Cancún, 30 de septiembre.- Cinco organismos defensores de los derechos humanos de las comunidades indígenas en la península de Yucatán signaron y enviaron una carta al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y al relator sobre Independencia Judicial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), denunciando graves irregularidades de los jueces de Distrito en la península de Yucatán, en relación con el Tren Maya.
La misiva, dirigida al ministro Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea, presidente del CJF, y al relator peruano Diego García-Sayán, acusa “diversos hechos y situaciones de suma preocupación que indicarían obstáculos serios al interior del Poder Judicial de la Federación para acceder a la justicia por vía del amparo. No se trata de hechos aislados, sino de una resistencia para atender y conocer distintas demandas
Se trata de al menos cinco solicitudes de amparo desechadas o en situaciones dilatorias que han sido presentadas por comunidades indígenas, organizaciones, colectivos y defensores de los derechos humanos que están padeciendo distintas afectaciones derivadas de la implementación del megaproyecto denominado “Tren Maya” en los estados de la península de Yucatán, Chiapas y Tabasco.
Los colectivos firmantes son la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch Xíinbal, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, la Red Anticapitalista Mx y el colectivo Tres Barrios de Campeche, organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos de las comunidades indígenas.
Acusan, además, afectaciones a su derecho de procuración de justicia e información completa, clara y fidedigna sobre el verdadero impacto que el paso del ferrocarril tendría en sus comunidades, pues aseguran, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) sólo da información a medias sobre el proyecto, al que se oponen numerosas comunidades de Yucatán, Campeche y Quintana Roo.
Durante la videoconferencia “Violaciones del Tren maya y la responsabilidad del Poder Judicial Federal”, organizada por la Asamblea Maya Múuch Xíinbal y el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, se señaló que “el presidente Andrés Manuel López Obrador, está enfocado en defender los intereses de grupos empresariales, dejando de lado los derechos de las comunidades mayas”.
También se advirtió el probable sometimiento del Poder Judicial “a los caprichos del Ejecutivo”, pues pese a la contingencia provocada por el coronavirus (covid-19) lideró el inicio de la construcción del Tren Maya el pasado 30 de abril, sin importar las medidas de aislamiento social ordenadas por la propia Secretaría de Salud federal.
“El inicio de obras se dio con posterioridad a un simulado proceso de consulta que fue cuestionado ampliamente y actualmente está impugnado en varios juicios de amparo, existiendo una suspensión dictada por el Juzgado Primero de Distrito de Campeche (expediente 12/2020) por no ser acto consumado, ya que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) ha expresado que las consultas continúan
“Son sin apego a estándares internacionales de consentimiento previo e informado; violentan el derecho a la libre determinación y los estándares internacionales de consulta, y el fundamental derecho a expresar la voluntad libre de error, dolo, engaño y violencia”, hechos condenados por organizaciones de la sociedad civil e incluso por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México.
Los quejosos han interpuesto cinco demandas en busca de igual número de amparos ante juzgados de Distrito de Yucatán, Campeche y Quintana Roo; dos presentados en abril, durante el confinamiento por la pandemia, reclamaban el derecho a la salud y el ambiente, ya que los decretos emitidos por el Gobierno Federal permitían la continuación del Tren Maya, pese a la contingencia sanitaria.