CIUDAD DE MÉXICO, 24 de julio.— Con la decisión del Consejo de Seguridad Nacional -que encabeza el presidente Andrés López Obrador- de declarar la construcción del tramo 5 sur del tren Maya como asunto de seguridad nacional, el gobierno federal entró en desacato a un mandato judicial, afirma el abogado constitucionalista Sergio Olvera Rangel en un extenso reportaje que publica en su edición de esta semana el reconocido semanario Proceso.
Como se sabe, un juez mantiene en suspensión las obras en ese tramo, mientras se desarrolla un juicio de amparo promovido por ambientalistas. Sin embargo, a pesar de esa suspensión judicial, la semana pasada se reuniciaron los trabajos sobre una amplia zona, que no solo se ha devastado, sino que se han descubierto importantes, únicos yacimientos arqueológicos.
“El desacato es incuestionable porque el presidente no puede unilateralmente, como parte en el juicio de amparo, realizar una interpretación que sólo le corresponde al juez de distrito”, sostiene el abogado en el mencionado reportaje que firman las reporteras Diana Lastiti y Dalila Escobar.
Olvera Rangel señala que con esa acción de desacato el gobierno de López Obrador
gana tiempo para ejecutar la obra, aun cuando más adelante pudieran determinarse sanciones en materia penal, no contra él, sino contra los funcionarios que ejecuten la construcción.
De acuerdo con la publicación de Proceso, desde 2021 el presidente Andrés Manuel López Obrador sabía que el Tren Maya representaba un potencial conflicto jurídico de gran envergadura por las afectaciones ambientales, impactos arqueológicos, uso de suelo y derechos de propiedad de la tierra.
Ordenó entonces a las dependencias implicadas en la obra agilizar los procesos “para facilitar la tramitología de los tramos ya designados de trabajo”, señaló el entonces director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, en entrevista telefónica con Pro-ceso, el 12 de julio de 2021.
Las dependencias que debieron apurar los permisos fueron las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; el Registro Agrario Nacional y el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
En ese momento la obra ya llevaba un retraso de cinco meses y para Jiménez Pons era un reto que en diciembre de 2023 el tren estuviera en funcionamiento.
Jiménez Pons fue relevado en junio pasado por Javier May en medio de la sucesión de amparos que han retrasado el megaproyecto presidencial. Ahora, con el tiempo encima, recurrió al expediente de la seguridad nacional con el propósito de acelerar la construcción del Tramo 5 Sur, pese a la suspensión judicial de ese ramal.
En noviembre de 2021 el presidente ya había dado visos de ampararse en la “seguridad nacional” para lograr como sea la construcción de sus obras. Publicó un decreto en el que se declaró “de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, entre otros; y aquellos que, por su objeto, características, naturale-za, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional”.
Ese decreto está impugnado desde diciembre de ese año en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y un grupo de senadores debido a las restricciones que impone a la información de las obras.
El máximo tribunal suspendió parcialmente el decreto para que no se reserve en automático la información, pero la resolución de fondo sigue pendiente, aunque avaló que las obras se adjudiquen de forma directa. Las impugnaciones están en la ponencia del ministro Juan Luis González Alcántara.
El desacato judicial es un tema que conoce bien el presidente López Obrador desde hace 14 años, cuando era jefe de Gobierno de la Ciudad de México y pasó por un procedimiento de desafuero por desacatar una orden judicial sobre el predio El Encino, en Santa Fe.
“El presidente sabe bien que incumplir suspensiones deriva en respon-sabilidades. Pero también, que puede haber impunidad”, advierte Olvera.
López Obrador podría lograr que el Tren Maya esté listo, como lo prometió, en diciembre de 2023, y que con la obra ya hecha se resuelva si incurrió en desacato.
“Aquí entramos al punto de qué tanta incidencia tenga en el Poder Judicial para que le echen la mano y se pueda atrasar más el tema’ agrega el abogado.
Otra opción para el gobierno federal es lograr que el tribunal colegiado resuelva a su favor y el Tren Maya avance libre de amparos.
Por su parte, el constitucionalista Elisur Arteaga apunta que la figura de la seguridad nacional es uno de los últimos recursos del gobierno para sacar adelante su obra.
Pero la seguridad nacional, explica, “no es un concepto abstracto que se pueda invocar a la ligera, sino cuando se considera que hay un perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público o cuando se incumplan órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y el auxilio de la población civil”, indica.
