo para quienes violan la ley.
Son acciones que llevan a cabo think tanks (laboratorios de ideas), organismos no gubernamentales (ONGs), periodistas y movimientos sociales en los medios de comunicación sociales y electrónicos, en las calles y en las cortes. Son acciones que requieren de la existencia de libertad de movimiento, de expresión y de prensa, y sobre todo de un poder judicial autónomo. El ejercicio de la contraloría social es de vital importancia en países donde las elecciones no logran ser un mecanismo efectivo de rendición de cuentas y de representación efectiva.
El Doctor de origen mexicano Guillermo Trejo, profesor de ciencia política en la Universidad de Notre Dame e investigador de Estudios Internacionales en el Kellog Institute de la misma universidad escribió un ensayo que fue difundido por el periódico El País en donde pregunta ¿Por qué el gobierno reprime la auditoria social en México?.
Expone que el concepto de auditoria (o contraloría) social que acuñaron los autores argentinos en 2002 es uno de los conceptos más importantes de las ciencias sociales actualmente.
“México vivió en el segundo semestre de 2014 un periodo de contraloría social sin precedentes. Mediante importantísimas investigaciones periodísticas se develaron graves conflictos de interés que afectan al presidente Enrique Peña Nieto y su círculo cercano de colaboradores y se exhibieron graves violaciones de derechos humanos por parte de miembros de las fuerzas armadas en la guerra contra el narco. Mediante enormes movilizaciones sociales, la sociedad civil inundó las calles del país para exigir verdad y justicia en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en el sureño estado de Guerrero a manos de gobernantes aliados con el crimen organizado.
“Como suelen reaccionar los líderes autoritarios, los voceros del presidente Peña Nieto calificaron estas múltiples formas de movilización ciudadana como una conspiración en contra de las ambiciosas reformas económicas del presidente. Y hoy se aprestan a amedrentar a los actores y minar los derechos que hacen posible la contraloría social”, escribe el Dr. Trejo en su ensayo.
Y ofrece tres ejemplos: el despido de Carmen Aristegui que aunque se circunscribe en la decisión de una empresa privada de contratar o correr u empleado, ve la mano del gobierno en ello. Dice que aunque esto sea tan solo una especulación, el mensaje es claro y contundente: “inhibir una de las actividades primordiales de control ciudadano del poder político, el periodismo de investigación”.
El segundo ejemplo el anuncio sorpresivo del Archivo General de la Nación, que ya no estarán a disposición del público en general los archivos de la participación del gobierno y las fuerzas armadas durante la guerra sucia en los años 70´s y que fueron importantes para documentar el historial de esta como antecedente de las desapariciones de Ayotzinapa y sobre todo en el trabajo de la Comisión de la Verdad. “El mensaje es directo: inhibir el acceso al insumo más valioso para la contraloría social, la información”, escribe el Dr, Trejo.
El tercero, el sorpresivo nombramiento de Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte ignorando más de 50 mil firmas que se oponían (lea usted ¿País de idiotas? De Sergio Aguayo querido lector) por posible conflicto de intereses, ser juez y parte, ya que fue el encargado de la seguridad nacional durante la guerra al narco en el gobierno de Calderón. Un conflicto que ha dejado 88 mil muertos y 23 mil desaparecidos. “El mensaje es claro: el presidente no quiere que las cortes sean aliadas de los ciudadanos para castigar el abuso del poder ejecutivo” anota el politólogo. http://www.nssoaxaca.com/opinion/39-nacional/116876-ipais-de-idiotas–sergio-aguayo.
Por ello sería muy importante reflexionar seriamente si con nuestro voto queremos darle el control de las cámaras a un gobierno caracterizado por el autoritarismo, que inhibe la información, copta el poder judicial y ataca a quienes le critican cuando tiene un alto índice de no aprobación. ¿Es lícito coartar la libertad de las redes sociales en aras de un “orden social” o de una pretendida seguridad nacional más amenazada por la delincuencia que por la crítica social? ¿Será cierto lo que dijo el escritor Fernando Del paso que la inercia de México revela la falta de voluntad para cambiar? Salvo su mejor opinión querido lector.