En 2015, las autoridades de 30 entidades federativas gastaron 11,895 millones de pesos en publicidad oficial, una cantidad que —de acuerdo con una investigación de la organización civil Fundar— es tres veces mayor al monto ejercido por el programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
La agrupación detectó que los poderes ejecutivos estatales son los reyes del gasto en esta materia, pues concentran 70% del dinero erogado. Esto equivale a 8,055 millones de pesos, y detrás está el sector paraestatal, con 24%; los órganos autónomos ocupan el tercer puesto, con sólo 3%, y por último están los poderes judiciales y legislativos.
En 2015, el gasto del país en publicidad oficial ascendió a 22,102.9 millones de pesos, si se suman los 10,208 millones de pesos destinados a nivel federal, lo que incluye a los tres poderes de gobierno, a los órganos autónomos y al sector paraestatal.
Los 22,102.9 millones de pesos representan el doble de lo ejercido por el Programa Nacional de Becas, a cargo de la Secretaría de Educación Pública (SEP), y habrían podido beneficiar a 4 millones de estudiantes, según Fundar.
De acuerdo con Paulina Castaño, investigadora de la agrupación, se trata de gastos que no tienen impacto o beneficio para la sociedad, porque la publicidad oficial generalmente la usan los gobernadores para promocionar su imagen y sus logros; por lo tanto, son gastos “superfluos” que se podrían aprovechar para otras cuestiones.
“Es un gasto que se tiene que limitar, y más ahora que se baja el presupuesto a programas sociales y vemos que con la publicidad oficial no pasa nada, incluso sigue aumentado”, dijo en entrevista con Expansión.
El reporte de la organización alerta que, pese a que ha habido avances en transparencia e información abierta en este rubro, aún está pendiente que se apruebe una ley para regular el dinero ejercido en este campo. Desde 2012, el propio presidente Enrique Peña Nieto prometió impulsar una legislación de este tipo, tras reconocer que en México hay opacidad en el ejercicio del dinero empleado en esta materia.
“Se prometió crear una instancia que fiscalizara el gasto en publicidad oficial y, a la vez, que iba a hacer todo lo posible para regularla, pero es letra muerta. No ha pasado nada con la regulación”, dijo Castaño.
LOS QUE MÁS GASTAN
Los estados que más gastan en este rubro —sin contar a Guerrero y a Nuevo León, que no proporcionaron información— son Quintana Roo (1,149.6 mdp), Tamaulipas (1,033.8 mdp) e Hidalgo (706.3 mdp). Sin embargo, si se observa el porcentaje de variación entre el presupuesto ejercido y el que se había aprobado, Zacatecas, Michoacán e Hidalgo tuvieron un mayor incremento, al tener 687%, 647% y 616% más, respectivamente.
Baja California Sur es uno de los estados que gastó menos en publicidad oficial (75 mdp), pero sobreejerció 258.19% su presupuesto aprobado (54 mdp). Por su parte, la única entidad que gastó menos de su presupuesto asignado fue Tlaxcala, con 46 mdp, es decir, 2 millones menos que lo asignado (48 mdp).
Si se analiza el gasto per cápita, los ciudadanos de Quintana Roo son los que más destinan a publicidad oficial con 867.24 pesos, 72 veces más que el monto destinado por cada mexiquense, 12.03 pesos. Detrás del estado del Caribe mexicano se encuentran los habitantes de Campeche (523.5 pesos) y de Coahuila (362.3 pesos).
En el caso de los estados que más recursos sobreejercieron en 2015, destaca Michoacán, donde su gasto per cápita en publicidad oficial pasó de 19 a 147 pesos: 7.7 veces más.
La investigadora de Fundar señaló que en los casos de Nuevo León y Guerrero no lograron conseguir información sobre lo ejercido en este rubro, pero que esperan que la campaña que mantienen con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), difundida en redes sociales con el nombre #PublicidadAbierta, sirva para que todos los gobiernos transparenten sus gastos de manera desglosada.
“Viene la época electoral y seguramente va a haber derroche, mucho, mucho gasto”, comentó.
Al respecto, Fundar hace tres recomendaciones: mecanismos que transparenten y planifiquen el gasto para que se dé una efectiva rendición de cuentas; leyes locales o una ley general que regule la publicidad oficial para evitar sobreejercicios y mala distribución, y limitar el presupuesto que se destina a este rubro, pues no se justifica este gasto en un contexto económico complejo.
