Poco después de las 18 horas del 14 de marzo de 2013, cuando se festejaba el aniversario del Sindicato de Taxistas “Andrés Quintana Roo”, una ráfaga de plomo dejó mudos a los parroquianos del bar “La Sirenita” ubicado en la Región 233 y a los vecinos en sus alrededores.
Se trató de una múltiple ejecución, donde con una ráfaga de cuerno de chivo dieron muerte a siete personas; Manuel Antonio Carrascosa Ferrer, Juan Briceño Villagómez, Nazario Sánchez Flores, Domingo Pérez Aguilar, Olegario Manuel Contreras Gamas, Francisco de Asís Achah Castro y José Luis González Moo, esté último murió horas después en el hospital.
Por esas muertes, una semana después fue detenido Héctor Manuel Casique Fernández, quien quedó disposición del Juzgado 4º Penal. Un año después obtuvo su libertad gracias a un amparo, pero justo cuando abandonaba el penal de Chetumal fue reaprehendido, luego de que la extinta Procuraduría de Justicia obtuvo sin dilación del Juez Cuarto Penal esta nueva orden en contra de Cacique Fernández, bajo la causa penal 98/2014.
Esto fue lo que dijo en su momento el procurador Carlos Arturo Álvarez Escalera en conferencia de prensa.
“Nosotros ejercitamos nuevamente acción penal por la misma averiguación previa, pero con elementos nuevos en contra de esta persona, con imputaciones de los co-acusados en virtud de que no hay ninguna sentencia ejecutoria en su contra y por eso no se está juzgado dos veces por el mismo delito, porque no fue ni procesado, ni sentenciado, porque dejaron insubsistente dos pruebas y es cuando se ampara contra la formal prisión”.
Cronología de los hechos
Pero para ese entonces (2014) ya existía una denuncia por tortura de Casique Fernández en contra de 36 funcionarios de la PGJE y del Cereso. Más tarde la lista aumentaría a 43 presuntos torturadores, todos señalados por diversos delitos que cometieron en contra del detenido durante cuando estuvo preso en la cárcel de Cancún, donde fue golpeado y torturado para firmar una confesión, para luego ser trasladado al Cereso de Chetumal.
De hecho, este sería el primer caso en México en el que alguien se apega al manual de investigación y documentación efectiva sobre tortura, castigos y tratamientos crueles, inhumanos o degradantes, mejor conocido como el Protocolo de Estambul, creado por las Naciones Unidas y avalado por México, que es el primer conjunto de reglas para documentar la tortura y sus consecuencias.
De esta forma iniciaba una batalla legal entre la familia de Héctor Casique y las entonces autoridades de la hoy FGE.
Después de tres años y casi siete meses preso, en septiembre de 2016 un juez dictó auto de libertad a Héctor Cacique Fernández por falta de elementos en su contra y de esta forma quedaba absuelto de los cargos de homicidio y delincuencia organizada, entre otros.
Durante el proceso, la mamá del hoy liberado denunció que su hijo había sido torturado por más de 30 horas y mediante presión lo obligaron a declararse culpable, incluso se dice que en ese lapso perdió la visión de un ojo y la audición de un oído.
La señora acudió a instancias nacionales e internacionales a denunciar los atropellos y arbitrariedades que tenían a su hijo en la cárcel de Cancún, además de que estaba amenazado de muerte, incluso interpuso una denuncia por los malos tratos, durante su detención y posterior apresamiento, por lo que el Tribunal Superior de Justicia ordenó ejercer acción penal en contra de miembros de la otrora Procuraduría.
Los defensores de Cacique Fernández refirieron que la primera tortura a la que fue sometido ocurrió en las instalaciones de la Policía Judicial, cuando fue detenido por ultrajes a la autoridad y la segunda tortura, fue cuando fue reaprendido afuera del Cereso de Chetumal, tras obtener su libertad, por haber ganado un primer amparo contra su detención.
En su oportunidad, familiares de “El Diablo” denunciaron que fue aprehendido por órdenes del entonces director de la Policía Judicial, Arturo Olivares Mendiola, a quien Cacique Fernández le exigió que le regresara los 75 mil pesos que le pagó a cambio de una plaza en esa corporación, que nunca le dio.
Rechazan disculpas públicas, quieren ver caer a torturadores
El jueves, por recomendación de la Comisión de los Derechos Humanos de Quintana Roo (CDHQROO), la Fiscalía General del Estado (FGE) ofreció disculpas públicas a Héctor Manuel Casique Fernández y Maximiliano Ezequiel Millán González por los actos de tortura de que fueron víctimas durante el tiempo que estuvieron recluidos en la cárcel de Cancún.
A pesar de que todo indicaría que el Fiscal General, Miguel Ángel Pech Cen, acudiría al acto, no fue así y en su lugar, la vice fiscal Rosaura Villanueva Arzápalo ofreció las disculpas, pero jamás habló de la inocencia de los afectados, y cuando Héctor Casique y su madre tomaron el micrófono, le fue como en feria a las autoridades, al grado de decirles que si les faltaban “pantalones”, él tenía los suficientes para prestárselos; esto por la lentitud en la detención de los 43 elementos de la FGE que torturaron a Casique Fernández y a Maximiliano Millán.
La disculpa fue calificada de ridícula y hasta como una mentada de madre, según dijo textualmente, la madre de Héctor Casique, rechazando dichas disculpas, pues lo que están exigiendo cárcel para los 43 responsables, pues a cuatro años de los hechos, gozan de total impunidad, e incluso siguen laborando como si nada y es que como consecuencia de los golpes recibidos.
En septiembre de 2016, fue absuelto por un juez y la primera disculpa pública que le ofrecieron a Héctor Casique, fue en diciembre pasado, por parte de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública (SESP), por los agravios cometidos en su contra y esta fue la segunda.
