Por Julio César Silva Cetina
Durante décadas, los transportistas, especialmente los taxistas, han ejercido un control abusivo sobre la movilidad en diversas ciudades de Quintana Roo.
Su poder no solo radica en su número, sino en la impunidad con la que han operado. Han secuestrado las calles con bloqueos, agresiones y enfrentamientos que, una y otra vez, quedaban sin castigo. Pero su festín parece haber llegado a su fin.
La XVIII Legislatura del Congreso de Quintana Roo ha dado un paso decisivo al aprobar reformas al Código Penal y la Ley de Movilidad, cerrando la pinza sobre estos grupos que durante años fueron intocables por su peso electoral.
Durante mucho tiempo, las autoridades permitieron sus excesos porque representaban un bastión político, sin importar el daño que causaban a la ciudadanía, a los turistas y a la imagen del estado. Pero todo parece indicar que esa era de tolerancia ha terminado.
Las reformas impulsadas por la gobernadora Mara Lezama Espinosa establecen que los delitos de daños y lesiones cometidos en el servicio de transporte serán perseguidos de oficio. Esto significa que ya no será necesario que las víctimas, que suelen estar amenazadas o atemorizadas, interpongan una denuncia para que las autoridades actúen.
En los últimos años, el gremio de los taxistas en Quintana Roo ha sido señalado por sus vínculos con el crimen organizado. No es un secreto que varios de sus líderes en Cancún y Tulum hoy están sujetos a procesos penales por delitos graves, incluyendo asesinato y delincuencia organizada.
Muchos de estos grupos han dejado de ser simples prestadores de servicio para convertirse en verdaderas células delictivas con poder de intimidación y violencia.
En Cancún, los taxistas han protagonizado innumerables enfrentamientos con operadores de plataformas digitales, con agresiones que han escalado hasta la violencia física y daños a vehículos. Por años, se han sentido dueños del espacio público, bloqueando vialidades y sometiendo a la ciudadanía a sus reglas bajo la amenaza de represalias.
Estas reformas no solo endurecen las penas para los delitos cometidos en el ámbito del transporte, sino que establecen sanciones directas para quienes atenten contra la seguridad vial y la integridad de las personas.
Al Código Penal se le adicionó el Artículo 107 Bis, en el que se establece que los delitos de homicidio y lesiones en el transporte ahora conllevan penas aumentadas en un 50%, y si la víctima es un turista o menor de edad, la pena puede incrementarse hasta en dos terceras partes.
Además, se establecen de 2 a 6 años de cárcel a quienes cometan daños en el transporte público o privado y se endurecen las penas para quienes atenten contra las vías de comunicación y los medios de transporte, con sanciones de hasta 4 años de cárcel.
Esto podría terminar con los bloqueos a puntos de acceso neurálgicos, como la zona hotelero y el aeropuerto de Cancún.
Por otro lado, las modificaciones a la Ley de Movilidad permiten suspender o cancelar licencias, permisos y concesiones cuando los conductores cometan delitos en el ejercicio de su labor. Ya no quedará en la simple advertencia, que se volvió en el cuento del lobo.
Estas reformas envían un mensaje contundente: en Quintana Roo ya no habrá lugar para la impunidad en el servicio de transporte. Se acabaron los tiempos en los que los taxistas podían imponer su voluntad con violencia y descontrol.
Al menos en el papel el estado ha dado un paso firme para garantizar que quienes cometan delitos enfrenten las consecuencias sin privilegios ni excepciones.
No basta con tener los instrumentos legales para acabar con la impunidad. Para ello es necesario que quienes tengan la facultad de aplicar las nuevas disposiciones lo hagan conforme a la voluntad política expresada por Mara Lezama.
Las reglas han cambiado y, con ellas, se genera la la expectativa de que el transporte en Quintana Roo ya no será refugio de criminales.— 29 de enero de 2025.
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