Morena y sus aliados avalaron la cobranza delegada, que en esencia legaliza el descuento de los créditos de nómina, antes de que los patrones paguen los salarios, y autorizaron a las sociedades financieras a cobrar más tasas de interés a los asalariados, al aplicar un factor de hasta 1.2 puntos que se multiplicará por el costo anual total (CAT) registrado ante la Condusef.
Al aplicarse ese factor, la tasa promedio actual de las sociedades financieras –de 72 por ciento según el PRI–, se incrementaría hasta 86.4 por ciento. El límite de endeudamiento de cada trabajador será el equivalente a 40 por ciento del salario.
Los dos bloques en que se divide la Cámara de Diputados se acusaron de defender el negocio de bancos y financieras. “¡Que los bancos dejen de mamarse de este país!”, expresó Carlos Puente (PVEM). La oposición, en tanto, reclamó que la medida beneficia a las financieras y constituye de facto un embargo al salario, como “en las tiendas de raya del Porfiriato”.
Morena sacó adelante la reforma a pesar de una rebelión interna y de la advertencia de sus propios legisladores de que la nueva figura de “cobranza delegada” será “una soga al cuello de los trabajadores”.
La cerrada votación reflejó el descontento en sus filas. La reforma se aprobó con 237 votos de Morena, PT y PVEM, este último impulsor del proyecto desde el sector vinculado al Grupo Salinas.
Nueve diputados de Morena votaron en contra: Susana Prieto, Irma Andarzola, Alfredo González Cruz, Sandra Luz Navarro, Inés Parra, Víctor Varela, Lidia García Anaya, Irán Santiago y Azael Santiago Chepi.
Otros 18 diputados de Morena, entre ellos Patricia Armendáriz, se abstuvieron y 10 más se ausentaron.
No obstante, panistas y priístas también jugaron a no contar con los votos suficientes para echar abajo la reforma, que regresó al Senado para su revisión.
Si bien PAN, PRI, PRD y MC sumaron 201 votos en contra, en las filas blanquiazules no votaron 18 legisladores, entre ellos Teresa Castell y Mariana Gómez del Campo, que nunca faltan a una sesión, además de 13 del PRI, contando a la vicepresidenta de la cámara, Marcela Guerra.
Mientras veía el tablero de votación, la diputada Ivonne Ortega Pacheco (MC) expresó: “con esos votos habríamos hecho la diferencia”.
Morena no alcanzó a sofocar el descontento. En la tribuna, Susana Prieto fustigó: “Esta reforma legitima intereses de banqueros y agiotistas y no beneficia a los trabajadores; sujetarlos al descuento es inaceptable. Respondo por mí y varios diputados de Morena, que no somos borregos y no estamos de acuerdo. Invito al Senado a batear esto, porque la clase trabajadora nos demandará esta irresponsabilidad que la pone al borde de la quiebra”.
Lilia Aguilar (PT) y Laura Imelda Pérez Segura (Morena) alertaron que en la reforma se incluyó una figura desaparecida de las leyes mexicanas desde 1932: la libranza, esto es, una orden de pago equivalente a una letra de cambio y que además será irrevocable, es decir, el trabajador no podrá salvarse de su cumplimiento.
Lidia García Anaya (Morena) expuso que la reforma sólo beneficia a las sociedades financieras. “No queramos tapar el sol con un solo dedo”, afirmó.